Entre las cuestiones más polémicas en las acusaciones a menores de edad que participaron en las protestas del 11J estuvieron la utilización del delito el de sedición y las altísimas peticiones fiscales. En febrero se entregaron las primeras sentencias por este delito en Holguín. Entre los condenados había cinco menores. Cuatro tenían 17 años y, uno, 16. Todos fueron finalmente sentenciados a cinco años de limitación de libertad.
¿Fue benévolo el régimen? ¿Decidió actuar en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que firmó y ratificó? ¿Demuestran estas sentencias una voluntad política para cumplir las obligaciones adquiridas?
La respuesta a estas preguntas es un "no" rotundo, que se sostiene en las recomendaciones que, desde 2019, hizo la UNICEF al régimen y en cómo ha respondido este, no solo mediante el tratamiento a los manifestantes del 11J menores de edad, sino a través del anteproyecto del nuevo Código Penal, que pretende sea aprobado en abril.
Una de estas recomendaciones fue crear "un sistema especializado para los adolescentes que infringen la ley penal, que establezca sanciones claramente diferenciadas a las del régimen de adultos, limitadas a períodos breves y donde la privación de la libertad sea una medida excepcional y de último recurso".
Aunque los adolescentes mencionados al inicio de este artículo recibieron sentencias que no conllevan el internamiento, las peticiones fiscales que pesaban sobre ellos, de entre 15 y 18 años de privación de libertad, demuestran la ausencia del sistema recomendado por la UNICEF. Ni en la derogada Ley de Procedimiento ni en la recién aprobada Ley de Proceso Penal aparecen medidas cautelares alternativas a la reclusión para los menores. De hecho, varios de los manifestantes menores de 18 han esperado juicio en prisión provisional.
Aunque tanto el Código Penal vigente como el anteproyecto del que debe sustituirlo contienen reglas de adecuación que permiten reducir las condenas a los acusados de entre 16 y 18 años, esas reglas son facultativas, lo que significa que los tribunales deciden su aplicación a discreción, por lo que los menores dependen más de la suerte y de la buena voluntad de los jueces que de leyes que los protejan.
La UNICEF también recomendó al Estado cubano no permitir "la institucionalización para quienes no son responsables penalmente (menores de 16 años)" y señaló que "cualquier intervención que implique medidas coactivas u obligatorias debe reconocer garantías procesales básicas".
La reclusión de miles de niños cubanos en escuelas de conducta y centros de reeducación del Ministerio del Interior (MININT) va en contra de esta recomendación. La norma cubana que regula el tratamiento a menores de 16 años con problemas de conducta —el Decreto 64/82— es anterior a la Convención.
En noviembre de 2021 vimos que el régimen también usa estas escuelas y centros de reeducación para castigar el disenso político. El niño de 15 años, Reniel Rodríguez, fue internado en uno de esos centros por haber salido a manifestarse el 15 de noviembre y haber convocado a sus vecinos a participar.
La UNICEF además reiteró al Estado cubano la recomendación —realizada en 2011— de modificar la legislación para que los niños entre 16 y 18 años sean tratados como menores infractores y no como adultos, y adoptar las medidas necesarias para que los jueces y demás funcionarios del sistema de justicia que trabajan con niños reciban formación adecuada sobre la administración de justicia juvenil.
Sin embargo, en Cuba a los menores de edad se les considera delincuentes y no infractores de la ley, sujetos a tratamiento penal, y esto se mantiene en el anteproyecto del nuevo Código Penal.
Hasta la fecha no existen ni se prevé la creación de tribunales especiales para menores de edad ni que haya funcionarios con formación especial para trabajar con ellos. Los menores edad que participaron en las protestas del 11J entraron en los mismos procesos penales y fueron juzgados en las mismas salas y condiciones que los manifestantes adultos.
Tampoco existen centros penitenciarios especiales para el cumplimiento de las sanciones —que en opinión de la UNICEF deben ser aplicadas de manera excepcional—, por lo que los menores comparten las cárceles e incluso las celdas con personas adultas.
Dentro de estas cárceles, no hay tratamiento diferenciado para los menores. Varios manifestantes menores de edad denunciaron maltratos, desatención médica y castigos como la prohibición de comunicación con familiares y recibir visitas, mientras permanecían en prisión provisional como medida cautelar.
Todo esto demuestra que cualquier sentencia inferior a las desproporcionadas peticiones fiscales para menores de edad por manifestarse el 11J —lo que claramente iba en contra de las recomendaciones de la UNICEF— no responde a la magnanimidad del régimen ni a su voluntad de cumplir las obligaciones adquiridas al firmar y ratificar la Convención.
La avalancha de críticas y la demostrada insostenibilidad de las imputaciones de delito de sedición —que como delito político habría implicado llenar las cárceles de presos de esta naturaleza—, sobre todo en el caso de los menores de edad ha obligado al régimen a recular, aunque, desgraciadamente, no tanto como para hacer justicia y liberar a todos los manifestantes pacíficos que solo ejercieron un derecho reconocido en la Constitución y hasta ahora no regulado por ley.
La UNICEF, empujan al dictador títere y después le ponen un sofá detrás para que no se de un golpe. Todos estos comuñangas solo sirven pa’ recaudar dinero del Yuma y alimentar un aparato burocrático y de poco beneficio