Más de 30 madres y familiares de presos políticos encarcelados por manifestarse en Cuba durante la explosión social del pasado julio anunciaron el lunes la creación de la Asociación Madres y Familiares Por la Amnistía (AMFA) que busca conseguir la libertad de los condenados.
La agrupación indica en su documento fundacional: "No nos constituimos como una organización política, sino como una asociación cívica respetuosa de la ley. A pesar de la dureza y crueldad contra nuestros hijos, hijas y familiares, albergamos la esperanza de que el Gobierno recapacite y regrese al respeto de una Constitución concebida y aprobada bajo su autoridad".
El grupo subraya que sus allegados están presos "injustamente, muchos de ellos niños y jóvenes que no han cometido delito alguno, tan solo han ejercido sus derechos constitucionales, reconocidos y aprobados en 2019 en la Constitución que rige en nuestro país".
Asimismo, invocan el Artículo 56 del propio texto constitucional, que "reconoce los derechos de reunión, asociación y manifestación con fines lícitos y pacíficos. (...) Nada más legal y legítimo que la defensa en común de quienes concebimos, amamos y educamos".
Según el documento, firmado por 35 personas, los objetivos de la AMFA son "alcanzar la libertad de las y los presos por motivos políticos, de antes y después del 11 de julio, poniendo énfasis en los menores de edad encarcelados, que lo están en contra de la Convención del Niño y de la Niña de las Naciones Unidas y de las Reglas Mínimas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), firmadas y ratificadas por el Gobierno cubano. Pondremos énfasis también en quienes están presos o presas con problemas de salud".
También persiguen "trabajar junto a otras organizaciones de familiares de presos, sean locales o regionales, para promover iniciativas pacíficas que sensibilicen a la sociedad con nuestra causa y demanden la liberación de todas y todos los presos injustamente encarcelados".
Además señalan que buscarán "el apoyo de organizaciones cubanas e internacionales que se solidaricen con la causa de nuestros familiares injustamente en prisión", así como "participar en talleres y programas sobre temas legales y constitucionales" y "promover la ayuda y el apoyo entre todas las familias que tengan presos o presas en su seno y que estén injustamente encarcelados".
Durante y después del estallido social del 11J, el régimen detuvo a una cifra indeterminada de personas, que organizaciones independientes cifraron en miles.
Según la ONG Cuban Prisoners Defenders, al cierre de febrero contabilizaba en 1.007 los presos políticos en cárceles cubanas, la mayor cifra documentada en décadas, de ellos 869 vinculados con el 11J.
El régimen ha hostigado a muchos de los familiares de los presos que han denunciado la situación de sus allegados, e incluso ha detenido a algunos, como a la familia del villaclareño Andy García Lorenzo, a la habanera Bárbara Farrat y a Yudinela Castro, que estuvo presa en Villa Marista y la pasada semana fue hospitalizada. Castro atentó contra su vida después que su hijo de 18 años, Rowland Castilla Castro, fuera sentenciado a 18 años de cárcel.
