Tras el contundente testimonio del cubano Leonardo Romero Negrín, quien denunció numerosas agresiones cometidas por los agentes policiales y de la Seguridad del Estado cubana tras su detención el pasado domingo, en el marco de las protestas populares contra el Gobierno, DIARIO DE CUBA consultó con juristas cubanos las acciones que puede emprender el joven en busca de justicia.
De acuerdo con los juristas, el testimonio de Romero Negrín está "compuesto por detalles elocuentes, calzados con otros medios probatorios que no pueden ser tachados de invención" y "no presenta síntomas de estar viciado, alterado o motivado por algún afán de reconocimiento social a pesar de su juventud y el momento histórico que vive".
También el hecho de que el autor de la denuncia haya sido quien exhibió el cartel "Socialismo Sí, Represión No" el pasado 30 de abril en la calle Obispo, constituye una demostración de su postura y actitud moderada ante hechos y sucesos de repercusión política y social.
El joven estudiante universitario también señaló como pruebas de su testimonio a la cámara de videovigilancia del hotel Saratoga; la declaración de su alumno sobre las atrocidades que observaron el 11 de julio en La Habana contra manifestantes pacíficos; del médico civil que examinó sus lesiones en la estación policial de Dragones; del periodista estatal de Alma Mater, quien presenció parte de los golpes recibidos por Romero Negrín.
Además, el joven exhortó a las autoridades judiciales a tomar declaración a todas aquellas personas que estuvieron detenidas en la prisión de menores conocida como Ivanov, ubicada en el Cotorro.
Ante la denuncia, la Policía cubana podría ser investigada por cometer "delitos contra la vida e integridad física, moral, psicológica y dignidad de las personas" y "lesiones leves y graves", los cuales están recogidos en los artículos 272, 273 y 274 del Código Penal cubano.
Las fuerzas policiales cubanas también podrían ser acusadas por "delitos contra los derechos individuales y dignidad de las personas", así como "privación ilegal de libertad", al practicar arrestos individuales, masivos o selectivos, con o sin violencia, sin la existencia previa del requisito de delito y sin el cumplimiento de las formalidades de Ley, lo que recoge el artículo 279 del Código Penal.
Las autoridades judiciales cubanas podrían investigar a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) por el delito de "amenazas", al amedrentar a los detenidos mediante secuestros, violencia contra sus familiares, pérdida de empleo, procesamientos penales sin delitos y por divulgar secretos o conductas íntimas con empleo de armas y otros componentes que agravan la calificación penal practicada en forma de tortura, lo que está incluido en los artículos 284 y 285 del Código Penal.
Por otra parte, podría imputarse a los oficiales de la Policía el delito de "coacción" al obligarle al detenido, mediante violencia, realizar acciones que no deseaba en el momento de su arresto y por impedírsele, desde el inicio y durante el resto de la detención, que ejerciera derechos, defendieran a compañeros de celda golpeados, indagara por la identidad de los represores y denunciaran los abusos que constataban, de acuerdo con el artículo 286.1.2 del Código Penal cubano.
Romero Negrín también podría realizar una demanda contra las fuerzas policiales por "actos contra la libre emisión del pensamiento y contra los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición", al impedir el ejercicio de los derechos antes señalados y garantizado por la Constitución mediante el arresto ilegal, de acuerdo con los artículos 290.1.2 y 292.1, incisos b) y c) y apartado 2 del Código Penal.
Para realizar las denuncias, se recomienda que el joven agredido que se presente preferiblemente ante sedes de las fiscalías militares que existen en su territorio, aunque la Ley permite que se denuncie ante cualquier autoridad civil o militar.
Ciertamente en Cuba dichas instituciones, en lo individual, no son fiables en absoluto, pues sus cuadros y funcionarios o bien son leales al régimen o están sometidos por efectos del control y terror al mismo poder. Se sugiere entonces presentar denuncia en varias instituciones a la misma vez para enfrentar la censura e impunidad mediática e institucional.
Todos los casos deberían denunciarse para que quede evidencia documental de las violaciones señaladas y en su día sean juzgados y condenados los culpables.
También es correcta la petición realizada a la Asamblea Nacional del Poder Popular encaminada a crear y activar con carácter inclusivo y transparente una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
Los abogados consultados por Diario de Cuba no manejan bien ni siquiera el lenguaje jurídico elemental. Aparecen entre comillas, como si fueran términos legales, por ejemplo, "delitos contra los derechos individuales y dignidad de las personas", así como "privación ilegal de libertad", que no corresponden a los términos explícitos del Código Penal: Delitos contra los Derechos Individuales y Privación de Libertad. Igualmente usan demanda en vez de denuncia para referirse a delitos cometidos por policías. Y aconsejan presentar la(s) denuncia(s) ante... ¡las fiscalías militares!, en vez de ante la instancia mucho más segura: un tribunal, así como hacerlo en varias instituciones a la vez, es decir: propiciar que cada una se excuse de dar respuesta con que otra está encargándose y el pobre Leonardo tiene que dar la vuelta por todas para enterarse de cuál tramitará la denuncia.
Drones c... ,ese es el único lenguaje para conversar con satrapas y esbirros, si acaso un sacerdote para los últimos ritos de estos asesinos de uniforme.
Pregúntenle al abogado del diablo, el Sr Gualterio Díaz
Buena orientación. las Gracias a Diario de Cuba por su aporte metodológico