Tras casi nueve meses de aislamiento en una cárcel a más de 600 kilómetros de su residencia, la prisionera política Aymara Nieto Muñoz ha vuelto a un destacamento regular dentro de la prisión de mujeres de Manatí, en la provincia Las Tunas, pero ahora bajo la amenaza de que se añada una nueva causa a su actual condena.
Así lo contó Nieto Muñoz en una breve conversación telefónica que tuvo con su esposo, Ismael Boris Reñí, el pasado 9 de diciembre.
Nieto Muñoz, miembro de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), lleva dos años presa y cumple una condena de cuatro. Boris Reñí confirmó a DIARIO DE CUBA que "le quieren atribuir ahora un motín ocurrido en marzo en la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana, donde se encontraba antes de ser trasladada a la cárcel de Manatí. La acusan de convocar la revuelta".
Según Boris Reñí, también activista de la UNPACU, su esposa ha negado toda responsabilidad en esos hechos.
"Funcionarios de prisiones aseguraron a mi suegra, sin embargo, que en máquina no aparecía ninguna nueva causa. No sé cuál es la manipulación que se trae la Seguridad del Estado y la trama que quieren formar", dijo.
En opinión de Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, "se trata de una forma más de intimidación, de intentar dejar más tiempo tras las rejas a esta mujer".
"Con Aymara no puedo hablar hace mucho tiempo, porque la comunicación es muy limitada. Siempre tiene una guardia a su lado para impedir que hable con las Damas de Blanco u otros activistas de derechos humanos", dijo Soler a DIARIO DE CUBA.
"La única visita que pudo hacerle su esposo Ismael Boris fue el pasado mes de noviembre. Pudo entregarle una bolsa con alimentos y aseo a través de las autoridades, pero a ella solo pudo verla desde lejos, a una distancia de más de seis metros", denunció.
Soler lamentó que las condiciones a las que ha estado sometida Nieto Muñoz durante casi un año, mucho antes de ser trasladada, también han impedido el contacto con sus tres hijas, dos de ellas menores. El vínculo se ha limitado a unas muy restringidas llamadas telefónicas durante todo el encarcelamiento, agravado por la pandemia.
"Realmente con Aimara ha habido un ensañamiento", dijo Soler.
En tal sentido, citó la severa condena que le fue impuesta, el traslado a una provincia a más de 600 kilómetros de donde ella vive, meses sin visita familiar, el aislamiento en celda de castigo y la confiscación a activistas de varias bolsas de alimento y aseo destinadas a aliviar la situación de Nieto dentro de la prisión.
"No conforme con esto y el impedimento de comunicarse con la familia, el régimen ahora se inventa esta patraña de que pretende abrirle una nueva causa", denunció.
Ismael Boris Reñí recordó que las autoridades, después de seis meses, siguen sin responder a varias apelaciones presentadas en distintos canales oficiales para echar atrás el traslado de Nieto Muñoz a Las Tunas. Además, el opositor presentó en septiembre pasado una solicitud de libertad condicional atendiendo a que ya Nieto cumplió dos tercios de su sentencia.
Nieto Muñoz cumple desde 2018 la sanción de cuatro años que le impuso el régimen por los supuestos delitos de atentado, daño y desacato, después de ser arrestada en la calle de manera violenta. Fue incluida este año en un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas que pidió al régimen su liberación inmediata, junto a la de otros prisioneros políticos.
Esta mujer opositora, contra quien el régimen dirige hoy toda su violencia, fue quien grabó el momento de la detención del activista Zaqueo Báez y de su propio esposo, al intentar acercarse y entregar una carta al papa Francisco durante la visita de este a la Isla en 2015. Las imágenes recorrieron el mundo.
