La organización Human Rights Watch (HRW) publicó un comunicado en su página web condenando las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno cubano el 30 de junio cuando un grupo de personas intentaron protestar contra la violencia policial en diferentes ciudades del país.
"Detener arbitrariamente para impedir que la población proteste de forma pacífica es un ejemplo de las muchas medidas represivas que el régimen cubano está dispuesto a tomar para impedir que se manifiesten voces críticas al Gobierno", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
"Estas medidas forman parte de un patrón general según el cual las autoridades cubanas apelan a cualquier excusa, en este caso, la pandemia, para tratar al disenso como un crimen, en vez de garantizar que las protestas pacíficas puedan transcurrir de manera segura", añadió.
El 30 de junio, cuando ocurrieron los mencionados sucesos, fue uno de los últimos días de confinamiento en La Habana, donde tuvo lugar la mayor parte de las detenciones, pero en otras zonas del país, como Santiago de Cuba, donde no regía la cuarentena, también se produjeron detenciones, explicaron los autores del texto.
"El 29 de junio y la mañana del 30 policías cubanos ordenaron a personas que tenían previsto asistir a las protestas que no debían participar. En algunos casos, los agentes se presentaron en las viviendas de quienes pensaban manifestarse y les dijeron que debían quedarse allí", escribieron los autores del informe.
La organización también recogió en el texto que 11 personas sufrieron la suspensión del acceso a internet en sus teléfonos móviles, mientras otros vieron limitados los servicios de sus líneas telefónicas fijas.
La artista Tania Bruguera, una de las personas que brindó su testimonio a HRW, explicó que varios policías se presentaron en su vivienda en La Habana el 29 de junio y le advirtieron que no debía acudir a la protesta. Al salir de su casa la mañana siguiente fue detenida por agentes que la trasladaron hasta una estación de policía. No le indicaron por qué la detenían. Al ser llevada a un calabozo, escuchó a un agente decir "a esa no le hagas nada".
También los testimonios del científico cubano Oscar Casanella y del artivista Luis Manuel Otero Alcántara aparecen reflejados en el informe de la organización.
Acerca del servicio de internet, los autores del texto explicaron que "se encuentra sumamente limitado en Cuba. (…) es muy costoso y su precio es prohibitivo para muchos cubanos. Los servicios de telecomunicaciones son ofrecidos de forma exclusiva por la empresa ETECSA, de propiedad estatal, y se encuentran bajo el control del Gobierno cubano, el cual emplea sus facultades y su mandato legal para limitar la conectividad a internet de formas que son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos".
"Según el derecho internacional de los derechos humanos", explicaron los autores del texto, "los gobiernos están obligados a respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión y asociación, incluso durante manifestaciones pacíficas. Toda restricción a esos derechos, incluso en el contexto del Covid-19, debe ser necesaria y proporcional para lograr un objetivo legítimo, como la protección de la salud pública".
HRW, fundada en 1978, es una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo. Su personal está integrado por profesionistas en derechos humanos, incluidos expertos de los países en los que operan, abogados, periodistas y académicos de diversos orígenes y nacionalidades.
¡A Raúl lo que merece que le den es una buena patada por su culo roto! Pero para eso los carneros tendrán que aprender al menos a levantar una pata. ¡Y pump!
Pero así y todo con ese informe, a Raúl le dan un escaño en el consejo de DH, como se lo dieron a Maduro.