Leyendo un artículo del Diario de la Marina en el que contaba la ceremonia de inauguración del Hospital Municipal Clínico Quirúrgico Mercedes del Puerto (hoy Joaquín Albarrán), he pensado cuánto ha cambiado en las últimas décadas la participación de la sociedad cubana en aspectos importantes de desarrollo local. La lista de asistentes que recoge la nota del 16 de junio de 1957 es muy extensa. Incluye a personas e instituciones vinculadas a la sanidad pública y al Gobierno, pero también a numerosas hermandades, clubes y sociedades que, desde su heterogeneidad, ilustran la sociedad habanera del momento en pleno ejercicio de su potestad cívica.
Entre logias masónicas, sociedades juveniles, mercantiles, de transporte y trabajadores de los más diversos sectores, incluida la Asociación Nacional de Comités de Amas de Casa, estaban las asociaciones de propietarios y vecinos que, como he comentado en otras ocasiones, reclamaban y gestionaban con plena conciencia ciudadana acciones necesarias para el progreso urbano y el interés de la comunidad. En aquel acto participaron, específicamente, las de los repartos Porvenir, La Esperanza, Alturas de la Víbora, Asunción, Naranjito, Los Pinos, Miraflores, Rosario, La Mallorquina, Ampliaciones de Lawton, Sevillano, Santa Amalia, La Güinera, El Calvario y Reparto Eléctrico. Vecinos todos del sur de La Habana que celebraban el beneficio de contar con una institución hospitalaria moderna en sus inmediaciones.
La lista de concurrentes ofrece una imagen difícil de imaginar en el presente, donde buena parte de la sociedad se siente desconectada de la actividad gubernamental y manifiesta un profundo pesimismo respecto al futuro de la ciudad. Las causas podrían dar lugar a una enumeración tan extensa como la lista del periódico.
Lo verdaderamente relevante es que aquella ceremonia no fue un hecho aislado, donde la ciudadanía manifestó un interés activo por la transformación del espacio habitado y su progreso. La prensa de la época refleja varios focos de atención de una sociedad que participaba en la agenda pública, se interesaba por el conocimiento de la historia local y encontraba espacios para la discusión de asuntos comunes. Las asociaciones de vecinos, las sociedades de instrucción y recreo y otras organizaciones civiles constituían interlocutores reconocibles en la gestión de los intereses colectivos.
Hoy esas instituciones han desaparecido. Los mecanismos de diálogo y reclamación ante el Gobierno resultan poco efectivos, y la gestión de los asuntos locales se desarrolla con escasa participación autónoma. Esta desconexión debilita, además, el sentido de pertenencia, reduce la capacidad de exigir responsabilidades y deja a las comunidades con menos recursos para defender aquello que consideran valioso.
Sin embargo, no todo está perdido. Un caso reciente en Centro Habana ofrece un ejemplo excepcional de lo que todavía puede conseguirse cuando la preocupación ciudadana encuentra cauces para convertirse en presión pública.
La Iglesia Parroquial de San Judas Tadeo y San Nicolás de Bari (1848), en el barrio de Los Sitios, es un inmueble cuya importancia trasciende su función. Este edificio histórico, es uno de los principales exponentes de la arquitectura religiosa neoclásica habanera, definida por una planta uninave y la torre situada al centro de la fachada que, en este caso, tiene una composición de líneas puristas que con claridad asienta la estética del siglo XIX. Su construcción responde a un momento de expansión urbana de la capital, que conllevó la multiplicación de templos en los nuevos barrios periféricos. Contemporáneas suyas son las iglesias de Nuestra Señora de Monserrate (1836 -1843), en Galiano, también Centro Habana; la de Nuestra Señora del Carmen, en Línea entre 14 y 16, El Vedado; y la de San Salvador del Mundo (1850), en la calle Santo Tomás, Cerro.
Este año el templo de San Judas y San Nicolás sumó a su falta de mantenimiento y reparación, una crítica situación causada por la acumulación de basura junto a una fachada lateral. Las labores de limpieza del improvisado vertedero se hacían con maquinaria pesada de Servicios Comunales, que afectaron las aceras originales y agrietaron los muros por los daños causados en la cimentación del templo. La acumulación de desperdicios provocó además cinco incendios entre abril y septiembre. El último, ocurrido el 9 de septiembre, terminó destruyendo del todo la puerta lateral, que ya había sido afectada con anterioridad, al igual que la puerta principal.
El siniestro, que debieron apagar los vecinos por falta de respuesta de los bomberos, fue denunciado en redes sociales por el padre escolapio Ernesto Cuba, y tuvo eco en medios independientes y perfiles privados. La indignación generada en la comunidad, obligó al Gobierno municipal a realizar una intervención de emergencia antes del 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, cuando la iglesia recibe una importante peregrinación por este santo patrono de las causas imposibles.
Obrado el milagro, destacan en este caso los canales empleados en la denuncia ciudadana y la respuesta inusualmente rápida del Estado, pero en especial, la forma en que se implementó la obra: con fondos de emergencia del Gobierno municipal, la contratación de una empresa privada (la mipyme El Lugar) para la ejecución y la participación de la comunidad de Padres Escolapios y feligreses, que mantuvieron la interlocución con las autoridades. Además, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural asumió la supervisión técnica y normativa, velando por la recuperación de la carpintería original y el empleo de soluciones compatibles con los valores históricos del inmueble.
La primera etapa permitió restaurar el exterior de la iglesia, eliminar el vertedero y construir una nueva acera para proteger los cimientos. Quedan trabajos pendientes, todo el interior del templo, pero el resultado parcial demuestra que, incluso en las difíciles condiciones actuales, es posible articular recursos públicos, capacidades privadas y compromiso comunitario para atender un bien patrimonial colectivo.
Esta rehabilitación fue consecuencia de una situación extrema y de una presión ciudadana que logró romper la inercia institucional. Evidenció que no hizo falta una enorme inversión ni una estructura extraordinaria de gestión, sino voluntad de reclamar, capacidad de respuesta y una distribución funcional de responsabilidades; y que existen mecanismos de interlocución y cooperación capaces de producir resultados.
No hay necesidad de que los bienes patrimoniales cubanos lleguen a ese nivel de riesgo para que el Estado asuma la responsabilidad que tiene sobre ellos. Pero tampoco debería ser excepcional que los vecinos puedan exigir y participar en la solución de los problemas de su entorno. Recuperar esa capacidad de intervenir en el destino de la ciudad sería también una forma de reconstrucción patrimonial y cívica.
