En un artículo anterior comentaba la importancia de aprovechar la experiencia y capacidad adquirida en Cuba por profesionales e instituciones que han sido eficientes en la gestión urbana, para garantizar y extender la planificación territorial de manera sostenible y aplicada a los marcos teóricos más actualizados.
El trabajo de esos profesionales e instituciones ha demostrado la asimilación de instrumentos para desarrollar un urbanismo ecosistémico, mecanismos de movilidad sostenible, sistemas de información territorial, economías creativas, etc. El problema ha sido, con frecuencia, la falta de condiciones políticas, legales y financieras para implementar y mantener sus iniciativas.
Junto a ellos, la sociedad debería formar parte esencial de la gestión urbana, como beneficiario pero también como impulsor de cambios, decisor y salvaguardia del patrimonio heredado que transmitirá a las generaciones futuras.
Durante décadas, la gestión ha quedado atrapada entre la centralización burocrática, la escasez material y la urgencia permanente. Entre otras cosas, esto ha derivado en una ciudadanía acostumbrada a percibir el espacio urbano como algo ajeno: un escenario donde sobrevive, pero sobre el que rara vez puede deliberar. Sin embargo, esta relación puede y debe revertirse. Se trata de horizontalizar la planificación, involucrando a la ciudadanía como actor dinámico para lograr una cogestión urbana real y vinculante.
Para ello, debe reforzarse el sentido de pertenencia y de corresponsabilidad, y articular de manera extensiva herramientas de consulta ciudadana, eliminando las dinámicas administrativas centralizadas que hasta hoy han restringido el alcance de la planificación. Una cogestión real del entorno urbano podría lograrse si las decisiones se toman de manera concertada entre la población, la administración local y los equipos técnicos. Resulta fundamental que cada uno se identifique como parte activa del proceso, tenga una tarea específica dentro del plan común, e influya en el curso de los acontecimientos y en la asignación de los recursos.
Existen experiencias positivas implementadas por el Grupo de Desarrollo Integral de la Capital en los años 90, y por el Plan Maestro de La Habana Vieja en los 2000. En Centro Habana, la implementación de un sistema participativo respaldado por mapas comunitarios y diagnósticos de riesgo autogestionados, permitió estructurar planes de emergencia vecinal frente a derrumbes. En proyectos de rehabilitación integral como los de San Isidro y el barrio costero El Palmar, la voz de la comunidad se tradujo en la construcción de viviendas de tránsito para evitar el desplazamiento de familias, la instalación de alumbrado público y la creación de infraestructura social clave como centros de atención geriátrica y escuelas de oficios, demostrando un impacto directo en la dignificación del hábitat cotidiano.
Todo ello permitió una vinculación directa entre los problemas físico-espaciales, la realidad sociocultural del territorio y las expectativas vecinales. Para alcanzar este propósito resulta necesario que la población comprenda cómo se planifica el barrio, cómo se regulan las intervenciones sobre el patrimonio, cómo se define el uso del suelo, qué mecanismos existen para decidir sobre él, etc.
Crecer en cultura urbana implica entrenar la mirada y entender que la ciudad no es un conjunto de edificaciones e infraestructuras, es también una forma de convivencia. Por lo que sería deseable formar una conciencia colectiva sobre el valor del espacio público, del patrimonio, del paisaje y la memoria. Aspectos que deberían tener mayor espacio en el sistema educativo y en los medios de comunicación.
Cuba necesita profundizar en su capacitación ciudadana. Aunque la dirección de los urbanistas es imprescindible, requiere ciudadanos capaces de comprender que la ciudad histórica permanece si no hay demoliciones, pero también al conservar usos compatibles, diversidad social y permanencia residencial. Necesita ciudadanos que apuesten por preservar la identidad local, que reconozcan que el espacio público no es un sobrante, que el peatón debe seguir siendo prioritario y que la rehabilitación no puede expulsar a la población hacia periferias desconectadas.
Las ciudades más eficientes se han construido desde la participación consciente de quienes las habitan. Esta es una perspectiva que rige la Guía para la Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano Integral Sostenible, documento metodológico asociado al Plan Especial de Desarrollo Integral (PEDI) del Centro Histórico de La Habana Vieja. En él se insiste en que el desarrollo urbano debe construirse desde "procesos participativos" multidimensionales, multiactorales y multiescalares.
La formulación parece técnica, pero sus implicaciones son profundamente políticas y culturales. Multidimensional significa comprender que además de la infraestructura en la ciudad intervienen la cultura, la economía, el medioambiente, la gobernabilidad y la justicia social. Multiactoral implica reconocer que la ciudad no pertenece exclusivamente al Estado ni al mercado, también pertenece a los ciudadanos, los técnicos, la academia, los pequeños actores económicos y las comunidades. Y multiescalar supone articular los niveles municipal, provincial y nacional, evitando que la ciudad quede atrapada entre decisiones fragmentadas y burocracias superpuestas.
Esta guía metodológica publicada en 2019, que pudiera tomarse como referencia, insiste en que la participación y la corresponsabilidad ciudadana constituyen atributos estratégicos de la sostenibilidad social, no como formalidad administrativa, sino como parte estructural del proceso de planificación. Reconoce, además, que el potencial de la ciudadanía organizada en procesos de autogestión, rehabilitación y cogestión urbana sigue siendo "una fuerza no suficientemente valorada".
La Habana necesita habitantes que comprendan por qué preservar un tejido urbano compacto importa más que abrir grandes avenidas, por qué mantener usos mixtos y vida residencial evita la museificación, y por qué esta última destruye el hábitat. Pese a su deterioro extremo, la capital cubana aún conserva atributos extraordinarios que otras ciudades del mundo destruyeron durante el siglo XX bajo paradigmas hoy muy cuestionados. Su lógica urbana se mantiene más próxima a la "ciudad racional" defendida por numerosos urbanistas: compacidad urbana caminable, diversidad y mezcla de funciones, continuidad espacial, vida de barrio y centralidades múltiples.
Es cierto que nuestras ciudades requieren muchísima inversión, pero bajo qué reglas y con qué objetivos. Ante el riesgo de aceptar cualquier modelo de desarrollo, resulta esencial la existencia de instituciones capaces de regular, controlar y planificar, y de una ciudadanía celosa y exigente en la valoración y aprobación de los proyectos.
Hay un gran reto en generar prosperidad sin destruir la complejidad social que ha hecho valiosa la ciudad y el paisaje cultural que le ha identificado. Es imprescindible para ello potenciar la base profesional que en el país ha sido capaz de desarrollar herramientas conceptuales alineadas con los debates internacionales contemporáneos, y dotarla de la capacidad para ejercerlas plenamente. Pero también debe integrarse a la ciudadanía en estos procesos, como un derecho cívico y como un compromiso con las generaciones futuras.
