El régimen cubano fue reelecto para integrar el Consejo de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado de las Naciones Unidas. El ministro de Relaciones Exteriores (MINREX), Bruno Rodríguez Parrilla, destacó en su cuenta de X que la elección "refrenda el compromiso de nuestro país de continuar defendiendo el acceso universal". Sin embargo, la realidad demuestra qué significa para los cubanos que La Habana integre el consejo del organismo desde 1989.
Sin acceso universal, con único proveedor legal de internet y pagando la deuda de ETECSA
La elección se produjo en el marco de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, que se desarrolla en Doha, Qatar, del 9 al 27 de noviembre. Casi un año y medio antes, el 30 de mayo de 2025, el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, ETECSA, implementó un encarecimiento escandaloso del acceso a internet y restringió los gigabytes que se pueden adquirir al mes por un precio moderado en moneda nacional.
El régimen justificó la subida astronómica de los precios —que contradice el supuesto compromiso con defender el acceso universal a internet— con la deuda acumulada por ETECSA y su pérdida del 60% de sus ingresos en divisas, que provienen de las recargas internacionales que hacen los emigrados a sus familiares en la Isla. O sea, las autoridades colocaron la deuda sobre las espaldas de los cubanos, que no tienen la opción de usar los servicios de otra compañía.
Un año y seis meses después, los cubanos se quejan de la pésima calidad de los servicios, reconocida por la empresa estatal, y cuestionan el destino del dinero recaudado a través del tarifazo.
La criminalización selectiva de quienes buscan alternativas para tener mejor acceso a internet
Justo mientras se desarrolla la reunión de UIT en Qatar, las autoridades cubanas llevan a cabo una cacería de antenas de conexión satelital de Starlink —el servicio de internet de alta velocidad propiedad de SpaceX, empresa de Elon Musk— que permiten a los cubanos disfrutar de servicios de telecomunicaciones de mayor calidad que los que garantiza ETECSA.
El 17 de noviembre, el perfil oficialista Fuerza Pueblo reportó en Facebook los decomisos de tres antenas de Starlink durante registros domiciliarios en Placetas, Villa Clara. La noticia confirmó rumores de operativos policiales para identificar a propietarios de esos equipos en Cuba. Una semana antes, el MINREX había recordado a las misiones diplomáticas en un comunicado que la importación y uso de las antenas no está autorizada en la Isla.
No obstante, en abril de 2025, poco más de una semana después de que la Aduana de la República frustrara la entrada de 20 equipos satelitales a Cuba y de que ETECSA amenazara con una "respuesta judicial" a quienes usaran esos equipos en la Isla, DIARIO DE CUBA reportó que negocios online vinculados al régimen utilizaban Starlink.
La restricción del uso de Starlink a ciudadanos comunes y embajadas mientras cubanos conectados con el poder pueden beneficiarse de esos equipos también pone en entredicho la afirmación de Rodríguez Parrilla sobre el supuesto compromiso del régimen cubano con el "acceso universal" a las telecomunicaciones.
La verdadera prioridad del régimen: decidir qué información consumen los cubanos
El régimen cubano ha justificado las restricciones al uso de Starlink con la necesidad de garantizar la soberanía tecnológica del país y de proteger la seguridad nacional y el orden interior.
Sin embargo, como analizó recientemente DIARIO DE CUBA el Decreto-Ley 35/2021, aprobado tras las mencionadas protestas, demuestra cuál es la verdadera prioridad de las autoridades cubanas. Su Artículo 3 establece de manera explícita que uno de los objetivos de la norma es "coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la Revolución".
Al preservar el monopolio de ETECSA sobre las telecomunicaciones, el régimen cubano puede seguir censurando contenidos en internet y aplicar cortes selectivos de la conexión como hizo, por ejemplo, durante las protestas antigubernamentales que estallaron el 11 de julio de 2021.
Además del Decreto-35/2021, el régimen ha aprobado otras herramientas legales para restringir la libertad de expresión de los cubanos en internet, como Decreto-Ley 370/2018, conocido como Ley Azote y aprobado en 2019.
En junio de 2025, La Habana suscribió, junto a otros regímenes autoritarios, una declaración que reclamaba el control estatal sobre el ciberespacio, con implicaciones directas para la libertad en el espacio digital.