La cruzada del régimen cubano contra la conexión satelital de Starlink —el servicio de internet de alta velocidad propiedad de Spacex, empresa de Elon Musk— vuelve a generar noticias: penas de cárcel a ciudadanos por comercializar los equipos y prohibición a las embajadas de usarlos. El motivo alegado por las autoridades y amplificado por voceros del régimen es la seguridad nacional. Sin embargo, las normas y la realidad evidencian que el verdadero objetivo de la restricción es sostener el monopolio del régimen sobre las telecomunicaciones.
"No es solo internet": la demonización de Starlink en Cuba
Recientemente, el medio independiente 14 y medio tuvo acceso a un documento enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba a las misiones diplomáticas extranjeras, recordándoles que no se autoriza "la importación y uso en el territorio nacional cubano de terminales de comunicaciones por satélites de Internet de la marca 'Starlink'".
A finales de octubre, el perfil oficialista Alejandro Noticias publicó en Facebook que el Tribunal de Santa Clara había impuesto penas de cuatro y cinco años de cárcel a "los cabecillas de una red que comercializaba antenas Starlink introducidas ilegalmente al país".
El perfil citó el Artículo 295 del Código Penal cubano, que prevé penas de tres a ocho años de cárcel para quien "organice, distribuya, obtenga lucro o financie la difusión ilegal de señales satelitales".
Para rebatir las críticas a la prohibición de Starlink por limitar la libertad de acceso a la información, el perfil afirmó que "la ley no castiga el acceso a internet, castiga la difusión clandestina de señales fuera del control del Estado, precisamente por el riesgo que implica".
"El mundo ya lo demostró que no es 'solo internet'", recalcó. Como ejemplo de ello, citó varios casos: Starlink fue utilizado para la identificación, recopilación de información y objetivos en operaciones militares contra Irán, según el representante permanente de ese país ante la ONU. El Pentágono utiliza Starlink para interferir en los asuntos internos de otros países, coordinando protestas y desinformación en Venezuela e Irán, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. A los "mercenarios" capturados por Tropas Guardafronteras al norte de Villa Clara en febrero se les ocuparon teléfonos satelitales y una estación Starlink.
Siguiendo la lógica de Alejandro Noticias, en Cuba también debería ilegalizarse el uso de camiones pues ese tipo de vehículo ha sido empleado en atentados en otros países. El 14 de julio de 2016, uno arrolló a una multitud en Niza, Francia, durante las celebraciones del Día Nacional. Murieron 86 personas y más de 400 resultaron heridas. En diciembre del mismo año, otro camión irrumpió en un mercado navideño y dejó un saldo de 12 muertos y 56 heridos.
Sin embargo, Starlink no solo es legal en al menos 75 países, sino que permite proporcionar conexión a zonas rurales o en las que el acceso a internet por los medios tradicionales es muy limitado o no existe.
¿Qué dicen las normas cubanas?
El Decreto-Ley 35/2021, el Decreto 43/2021 y la Resolución 107/2021 del Ministerio de Comunicaciones regulan la importación, instalación y uso de equipos de telecomunicaciones satelitales en Cuba. La última exige autorización ministerial para utilizar servicios de radiocomunicaciones por satélite.
Sin embargo, una norma más reciente, la Resolución 1/2026, publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria número 66, excluye de la autorización técnica a los terminales que utilizan satélites en órbitas no geoestacionarias para prestar servicios públicos personales de telecomunicaciones cuando sus proveedores carezcan de acuerdos con el Gobierno cubano.
Por tanto, la posibilidad de usar legalmente un terminal en Cuba no depende únicamente de que el aparato cumpla requisitos técnicos. También está subordinada a la relación entre el proveedor extranjero y las autoridades cubanas.
Para justificar las restricciones, las normas invocan razones vinculadas con la soberanía tecnológica, la administración del espectro radioeléctrico, la prevención de interferencias, la seguridad nacional y la protección del orden interior.
Estas finalidades pueden justificar controles sobre determinados equipos y servicios. Ningún Estado está obligado a permitir el uso indiscriminado del espectro radioeléctrico.
Starlink no es compatible con el monopolio del régimen sobre las telecomunicaciones
Sin embargo, el régimen cubano se delata con el mencionado Decreto-Ley 35/2021. Su Artículo 3 establece de manera explícita que uno de los objetivos de la norma es "coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la Revolución".
Starlink posibilita que los cubanos se conecten al margen del monopolio estatal de las telecomunicaciones de Cuba, ETECSA —y a una velocidad muy superior a la que ofrece la ineficiente empresa estatal cubana—. Por tanto, no responde al citado objetivo del Decreto
Un cubano que use Starlink tiene acceso libre a medios independientes y extranjeros, y a cualquier contenido censurado por el régimen. Disfruta de mayor privacidad y seguridad digital que quienes dependen de los servicios proporcionados por ETECSA y no sufre los cortes selectivos de internet, a los que han recurrido las autoridades de Cuba ante protestas antigubernamentales como las que estallaron el 11 de julio de 2021.
Las contradicciones que ponen en evidencia al régimen cubano
En abril de 2025, poco más de una semana después de que la Aduana de la República frustrara la entrada de 20 equipos satelitales a Cuba y de que ETECSA amenazara con una "respuesta judicial" a quienes usaran esos equipos en la Isla, DIARIO DE CUBA reportó que negocios online vinculados al régimen utilizaban Starlink.
¿Por qué ellos sí y los cubanos comunes no, si estos últimos solo quieren —y pueden costear— una alternativa al pésimo servicio que ofrece ETECSA? Al parecer, esos negocios contaban con una autorización ministerial, como exige la antes mencionada Resolución 107/2021.
La reciente Resolución 1/2026 y la prohibición comunicada por el MINREX a las embajadas, sin embargo, plantean una contradicción: ¿con qué fundamento pueden determinados negocios o funcionarios beneficiarse de una conexión que las autoridades niegan al resto de los cubanos e incluso a las misiones diplomáticas extranjeras? Si algunos continúan utilizando terminales Starlink pese a la vigencia de esa norma, las autoridades deben explicar qué autorizaciones los amparan y en qué condiciones pueden hacerlo.
