A casi ocho meses del tiroteo en aguas cubanas entre una embarcación procedente de Florida y efectivos de las Tropas Guardafronteras, el aparato de propaganda del Ministerio del Interior (MININT) difundió este lunes un nuevo informe con supuestos "avances" en las investigaciones.
Tras supuestas confesiones de los participantes, obtenidas en interrogatorios sin garantías, los cinco sobrevivientes capturados tras la fallida incursión armada dijeron que "el operativo buscaba desencadenar un levantamiento armado e invocar la intervención de EEUU", según la versión interesada difundida por La Habana.
En este contexto, las autoridades cubanas afirmaron que los implicados están colaborando con ellas y que un perito forense dictaminó que las armas y los explosivos incautados eran de gran potencia y estaban en plena capacidad de combate.
Entretanto, la Fiscalía del régimen adelantó que los procesados enfrentan cargos por terrorismo, tenencia de armas y delitos contra la navegación marítima, que prevén sanciones que "pueden llegar a la pena de muerte en su grado máximo, según la gravedad de los actos cometidos".
Dichos cargos fueron confirmados por el coronel Francisco Estrada Portales, funcionario de la Seguridad del Estado, quien, en declaraciones a la agencia AP, afirmó que la Fiscalía aún no ha solicitado sentencias específicas y que la investigación sigue abierta.
Si bien las autoridades del régimen mostraron a AP grabaciones de vídeo con declaraciones de los sospechosos, la agencia sostuvo que "no pudo verificar de forma independiente el contenido de las grabaciones ni las circunstancias en las que se realizaron dichas declaraciones".
Mientras, La Habana insiste en señalar la connivencia de Washington y busca ampliar la acusación penal contra los acusados, en particular contra Amijail Sánchez, un cubano con residencia en EEUU desde 2016, señalado como el responsable de los primeros disparos contra la lancha guardafronteras cubana.
Según la narrativa oficialista, la incursión frustrada el pasado 25 de febrero cerca de Bahía de Cádiz, en el municipio de Corralillo, formaba parte de una conspiración más amplia financiada y coordinada desde territorio norteamericano. El informe del MININT sostiene que los diez hombres que salieron de Florida divididos en dos embarcaciones pretendían "tomar unidades militares y entregar armamento al pueblo para organizar un levantamiento contra el Gobierno cubano que provocara una intervención militar del gobierno estadounidense".
Entre los principales pertrechos ocupados en la lancha "Tornado" —que logró completar la travesía tras sufrir la avería de una segunda embarcación y realizar un transbordo en altamar—, las autoridades volvieron a detallar el decomiso de "11 armas largas, 15 pistolas, además de cócteles Molotov, niples con sustancias explosivas, medios de comunicación, walkie-talkies, teléfonos satelitales y una estación Starlink".
El expediente presentado este lunes centra sus acusaciones, además de en los detenidos, en la activista del exilio Maritza Lugo Fernández, cabecilla del Partido Democrático 30 de Noviembre "Frank País", a quien señalan como la principal organizadora de la incursión y en cuya finca en Florida se habrían realizado los entrenamientos.
El citado informe incluyó fragmentos del testimonio de Lugo Fernández al ser confrontada con las imputaciones de La Habana, en los que la opositora rechazó las incriminaciones del MININT: "Hace más de 40 años que ese régimen me acusa a mí de ser terrorista, de todo lo que se le ocurra. Yo vengo haciendo actividades ante la dictadura de Cuba desde que estaba en Cuba. Y cuando llegué aquí a EEUU también empecé".
En la misma línea, Lugo Fernández cuestionó el relato del aparato estatal al declarar: "Yo en lo personal vivo tranquila, yo no me preocupa lo que ellos digan, porque estoy bien clara, consciente de que todo eso es mentira. Ellos lo que están tratando es de tergiversar todo a su manera, como lo han hecho siempre, porque los principales terroristas en el mundo son ellos, que matan y hacen todo lo que les da la gana como les da la gana".
La publicación del informe coincide con la presentación de una orden de arresto en Florida contra Raúl Castro, por lo que el expediente del MININT busca reflotar la narrativa del "enemigo externo", utilizando declaraciones obtenidas bajo la tutela y el estricto control de la Seguridad del Estado.
