Maritza Lugo Fernández, ex presa política cubana y presidenta del movimiento 30 de Noviembre, señalada por el Ministerio del Interior de Cuba (MININT) como autora intelectual y financista de la incursión de una lancha armada en la Isla, negó este martes tal acusación, que calificó como "absurda", en una entrevista con Martí Noticias.
"Es totalmente absurdo y ridículo. Hace más de 40 años ese régimen me acusa de terrorista y de todo lo que se le ocurre. Yo estoy tranquila porque sé que todo eso es mentira", dijo, al tiempo que calificó el tiroteo en aguas cubanas, en el que oficiales de las Tropas Guardafronteras mataron a cuatro tripulantes de la lancha e hirieron a otros seis, como una "masacre" y un "crimen atroz".
Sobre la versión del MININT acerca de su participación en los hechos, Lugo Fernández acotó: "Dicen que los entrenaba en mi finca. Eso es insólito. Lo único que yo puedo enseñar es a orar. Soy una persona religiosa. No tengo dinero ni recursos para financiar absolutamente nada".
Lugo Fernández resaltó, además, que se trata de otro capítulo de la "persecución constante" tanto contra ella como contra su organización por parte del régimen de La Habana. "El odio contra nosotros viene desde hace décadas. Siempre han inventado acusaciones contra mi persona y contra nuestra organización", denunció.
Asimismo, cuestionó el relato de las autoridades sobre el tiroteo y respaldó el interés del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, de que las agencias federales estadounidenses realicen una investigación al respecto. "Me parece una idea maravillosa. De ahí van a salir muchas cosas contra ese régimen asesino", afirmó.
"Ni siquiera han dicho dónde están los heridos, ni han permitido que las familias sepan de sus seres queridos", dijo, al tiempo que hizo un llamado a la Administración Trump para que intervenga de urgencia en el caso. "Les pido que se haga algo rápidamente para salvar la vida de esos patriotas, si todavía están vivos", subrayó.
En tal sentido, un grupo de exiliados cubanos en Miami convocó a una manifestación el domingo 8 de marzo en la Pequeña Habana para exigir prueba de vida de los seis ciudadanos detenidos el 25 de febrero tras el tiroteo en las costas de Cuba.
Asimismo, los cuerpos de los cuatro fallecidos no serán trasladados a EEUU para ser devueltos a sus familiares, según declaró Misael Ortega Casanova, hermano de uno de los ultimados, Michael Ortega Casanova, al periodista Gilberto Dorrego, de Telemundo.
Según el relato del MININT, puesto en duda desde entonces y con inconsistencias claras, "el objetivo del grupo era infiltrarse en el país, promover desorden público, ejecutar actos violentos y atacar unidades militares. El armamento incautado es armamento de combate".
"No se trata de una falacia", indicó el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del órgano especializado en delitos contra la Seguridad del Estado, dando cuenta de la gran contradicción de esta historia, que ha dado pie a la sospecha de que el grupo estaba infiltrado por la Inteligencia castrista y lo estaban esperando a su entrada en aguas cubanas: si era un grupo de combate muy armado, cómo fue posible que fuera neutralizado de forma tan aparentemente sencilla por las tropas guardafronteras.
El primer coronel Ybey Carballo Pérez, jefe de Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras, subrayó que la respuesta de los efectivos cubanos fue una "actuación racional y defensiva", a pesar de testimonios que dan cuenta de un uso desmedido de la fuerza.
