La Habana suscribió, junto a otros 11 regímenes autoritarios, una declaración que reivindica la censura y violaciones de las libertades digitales que ya experimentan los cubanos, con el pretexto de "el respeto a la soberanía de los estados y el rechazo a la injerencia extranjera mediante tecnologías de la información".
La declaración celebró la adopción de la Convención contra el Ciberdelito de Naciones Unidas (ONU), promovida por Moscú, durante el 79° período de sesiones de la Asamblea General, de acuerdo con una nota de agencias de noticias reproducida por el medio oficial Granma.
El tratado "establece nuevos marcos legales para la cooperación internacional en la investigación y persecución de delitos informáticos, incluyendo el intercambio de evidencia digital en tiempo real", señala la nota, excluyendo que la convención despierta críticas por su potencial uso para justificar la vigilancia masiva y las violaciones de libertades digitales.
El grupo, que además de La Habana y Moscú integran Caracas, Managua y Teherán, entre otros regímenes, instó a los restantes estados miembros de la ONU a firmar el documento durante la ceremonia oficial prevista en Hanoi en 2025.
También lanzó un llamado la ONU para establecer un Mecanismo Permanente de Seguridad de las TICs, que reemplace al actual grupo de trabajo abierto sobre el uso pacífico de tecnologías de la información (2021–2025).
El documento criticó de manera explícita lo que consideró el "uso de tecnologías de la información 'con fines inconsistentes con el mantenimiento de la paz', incluyendo la injerencia en asuntos internos, el desestabilizamiento político y la manipulación mediante redes satelitales de internet".
Ese supuesto uso de las tecnologías de la información es utilizado por el régimen de Cuba como pretexto para impedir el libre acceso de sus ciudadanos a los medios de información que no puede controlar, como DIARIO DE CUBA, que están bloqueados dentro de la Isla.
El régimen ha aprobado, además, herramientas legales para restringir la libertad de expresión de los cubanos en internet, como Decreto-Ley 370 "Sobre la informatización de la sociedad en Cuba" —conocido como Ley Azote y aprobado en 2019—; el Decreto-Ley 35 "Regulación de las telecomunicaciones"— aprobado en agosto de 2021, tras las históricas protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio, y el Código Penal que entró en vigor en diciembre de 2022.
A ello se suma que el monopolio estatal de las telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, acaba de racionar y encarecer drásticamente la navegación por internet, lo que restringe aún más el libre acceso de los cubanos a la información.
La declaración de un diplomático latinoamericano, que no fue identificado en la nota, demuestra claramente que el objetivo de la declaración suscrita por los 12 regímenes y de la convención promovida por Rusia, es que los estados —fundamentalmente los autoritarios— tengan el control del ciberespacio.
"La gobernanza global del ciberespacio no puede estar en manos de actores privados o potencias que imponen sus reglas unilaterales", afirmó. "Esta convención permite recuperar el control desde un enfoque soberano y multilateral", celebró el funcionario.
Curiosamente, los firmantes de la declaración no parecen haber dado relevancia al enfrentamiento de las muy frecuentes estafas en internet o a los hackers.
Los restantes estados que firmaron la declaración fueron Bielorrusia, Burkina Faso, Corea del Norte, Egipto, Irán, Irak, Kirguistán y Laos.
La declaración de un diplomático latinoamericano, que no fue identificado en la nota
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