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Leyes

El régimen cubano institucionaliza la IA, ¿habrá más control?

La Habana obliga a sus entidades a 'auditar su madurez digital' y evaluar 'la calidad y la arquitectura de los datos'. 

Madrid
Plataforma cubana de Gobierno electrónico.
Plataforma cubana de Gobierno electrónico. Xetid/Facebook

El régimen cubano dio este martes un nuevo paso en su andamiaje legal para regular y expandir el uso de la tecnología en el aparato estatal. Mediante la Resolución 24/2026 del Ministerio de Comunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial, La Habana aprobó formalmente la "Metodología para la Transformación Digital y la Introducción de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública".

El texto pone de relieve los desafíos estructurales y el rezago tecnológico de la Isla, así como la orden gubernamental de institucionalizar la IA, burocratizarla y utilizarla como parte de la arquitectura de control del régimen.

Así, la nueva norma establece una estructura de gobernanza piramidal dividida en tres niveles operativos: un Comité de Transformación Digital, una Oficina de Transformación Digital y equipos de proyecto multidisciplinarios.

Asimismo, las entidades están obligadas a elaborar un Expediente Digital de Arranque (EDA) y a auditar su madurez digital a través de diez dimensiones específicas, que evalúan desde la calidad y la arquitectura de los datos hasta la seguridad y la gestión de los riesgos normativos.

¿Un engranaje estricto de gobernanza y control?

La metodología fija un principio rector: "Primero los datos, la IA después". Así, La Habana reconoce que, sin una gobernanza de la información fiable y una sólida apropiación de los datos de los ciudadanos, es inviable cualquier salto tecnológico.

Este control institucional se acopla a un ecosistema legislativo de vigilancia ciudadana. Previamente, la Asamblea Nacional aprobó en julio la Ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, que otorga al Ministerio del Interior (MININT) facultades explícitas para la recopilación masiva de datos biométricos avanzados —como patrones de voz, iris y rasgos faciales— vinculados a una Identidad Digital Certificada obligatoria.

En la práctica, la Administración ya ensaya automatizaciones puntuales, como el uso de robots de la empresa militar Xetid para emitir más de dos millones de certificaciones del Ministerio de Justicia.

No obstante, la brecha estructural con respecto al exterior es abismal: el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial de la CEPAL situó a Cuba en el puesto 15, con apenas 27,96 de 100 puntos, confinándola en la rezagada franja de los "exploradores".

¿Puede una economía en colapso aspirar a una gobernanza digital?

Pese a la profunda crisis sistémica y al estado deplorable de las escuelas, las universidades y las infraestructuras, el gobernante Miguel Díaz-Canel insiste en su aspiración de situar a la Isla a la vanguardia regional de la Inteligencia Artificial.

Para materializarlo, la Gaceta detalla una hoja de ruta organizada en tres horizontes temporales: 2026-2027 (construcción de capacidades habilitadoras y normativas), 2028 (implementación de proyectos piloto) y 2029-2030 (escalamiento y optimización).

Este recorrido se apoya en una Pirámide Funcional de IA de cinco niveles, que transita desde asistentes conversacionales y sistemas analíticos de apoyo a la toma de decisiones hasta la automatización de flujos y los modelos generativos.

Para sostener este esquema, el régimen profundiza su dependencia de socios extranjeros, fundamentalmente de Rusia. En tal sentido, destacan la colaboración para el Centro Tecnológico de Liderazgo y Desarrollo Avanzado y el proyecto "Cayo Digital", en la Isla de la Juventud, así como los convenios con la firma rusa NtechLab para introducir software de reconocimiento facial y cibervigilancia.

¿Será útil para los cubanos?

Al hilo de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, el abogado de DIARIO DE CUBA, Edel González Jiménez, apuntó algo que también es válido para este caso: "Como suele suceder en un país sin libertades plenas para el individuo, estos procesos de innovación, de desarrollo de la ciencia y la técnica nunca verán sus verdaderos frutos".

En el caso de la Resolución 24/2026, sí es posible que haya frutos, pero irán encaminados a la obtención y utilización de datos, no a mejorar la vida de los cubanos, marcada por un régimen más centrado en el control que en el bienestar.

Aunque la normativa exige que los datos residan en infraestructuras nacionales, proclama principios éticos y demanda supervisión humana en decisiones críticas, la realidad de la Isla demuestra que la institucionalización de la alta tecnología en Cuba persigue un doble fin: maquillar el colapso operativo del Estado y blindar un sistema de control sobre la sociedad.

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