Casi un año después de su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el régimen cubano publicó este lunes en la Gaceta Oficial la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que modifica la arquitectura legal del sector, pero no resuelve sus problemas de financiamiento.
Según La Habana, con esta normativa busca reordenar un ecosistema que acumula una veintena de problemas estructurales, además de desinversión, escasez de divisas y desconexión entre la academia y la producción.
Una estructura compleja con nuevos actores y fondos
La legislación introduce nuevas categorías jurídicas para intentar dinamizar la economía del conocimiento. Entre ellas destacan las Empresas de Base Tecnológica, los Parques Científicos y Tecnológicos, las fundaciones y las entidades de interfaz destinadas a conectar la investigación universitaria con el sector empresarial, así como la intención de favorecer y regular la alianza público-privada.
Asimismo, la ley formaliza la creación del Fondo Financiero de Ciencia e Innovación, nutrido mediante una deducción del 10% del impuesto sobre utilidades de las entidades incorporadas, además de abrir vías para el capital de riesgo y los microcréditos.
En el plano institucional, la Academia de Ciencias de Cuba quedó redefinida como una institución oficial, consultiva e independiente de la Administración Central del Estado, bajo la asistencia directa del Consejo de Ministros.
La ley, sin embargo, choca con el resquebrajamiento integral de la Isla, la pérdida de profesionales y el deterioro de las condiciones tecnológicas de los centros científicos.
Además, el texto mantiene un fuerte intervencionismo estatal al exigir métricas estrictas, controles centralizados y la obligatoriedad de someter las innovaciones empresariales a comisiones de evaluación y registros oficiales.
Entre los incentivos burocráticos y la realidad económica
Aunque el articulado ofrece incentivos fiscales, premios, un sistema de remuneración por aportes de conocimiento y la integración formal de científicos de la diáspora en proyectos de colaboración, la viabilidad de estas políticas vuelve a chocar con la aguda crisis sistémica que atraviesa la Isla.
Expertos independientes señalan que legislar la creación de polos tecnológicos y empresas de alto valor agregado resulta insuficiente en un entorno donde la infraestructura material carece de estabilidad energética y recursos financieros reales, y donde no existen libertades económicas plenas para el desarrollo de un emprendimiento privado competitivo.
Al subordinar toda iniciativa científica a los marcos del Estado y condicionar la autonomía empresarial a directrices centralizadas, la nueva ley corre el riesgo de convertirse en un compendio de regulaciones formales que, como ha sucedido con otras políticas públicas en Cuba, diluyan su impacto práctico debido a la falta de incentivos materiales sostenibles.
La voz de un experto
Al hilo de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, el abogado de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez subrayó que "en teoría se ve muy bonito, pero, como suele suceder en un país sin libertades plenas para el individuo, estos procesos de innovación, de desarrollo de la ciencia y la técnica nunca verán sus verdaderos frutos, porque la persona no ve incentivos para sí, su familia y su propio patrimonio".
"No hacemos nada con legislar si no hay libertades, incentivos, dinero y personas dispuestas a hacer posibles las políticas", sentenció.
