La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) dio su beneplácito este jueves a la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la que "Cuba pretende dotarse de un instrumento legal que fomente una cultura de innovación", según informo el portal oficial Cubadebate. Sin embargo, ese objetivo choca con la realidad del país, en opinión del exjuez Edel González Jiménez, miembro del equipo legal de DIARIO DE CUBA.
Al presentar el proyecto de la norma ante los diputados, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, dijo que la norma "refuerza la conexión formal entre la estrategia nacional de desarrollo y las políticas sectoriales y territoriales, otorgando un marco legal a esta articulación", según lo citó Cubadebate.
Explicó que para elaborar el texto legal se aprobó un grupo temporal de trabajo con representantes de instituciones como Biocubafarma, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Justicia, entre otras, y se realizó un estudio comparado con países de diversas regiones.
"La política identificó 20 problemas en el escenario actual cubano. Entre ellos, el escaso financiamiento en divisas, el insuficiente uso de conocimiento científico en la toma de decisiones y un poco desarrollo en las dimensiones sectorial y territorial de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación", lo citó el medio estatal.
El documento final fue enriquecido con 25 modificaciones tras un debate con diputados de todo el país, de modo que la nueva ley cuenta con ocho capítulos, y se presenta junto a tres normas complementarias: el Decreto Ley de la Academia de Ciencias de Cuba, el Reglamento de la Ley y un Decreto de Normas Generales sobre Innovación y Racionalización, explicó Cubadebate citando al ministro.
El medio estatal destacó que la norma cuenta "con un artículo específico para prever una comisión de ética sobre inteligencia artificial".
El objetivo de la Ley es que los resultados de la investigación trasciendan el ámbito académico y se materialicen en la economía, reconociendo a la empresa como un actor clave dentro de la "economía del conocimiento", explicó Rodríguez Batista.
"Es una ley esencialmente incentiva, abre caminos, quita trabas, es inclusiva", afirmó.
"Con su aprobación, Cuba pretende dotarse de un instrumento legal que fomente una cultura de innovación, priorice la aplicación práctica del conocimiento y oriente los esfuerzos científicos y tecnológicos hacia la solución de problemas concretos y el desarrollo sostenible de la nación", según Cubadebate.
La norma fue aprobada menos de dos meses después de que el propio Rodríguez Batista afirmara, durante la presentación del anteproyecto, que los funcionarios que se encargan de dirigir las actividades relacionadas con ciencia, tecnología e innovación en Cuba carecen de suficiente preparación.
Sobre la flamante Ley, el experto de DIARIO DE CUBA Edel González Jiménez opina: "En teoría se ve muy bonito, pero como suele suceder en un país sin libertades plenas para el individuo, estos procesos de innovación, de desarrollo de la ciencia y la técnica nunca verán sus verdaderos frutos, porque la persona no ve incentivos para sí, su familia y su propio patrimonio".
"Además, las normativas de patente, marca, de diseño industrial y derecho de autor y de otros aspectos asociados como la libertad de emprendimiento en los espacios de libre competencia no existen en Cuba, donde el Estado/Gobierno controla todos los procesos y componentes, y de donde los grandes innovadores, científicos, etc. emigran", añade.
"Por otro lado, los laboratorios, espacios de desarrollo de las universidades y centros de investigación obligatoriamente pertenecen al régimen de propiedad estatal. Carecen de recursos materiales, financieros, de tecnologías, incluida la estabilidad energética, y no podrán hacer viable la política científica, tecnológica y de innovación planteada como propósito", explica el experto.
"A pesar de considerarse una de las políticas públicas de mayor relevancia, no están garantizados los recursos para su materialización en las leyes anuales de presupuesto", dice el abogado, teniendo en cuenta la aguda crisis económica que atraviesa Cuba.
"Este problema de inviabilidad lo tienen todas las políticas públicas del país. No hacemos nada con legislar si no hay, libertades, incentivos, dinero y personas dispuestas a hacer posibles las políticas", sentencia.
El mandato de los delegados durará cuatro años, de manea "excepcional"
Este mismo jueves, la ANPP aprobó la reducción "excepcional" del actual período de duración del mandato de los delegados a las asambleas municipales, mediante una ley cuyo objetivo es "ordenar el calendario electoral del país y reforzar la articulación entre los distintos niveles de gobierno", informó Cubadebate.
