El Gobierno de Uruguay confirmó que mantendrá el convenio con los médicos cubanos que trabajan en el Hospital Especializado de Ojos José Martí, pese a lo que calificó de "presiones de Estados Unidos" y a los cuestionamientos sobre la falta de transparencia en los pagos vinculados a la misión, recogió el portal oficial Cubadebate.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró esta semana que los especialistas cubanos han hecho un "aporte sustantivo" al país y defendió que Montevideo continuará trabajando con ellos. Según el funcionario, la misión ha contribuido a que más de 100.000 uruguayos recuperaran la visión durante las últimas dos décadas.
"Uruguay es un país soberano, libre", dijo Sánchez en declaraciones al medio local El Eco Digital. "Los uruguayos hacemos lo que consideramos que es mejor para el país, sin aceptar órdenes ajenas", añadió, en alusión a la controversia abierta tras la inclusión de Uruguay en un informe estadounidense sobre presunto trabajo forzoso de profesionales cubanos.
El respaldo no resuelve las preguntas
La defensa política de la brigada no despeja, sin embargo, las principales incógnitas sobre el convenio: cuánto cuesta realmente, si existen pagos por cada médico al Gobierno cubano y qué parte de los recursos termina bajo control de La Habana.
La brigada, integrada actualmente por alrededor de 21 colaboradores, opera desde 2007 en el marco de la llamada Operación Milagro. Documentos de Archivo Cuba examinados por DIARIO DE CUBA muestran que Uruguay autorizó una partida anual de 250.000 dólares para el programa, canalizada entre organismos públicos uruguayos y destinada a cubrir la "actuación integral de la cooperación en curso" hasta el 31 de diciembre de 2026.
La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, ha sostenido que esos fondos no son salarios pagados a La Habana, sino estipendios y gastos locales de los integrantes de la misión, incluidos alojamiento, alimentación y transporte. También afirmó que las remuneraciones de los profesionales son abonadas por el régimen cubano.
Esa versión deja sin responder a la pregunta de cuál es la fuente de los ingresos con que el Gobierno cubano paga a los miembros de la brigada y si hay un acuerdo paralelo, o no divulgado, que contemple pagos por los servicios médicos.
Washington apunta a pagos directos
La contradicción se agrava con la posición de Washington. Estados Unidos incluyó este año a Uruguay entre 15 países cuyos gobiernos, pagan directamente al régimen cubano por los servicios de trabajadores de la salud, según un reporte remitido al Congreso.
La Embajada de EEUU en Montevideo afirmó, de acuerdo con informaciones publicadas por Búsqueda, que Uruguay fue incluido por primera vez en el reporte porque "los pagos van directamente a la embajada cubana" y porque Washington no encontró evidencia de que los profesionales reciban remuneración por su trabajo en el país.
La acusación choca con la explicación del BPS, que presenta los 250.000 dólares como un fondo para estipendios y gastos de la cooperación, no como una transferencia a La Habana. Los documentos públicos conocidos hasta ahora y revisados por DIARIO DE CUBA no permiten establecer cuál de las dos versiones describe el circuito real del dinero.
Existe, además, un antecedente que refuerza las dudas. Un acuerdo complementario de 2016 establecía pagos mensuales del Estado uruguayo al Gobierno cubano de 4.500 dólares por cada especialista y 2.500 dólares por licenciados y técnicos de una brigada de ortopedia, posteriormente retirada. El acuerdo vigente de la misión oftalmológica no está disponible públicamente.
Una continuidad bajo negociación
El canciller Mario Lubetkin ha reconocido que la presencia de los médicos cubanos forma parte del diálogo bilateral con Estados Unidos, aunque negó haber recibido una comunicación oficial específica sobre la brigada. Washington transmitió la inclusión de Uruguay en su informe mediante un non paper enviado a los ministerios uruguayos de Relaciones Exteriores y Defensa.
Las consecuencias potenciales van más allá de la disputa diplomática. Según la legislación estadounidense, un país incluido durante dos años consecutivos en el informe sobre trata y trabajo forzoso podría quedar sujeto a restricciones de asistencia internacional. Uruguay figura por primera vez en 2026; una nueva inclusión en 2027 podría activar esa limitación.
Frente a ese escenario, organismos del Gobierno uruguayo estudian una fórmula para conservar el programa sin mantener el actual esquema cuestionado. Entre las opciones discutidas estaría el pago directo a los profesionales cubanos, una alternativa reclamada desde hace años por organizaciones como Archivo Cuba y Global Liberty Alliance.
La misión acumula, según cifras oficiales uruguayas hasta julio de 2025, 916.787 consultas oftalmológicas, 118.029 cirugías y 217.885 pesquisas. Pero la utilidad sanitaria del programa no elimina el problema de fondo: Uruguay ratifica una cooperación cuya dimensión financiera completa sigue sin conocerse y cuya estructura puede seguir beneficiando directamente al régimen cubano, mientras los médicos permanecen sometidos a un sistema de contratación que organizaciones de derechos humanos identifican como posible trabajo forzoso.
Bueno ningún país tiene derecho a decirle a otro lo que tiene que hacer. Uruguay tiene razón, lo que hace falta es que el dinero se los paguen directamente a los médicos y que ellos se las arreglen con su querido gobierno si mandan una parte a GAESA o no. Ese es un problema individual de cada uno. Y cuando USA se va a aplicar a sí mismo las reglas internacionales de trata de personas que quiere aplicar a los demás países? Tienen cientos de miles de latinos trabajando sin documentos en sus granjas en condiciones que no se parecen a los de los trabajadores americanos, pero con eso no se meten porque se quedarían sin el apoyo de los granjeros americanos. Banda de hipócritas. Tan mierdas son los GAESA como el gobierno Trump. Asco de mundo el que estamos viviendo.