El futuro de la brigada médica cubana en Uruguay está por definirse, en medio de las conversaciones que mantiene el Gobierno de Yamandú Orsi con Estados Unidos y los señalamientos de trabajo forzoso. La misión, integrada por unos 21 colaboradores, trabaja en el Hospital de Ojos José Martí y recibe del Estado uruguayo un aporte anual de 250.000 dólares.
Pero esa cifra solo permite conocer una parte del dinero destinado al programa. No se sabe cuánto cuesta realmente el acuerdo ni si Uruguay, además, realiza pagos al Gobierno cubano por cada integrante de la brigada.
María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, explicó a DIARIO DE CUBA que el documento que establece el aporte anual de 250.000 dólares no contempla pagos por profesional. Tampoco está disponible públicamente el acuerdo bilateral actualizado que regula la misión.
"Por tanto, no se sabe si Cuba recibe un pago por cada integrante de la brigada médica, que solo trabaja en y con el Hospital de Ojos", dijo Werlau.
Sí existe un antecedente. Un acuerdo complementario de 2016 muestra que Uruguay pagaba al Gobierno de Cuba por cada integrante de una pequeña brigada que prestaba servicios de ortopedia y que fue retirada años después.
"Cuba recibía mensualmente […] 4.500 dólares por especialista y 2.500 dólares por licenciados y técnicos", precisó Werlau. A partir de este precedente, "podría suponerse que es lo que recibe por los integrantes de la brigada médica actual, que entiendo ronda los 21 integrantes", señaló.
Los 250.000 dólares
Documentos de Archivo Cuba consultados por DIARIO DE CUBA permiten reconstruir parte del mecanismo de financiamiento.
En noviembre de 2022, el Gobierno uruguayo autorizó el traspaso, desde la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) al Banco de Previsión Social (BPS), del aporte anual de 250.000 dólares destinado a la Operación Milagro, "en el marco del acuerdo suscrito con el Ministerio de Salud Pública y los Servicios de Salud del Estado".
Werlau considera que ese monto corresponde a los estipendios pagados localmente y a otros gastos de la brigada, como la alimentación, el alojamiento y el transporte.
Una resolución más reciente del BPS confirma que el organismo volvió a autorizar 250.000 dólares para la Operación Milagro y que la partida debe cubrir "la actuación integral de la cooperación en curso" hasta el 31 de diciembre de 2026. El dinero se deposita en una cuenta del Banco de la República Oriental del Uruguay y está sujeto a rendición de cuentas por tratarse de fondos públicos.
La presidenta del BPS, Jimena Pardo, aseguró que el dinero no corresponde al salario de los profesionales cubanos. "Uruguay no le paga a Cuba ningún dinero por la cooperación, sino que solo garantiza el pago de estos estipendios", dijo al medio Búsqueda este jueves. Según Pardo, las remuneraciones son abonadas por el Gobierno cubano.
La explicación deja abierta una cuestión central: de dónde sale entonces el dinero con el que La Habana remunera a los integrantes de la brigada y si existe otro pago asociado al acuerdo bilateral que no aparece en la documentación disponible.
La presión de Washington
La incertidumbre sobre la misión aumentó después de que Estados Unidos incluyera este año a Uruguay en un informe enviado al Congreso sobre el trabajo forzoso y la trata de profesionales médicos cubanos, informó previamente Búsqueda.
El Departamento de Estado situó a Uruguay entre 15 países cuyos gobiernos, según el reporte, pagan "directamente al régimen cubano por los servicios de los trabajadores".
La Embajada de EEUU en Montevideo fue más específica: aseguró que Uruguay entró por primera vez en el informe porque "los pagos van directamente a la embajada cubana" y porque Washington no encontró evidencia de que los profesionales reciban remuneración por su trabajo en el país.
La afirmación contradice la versión del BPS y abre otra interrogante sobre el circuito del dinero: mientras Washington sostiene que existen pagos directos a la representación cubana, las autoridades uruguayas describen los 250.000 dólares como estipendios y reintegros de gastos. Los documentos examinados por DIARIO DE CUBA no permiten resolver esa discrepancia.
La inclusión puede tener, además, consecuencias para Uruguay. La legislación estadounidense establece que el secretario de Estado no podrá proporcionar asistencia internacional a un país u organismo que figure en el informe durante dos años consecutivos. Uruguay aparece por primera vez en 2026; si vuelve a hacerlo en 2027, quedaría alcanzado por esa restricción, según explicó la Embajada estadounidense a Búsqueda.
Washington comunicó por escrito la inclusión de Uruguay a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa mediante una comunicación diplomática no oficial.
El canciller Mario Lubetkin reconoció que el asunto forma parte del diálogo con Washington, aunque aseguró que no había recibido "ninguna comunicación oficial de Estados Unidos sobre este tema en lo específico".
"Este es uno de los tantos temas sobre los que estamos dialogando", dijo. Lubetkin defendió, además, los resultados del programa y aseguró que las experiencias positivas "las queremos y las vamos a preservar".
El Gobierno uruguayo busca una fórmula que permita mantener la misión médica cubana y responder a los cuestionamientos de Washington. La Cancillería, el Ministerio de Salud Pública, ASSE y el BPS trabajan en un mecanismo que incluiría pagos directos a los profesionales cubanos, según informó Búsqueda.
Casi dos décadas en Uruguay
La brigada médica cubana llegó a Uruguay en 2007 y desarrolla su actividad fundamentalmente en el Hospital de Ojos José Martí, en el marco de la Operación Milagro.
Actualmente cuenta con unos 21 integrantes. Según cifras oficiales del BPS, hasta julio de 2025 el programa había acumulado 916.787 consultas oftalmológicas, 118.029 cirugías y 217.885 pesquisas.
Los cuestionamientos sobre las condiciones de sus integrantes, sin embargo, son anteriores a la controversia actual.
En febrero de 2025, Archivo Cuba presentó información a la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del Departamento de Estado para la elaboración de su informe anual. La organización cuestionó entonces el tratamiento dado a Uruguay en el Informe sobre Trata de Personas de 2024, que había advertido de que ciudadanos cubanos que estaban en el país podían estar siendo obligados a trabajar por el Gobierno de Cuba.
Werlau recordó que Global Liberty Alliance ya había presentado en 2020 una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Uruguay para solicitar una investigación sobre la presunta trata de profesionales cubanos y acceder a los documentos relacionados con su contratación, que no fue respondida.
Dos años después, Archivo Cuba y Global Liberty Alliance llevaron el asunto al entonces presidente Luis Lacalle Pou y plantearon que, si Uruguay necesitaba los servicios de los profesionales cubanos, los contratara directamente. Según Werlau, tampoco recibieron respuesta.
Esta es precisamente una de las fórmulas que Montevideo estudia.
Mientras Uruguay negocia con Washington cómo mantener una misión que considera exitosa, aún no se conoce una parte esencial del acuerdo: cuánto realmente paga por los servicios de la brigada y qué parte de ese dinero termina en manos del Gobierno cubano.
