Un médico oncólogo denunció haber sido multado con 4.000 pesos cubanos (unos 6,5 dólares) mientras realizaba una venta de garaje para complementar sus exiguos ingresos. El especialista, natural de Holguín, se trasladó hace un año a la Isla de la Juventud para cubrir la escasez de especialistas en ese territorio, según contó a DIARIO DE CUBA.
"Mi nombre es Álvaro Pérez Pérez, soy especialista en oncología, el único que tiene la Isla de la Juventud. Mi salario no me alcanza para comer", afirmó el médico en una transmisión en vivo publicada en Facebook.
La multa
Según explicó, inspectoras estatales le impusieron una multa por vender libretas escolares a 100 pesos cada una. La sanción equivale a la mitad de su salario mensual, unos 8.000 pesos cubanos, lo que equivale a alrededor de 13 dólares al cambio informal.
En declaraciones a DIARIO DE CUBA, Pérez precisó que las inspectoras le argumentaron que "está prohibido vender libretas" y que "el precio era excesivo". Sin embargo, cuestionó la penalización.
"El Estado vende a 270 pesos las mismas libretas que supuestamente no se pueden vender y que están demasiado caras", señaló. El producto también se comercializa en tiendas online a 2.80 dólares, 17 veces el precio de las libretas que oferta el doctor.
El médico explicó que había organizado la venta para obtener ingresos adicionales, en un contexto en el que el salario estatal resulta insuficiente para cubrir incluso las necesidades más básicas.
"Por ganarme cuatro pesos, perdí 4.000", resumió.
El único oncólogo en la Isla de la Juventud
Pérez llegó a la Isla de la Juventud en abril de 2025, como parte de una convocatoria para paliar la escasez de especialistas. Natural de Holguín, decidió permanecer en ese territorio debido a la necesidad de atención oncológica existente.
"Vine y me gustó estar aquí, además de la necesidad tan grande que había en mi especialidad", explicó.
Hoy, asegura, es el único oncólogo para una población de más de 70.000 habitantes. Sin embargo, fuera del hospital se ve obligado a buscar ingresos adicionales para sobrevivir con un salario estatal equivalente a unos 13 dólares mensuales.
Lo que vende en su portal son "cosas de uso de mis amigos y compañeros de trabajo. Por vender cada prenda me ganaba solo 50 pesos", contó. Las libretas que motivaron la multa, añadió, habían sido un regalo de uno de sus pacientes.
"En fin, todo es un gran reto. Trabajar y vivir es un sacrificio. La situación particular que sucedió hoy me deja sin aliento".
Pero el caso del doctor es apenas uno más de cara a la crisis que atraviesa el sistema sanitario cubano. Entre 2021 y 2024, el sector perdió más de 77.000 trabajadores, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), en medio de una combinación de emigración, jubilaciones y abandono de la profesión por empleos mejor remunerados.
A ello se suman la escasez crónica de medicamentos, insumos y equipamiento médico, así como décadas de inversión insuficiente en la infraestructura hospitalaria, que apenas llega al 3% de los ingresos del país, y la reducción de los procedimientos quirúrgicos.
Oncólogo por vocación; vendedor por necesidad
En la Isla de la Juventud, las limitaciones del sistema sanitario afectan directamente a los pacientes con cáncer. El territorio carece de servicios de radioterapia, por lo que los enfermos deben trasladarse a otras provincias para recibir tratamiento.
"Para los tratamientos de oncología, como la radioterapia, los pacientes deben trasladarse, porque ese servicio no existe aquí. Entonces estoy entre el paciente que necesita un tratamiento y no tener cómo brindarlo. Ahora mismo, todo depende de mi gestión porque la vía oficial, que consiste en recibir el tratamiento en La Habana, no funciona. La mayoría de los equipos están rotos", explicó el doctor.
La necesidad también marca su vida cotidiana. "El salario solo alcanza para unas pocas libras de pollo al mes; el resto hay que inventar. Y se suma que son nueve horas continuas sin corriente, por lo que nos vemos obligados a cocinar con carbón", relató.
A la precarización de las condiciones de vida y de trabajo se suma el malestar generado por la imposición de una multa que el doctor considera injusta.
Desde 2021, el Decreto 30 amplió las facultades de los inspectores para sancionar violaciones de precios y tarifas con multas que pueden alcanzar los 15.000 pesos, decomisos y otras medidas administrativas. Según datos del Ministerio de Finanzas y Precios, casi tres de cada cuatro inspecciones realizadas tras la entrada en vigor de la norma detectaron infracciones y derivaron en miles de sanciones económicas.
Solo en el primer trimestre de 2025, los más de 4.000 inspectores que existen en todo el país impusieron cerca de medio millón de multas por un monto superior al billón de pesos, en medio de una política que muchos interpretan más como un mecanismo de recaudación y extorsión que de supervisión económica.
Otros, como el doctor Pérez, intentan explicar su precaria situación económica y apelar a la comprensión de los inspectores, a menudo sin éxito.
"Le imploré que no me pusieran la multa. Que no tenía cómo pagarles eso. Que yo ayudaba a todo el mundo en el hospital... y era como estar hablándole a la pared. No se inmutaron. Estaban ciegas de poder", enfatizó.
A todos esos esbirros llamados "inspectores", verdaderos buitres carroñeros que se lucran de la miseria y la desesperación del pueblo, también hay que arrastrarlos por las calles llegado el día.