La crisis en Cuba ha entrado en una nueva etapa crítica. Desde 2018, el país ha experimentado un deterioro económico progresivo, pero en los últimos meses, los efectos de una policrisis —económica, energética y social— han alcanzado niveles que muchos ciudadanos consideran peores que los vividos durante el llamado "Periodo Especial" de los años 90. Así lo revela el más reciente informe de Food Monitor Program (FMP), que documenta el impacto de esta situación sobre millones de cubanos.
Entre los factores más alarmantes, destaca la escasez crónica de alimentos, medicinas y bienes básicos, acompañada de un colapso en la prestación de servicios esenciales como la electricidad, el agua potable y el gas doméstico, elementos que han hecho de la supervivencia cotidiana un desafío constante.
La grave inflación y la devaluación de la moneda nacional, junto con la creciente dolarización de la economía, han deteriorado drásticamente el poder adquisitivo de los salarios y pensiones.
El informe señala que el costo de un cartón de 30 huevos equivale a casi dos pensiones básicas, y un kilogramo de leche, al salario mínimo mensual. Esta disparidad ha obligado a muchas familias a reducir la cantidad y calidad de sus comidas, optando por alimentos más baratos y menos nutritivos, añade.
Apagones interminables, crisis hídrica, sin combustible para cocinar
La infraestructura eléctrica de Cuba —sustentada en plantas termoeléctricas obsoletas— ya no puede abastecer la demanda nacional. Los apagones, que alcanzan hasta 16 horas diarias en algunas zonas, han pasado de ser una molestia a un factor que paraliza la vida laboral, escolar y doméstica. El uso intensivo del combustible nacional, poco eficiente, y la falta de inversión han dejado al sistema al borde del colapso.
Para la organización, el colapso del sistema hidráulico agrava aún más la situación. Fugas masivas y bombas de agua averiadas son parte de un sistema cuya antigüedad y dependencia del suministro eléctrico lo hacen especialmente vulnerable. Denuncia que, como resultado, cientos de miles de cubanos no tienen acceso continuo a agua potable y deben almacenarla por días, lo que compromete su salud y capacidad para cocinar o mantener condiciones mínimas de higiene.
A esta realidad se suma la escasez de gas licuado, el principal combustible doméstico, cuya distribución ha sido interrumpida desde febrero. Según FMP, el 41% de los hogares cubanos se ha quedado sin acceso a un método seguro para cocinar, viéndose obligados a usar leña, carbón o cocinas eléctricas poco fiables debido a los apagones. Esta situación ha puesto en riesgo la nutrición y la seguridad de millones de personas.
El malestar social crece, pero el Gobierno responde con represión
Las consecuencias de esta policrisis se reflejan también en el malestar ciudadano. Según FMP, más del 63% de la población responsabiliza al Gobierno por la situación, frente a solo un 8% que culpa al embargo estadounidense. Las manifestaciones, aunque dispersas, han aumentado: destacan las protestas del pasado 22 de mayo en Santiago de Cuba y Bayamo bajo la consigna "Corriente y comida", así como otras en Pinar del Río.
La respuesta oficial, según el informe, ha sido intensificar la represión, criminalizando a quienes protestan por una vida digna y manteniendo alianzas internacionales que priorizan el acceso subsidiado a bienes, sin abordar las causas estructurales del colapso.
Food Monitor Program denuncia la inacción de un Gobierno que, en lugar de impulsar cambios estructurales, continúa operando bajo un modelo que ha demostrado ser insostenible. La organización propone un plan nacional centrado en revitalizar el campo y el sistema alimentario, combatiendo la obsolescencia, los impagos y los cuellos de botella que han reducido la producción de alimentos en más de un 65%.
El informe concluye con un llamado urgente a garantizar una vida digna para todos los cubanos, exigir reformas profundas y respetar la voluntad popular como único camino posible para frenar la destrucción del país.
