Violencia machista y política en Cuba, bajo la lupa del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

Cada cuatro años y medio el Estado cubano se somete a evaluación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en inglés). El próximo 18 de octubre vuelve a presentarse en Ginebra, Suiza. Activistas que han participado en el actual proceso con informes independientes y han hablado con DIARIO DE CUBA lo consideran una oportunidad de exponer la realidad de las mujeres en la Isla y las deudas del Estado, de cuestionar la propaganda oficial y de visibilizar el trabajo realizado desde la sociedad civil independiente con los observatorios de violencia machista al frente.

En palabras de Yanelis Núñez Leyva, del Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas (OGAT), "si nos guiamos por lo que pone el régimen en su informe público ante el CEDAW, según sus análisis, según la información que ellos han podido recabar de todas sus instituciones, la situación en Cuba con el tema de la lucha contra la violencia de género está en su mejor momento, pero es más que nada por el trabajo de los observatorios independientes, que han documentado más de 200 casos desde 2019 hasta la fecha".

Para la activista radicada en Madrid, en muchos de estos casos "se transparentan" las deficiencias del sistema de instituciones cubanas que tienen como objeto social la lucha contra la violencia de género o la protección de las vidas de las mujeres.

"Ahí está la falta de capacitación de la Policía y lo vemos reflejado en el asesinato de la adolescente Leydi Bacallao en una estación policial de Camalote, así como en otros casos donde las víctimas han denunciado, ellas mismas o sus familiares, a través de las redes sociales, y no han recibido por parte de la Fiscalía ni de la Policía la respuesta que necesitan. No solo es emitir una orden de alejamiento, sino además dar un seguimiento, establecer mecanismos para que la protección sea realmente efectiva", sostiene.

El informe oficial del Gobierno menciona como un logro la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de las políticas públicas de los últimos años, pero Núñez Leyva lo considera una de las "mentiras del régimen". 

"Cuando desde la sociedad civil, la auténtica, no el circo que tienen ellos armado, activistas y organizaciones se unieron en 2019 o en 2023 para solicitar una ley integral contra la violencia de género, el régimen decidió no incluirla en el cronograma legislativo", recuerda.

"Hablan de que no hay discriminación por cuestiones políticas, pero hay más de mil personas encarceladas y de ellas casi un centenar son mujeres. Vemos continuamente la persecución política en los interrogatorios que hacen, en las amenazas a familiares, a las propias activistas, periodistas, incluso en los desalojos forzados", añade Núñez Leyva

También lamenta que en Cuba no haya refugios, ni siquiera una línea específica de ayuda. Tampoco existen mecanismos de acercamiento y de trabajo con los agresores.

"No solo es con las mujeres, es con las familias, las comunidades, un trabajo de prevención que el régimen no hace, aunque haga propaganda al millar de acciones realizadas por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) enfocadas en la prevención", señala.

Para la activista, el Gobierno de Cuba llega a la evaluación en el CEDAW con "muchas mentiras", pero también con una sociedad más sensibilizada con el tema de la violencia de género, "que sabe que es importante llamar a los feminicidios como lo que son y que sabe que es importante la prevención".

"El régimen llega con muchas carencias en un trabajo integral que deben hacer las instituciones, porque a la sociedad civil independiente no nos dejan trabajar en las comunidades", advierte.

Para la activista, el CEDAW es otra instancia internacional de importancia donde el Estado cubano puede ser señalado.

"Nos permite a nosotras contar un relato distinto al oficial de lo que está ocurriendo en el país, frente a la desinformación del régimen, la manipulación de la información, la opacidad de estadísticas y frente a la persecusión política que sufren las activistas, no solo las relacionadas con la lucha contra la violencia de género", dice.

Aun cuando el régimen termina los procesos de este tipo dando largas a las recomendaciones y en muchos casos las tilda de injerencistas y las rechaza, las activistas consideran sumamente relevante la exposición de esas deudas del Estado y de un relato que combate el discurso propagandístico.

"Esperamos que la participación del activismo independiente cubano se vuelva referente. Es importante, jugar en las mismas lides que el régimen y hacer pública esta participación se va colocando en el imaginario de la sociedad civil, conmina a sus miembros a estar presentes en próximos foros, a amplificar la información que hemos sistematizado. Es en este tipo de espacios donde podemos sacarla a la luz, tiene una resonancia, es una manera de presionar al régimen. Cambiamos el relato, contamos otra historia, presionamos a los estados para que señalen al régimen cubano, para que la complicidad entre gobiernos sea expuesta, y seguir deconstruyendo la imagen del régimen en estas instancias donde tiene mucho apoyo", opina

"Señalar, presionar, para que realmente el régimen tome medidas contra la violencia de género. También por la liberación de las presas políticas y el cese de la persecución contra la sociedad civil de la Isla", resume.

Definir la violencia política en razón de género

Sara Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión (ACI), otra de las organizaciones que presentó un informe ante el CEDAW, considera el proceso como "un camino abierto al fortalecimiento del activismo femenino de la sociedad civil, al proporcionar una base sólida de evidencias y brindar apoyo a demandas concretas".

En el caso de la ACI, explica Cuba, han buscado "documentar y analizar las formas específicas de violencia política que enfrentan las mujeres activistas, artistas y periodistas independientes que abogan por el respeto y la defensa de los derechos humanos".

"Ahí están documentadas las formas de violencia que incluyen acoso, agresión física, amenaza, intimidación y la exclusión en la participación política. La violencia política contra las mujeres es minimizada o ignorada en los discursos políticos y dan paso a su perpetuación y a la falta de protección a las víctimas de este tipo de violencia", añade.

Según la activista, el informe de la ACI se centra además en relacionar la violencia política y su invisibilización con las violencias de los derechos humanos y demostrar cómo afecta la no participación de estas mujeres en la vida política y pública del país.

"Pretendemos observar o evaluar en qué medida cumple el Gobierno con las obligaciones establecidas por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en relación con la prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres en Cuba. Esperamos que la CEDAW evalúe el contenido del informe, determine la magnitud y la seriedad de la violencia política femenina en el contexto específico de Cuba y pueda formular recomendaciones específicas", dice.

Para Laritza Diversent, directora del centro de información legal Cubalex, los temas de igualdad de la mujer siempre han sido utilizados por el Estado cubano "para venderse como un Gobierno progresista y se han dicho demasiadas mentiras" al respecto.

"Hay todo un espejo que no tiene nada que ver con la realidad que viven las mujeres dentro de la Isla y creo que la periodicidad de este examen es importante porque permite a la sociedad civil plantear diferentes problemas que tienen las mujeres. Tal vez no sean los mismos problemas que tenían en 1980 o 1990, en los años 2000 o incluso después de la pandemia, pero es relevante ir visibilizando y sensibilizando sobre la situación de la mujer en la Isla y esta es una oportunidad de hacerlo", opina.

Diversent espera que las preocupaciones del CEDAW sean más ajustadas a la realidad de hoy.

"Ya el Comité desde hace varios años se venía preocupando, por ejemplo, por la aplicación de la peligrosidad predilictiva por el trabajo sexual en Cuba, la reeducación y todo lo que implicaba la privación de la libertad. Recomendaciones al Estado exigían eliminar esta figura del Código Penal. También el tema del matrimonio en la adolescencia planteado en 2013. Ahora, el Estado hizo una modificación en el Código de las Familias y equiparó la edad para contraer matrimonio (antes las mujeres a los 14 y hombres a los 16 años) y ahora estableció los 18 años para adecuarse a la Convención de los Derechos del Niño. Pero todavía falta mucho por hacer con el tema del consentimiento, las relaciones sexuales que no están prohibidas de manera expresa entre menores y adultos", señala.

Diversent recuerda que la reforma del Código de las Familias y de la normativa penal eliminó el término peligrosidad predelictiva, pero critica que "sigue estando en esencia con las actas de advertencia, las multas administrativas que ha usado el régimen para hostigar".

Como Sara Cuba, lamenta la ausencia de recomendaciones anteriores en el tema de la violencia política contra las mujeres, el hostigamiento, la represión y la violencia contra las activistas.

"El rol de la FMC también ha sido motivo de preocupación, el CEDAW le ha hecho recomendaciones, pero la esencia de esta organización controlada por el régimen (que asimila la represión de las activistas) impide hacer un trabajo efectivo para el empoderamiento de la mujer y la eliminación de toda discriminación", agrega Diversent.

La abogada cubana indica que el Gobierno cubano recibió varias recomendaciones en 2013, el último examen al que se sometió, y que ha reaccionado a ellas de manera tardía. "Cuba debía haber presentado su informe nacional en 2017, pero no lo presentó hasta finales de 2022, casi diez años después del último escrutinio", dice.

El día 18 de octubre está programado el diálogo interactivo entre el Estado y la coalición de participantes, también habrá una reunión entre el Comité y las organizaciones de los países que van a ser examinados.

"Tenemos la oportunidad de que los expertos del Comité puedan escucharnos de manera directa, aunque también habrá que compartir espacio con las organizaciones gubernamentales", destaca Diversent.

La experiencia de la activista, quien participó en la evaluación de La Habana en 2013, es que estas organizaciones que el régimen insiste en presentar como independientes, pero controla, "se pueden poner muy agresivas". Diversent alerta de que hay publicaciones afines al régimen que han estado atacando a Cubalex por participar en este espacio.