La empresa de alquiler de viviendas Airbnb ha sido demanda por ingresar dinero de una propiedad incluida en su sitio y confiscada por el régimen de Fidel Castro en 1960, informó el diario El Nuevo Herald.
Javier García-Bengochea, médico cubanoamericano residente en Jacksonville, en el estado de Florida, acusa a Airbnb de sacar beneficios con esta propiedad expropiada por Castro tras su llegada al poder y por la cual su familia no fue compensada.
El inmueble de la querella, sito en la Avenida 33 de Marianao y anunciado en la empresa al menos desde 2017, es un edificio de seis apartamentos propiedad de la familia Parreño, entre ellos Alberto Parreño, primo de García-Bengochea, administrador del patrimonio familiar.
Según el medio estadounidense, en 1970 la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia de EEUU certificó la reclamación de Parreño sobre un tercio del terreno y el edificio, valorados entonces en 547.365.24 dólares.
La querella fue presentada este lunes en el tribunal del distrito central de Florida, con sede en Orlando. El documento argumenta que Airbnb siguió anunciando la propiedad entre agosto de 2019 y mayo de 2022, incluso después de habérsele notificado que estaba siendo reclamada.
La Administración del expresidente de EEUU Donald Trump permitió a los ciudadanos estadounidenses demandar a terceros por utilizar bienes confiscados por las autoridades cubanas, una disposición de la Ley Helms-Burton a la que todos los presidentes anteriores habían renunciado desde la aprobación de la ley en 1996.
Según el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, existen 5.913 reclamaciones certificadas por bienes incautados en Cuba que representan casi 2.000 millones de dólares en responsabilidad.
Hasta 2023 se habían presentado 44 demandas bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, según esta organización.
En enero de 2022, Airbnb Inc., con sede en Estados Unidos, llegó a un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de ese país para pagar una multa de 91.172 dólares por aceptar en Cuba a huéspedes estadounidenses que viajaron sin estar incluidos en las 12 categorías autorizadas por Washington.
La suma acordada con la entidad del Departamento del Tesoro permitiría a la empresa liquidar su posible responsabilidad civil por presuntas violaciones de las sanciones contra La Habana. Asimismo, la OFAC imputó a Airbnb por tener desactualizados algunos registros obligatorios asociados con sus operaciones en la Isla.
La empresa global que gestiona renta de casas en casi todo el mundo fue la primera empresa estadounidense de importancia en comenzar a operar en Cuba después del acercamiento entre Washington y La Habana en 2014.
Entre 2016 y 2017, cuando Airbnb podía ofrecer su servicio a turistas de cualquier nacionalidad, Cuba se convirtió en el mercado de mayor crecimiento para la compañía.
Según una investigación de Raúl Santiago-Bartolomei, especialista puertorriqueño en Desarrollo y Planificación Urbana que estudió la presencia de Airbnb en La Habana, entre 2015 y 2017 el número de reservas mensuales aumentó allí más de 12.000%. Y entre finales de 2016 y marzo de 2020, los ingresos mensuales totales de Airbnb en La Habana oscilaron entre los cuatro y los diez millones de dólares, según el periódico argentino El Diario.
Hace bien en tratar de raspar algo, pero no creo que tenga mucho recorrido a no ser que se meta la política de por medio, el termino para reclamaciones de inmuebles prescribe a los 30 años y ese termino ya se ha duplicado, ademas si piensa que en la Habana le van a pagar algo, mejor que se acueste a ver Netflix.