El régimen cubano cerrará, multará y podría aplicar decomisos en los establecimientos comerciales que a partir del próximo 2 de febrero no cuenten con medios electrónicos de pago, reportó el diario oficial Granma.
A finales de noviembre de 2023, Joaquín Alonso Vázquez, el ministro presidente del Banco Central de Cuba advirtió que "un comercio no podrá prestar servicio si no ofrece condiciones para que la población también pueda pagar por las pasarelas". La primera fecha anunciada fue 2 de enero. Al parecer, las autoridades cubanas se vieron obligadas a extender el plazo para que los comercios instalaran los mecanismos digitales.
Desde el próximo 2 de febrero se establece como requisito para los establecimientos comerciales inscritos en el Registro Central Comercial (RCC), "poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor", detalló Granma.
Lo anterior parte de la Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN). Funcionarios de esa entidad señalaron que a las personas naturales y jurídicas que no garanticen las facilidades de pago, el RCC procederá a la suspensión de la actividad comercial, mediante el retiro del Certificado Comercial.
El Gobierno también prevé imponer otras medidas: La imposición de multas, el cierre del establecimiento y el decomiso de los instrumentos, equipos, mercancías o efectos que dan lugar a la contravención. Esto último se aplicaría ante "la reiteración del incumplimiento", según el reporte oficial.
Los funcionarios del MINCIN, quienes no fueron identificados por Granma, dijeron que el pago electrónico es "una modalidad opcional y un derecho para el consumidor".
La Resolución 93 del MINCIN va dirigida a personas naturales y jurídicas que realizan actividades de comercio mayorista, venta de mercancías, servicios gastronómicos y de alimentación social, así como la prestación de servicios comerciales y técnicos de uso personal y doméstico.
Los únicos establecimientos que se excluyen de lo dispuesto en la norma jurídica son los ubicados en las zonas de silencio (sin acceso a internet), certificados por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA).
Sobre la demora en la adopción de los nuevos medios de pago, Joaquín Alonso Vázquez, el ministro presidente del Banco Central de Cuba, reconoció a finales de noviembre que "el país no puede avanzar como otros". Atribuyó los retrasos al embargo de EEUU, la justificación habitual del régimen para todos los problemas de la Isla.
A inicios de noviembre, se hizo oficial en Cuba la Resolución 245/2023, que obliga a las empresas y comercios estatales y no estatales a operar usando al menos un canal de pago electrónico. El Ministerio de Finanzas y Precios, que emitió la resolución, indicó que su objetivo es "transparentar las transferencias de ingresos y de gastos de la actividad que desarrollan las personas naturales de varios sectores de la economía y la sociedad".
Un mes antes, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoció en el programa televisivo Mesa Redonda que la bancarización avanzaba a expensas de los recursos de los trabajadores cubanos. "A pesar de no tener todo el equipamiento y la infraestructura desde el punto de vista tecnológico, los trabajadores han aportado incluso sus medios, sus recursos para impulsar esta actividad", señaló.
La ministra admitió que los dependientes estaban usando sus celulares, a falta de los dispositivos que debería garantizar el Gobierno en su cruzada contra el efectivo y por la consolidación del comercio electrónico.
