El Gobierno de Cuba postergó la aprobación de la ley de acceso a la información, que debió ser sancionada en el presente mes, según el cronograma legislativo fijado en mayo por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La norma fue pospuesta para abril de 2024, según el nuevo cronograma aprobado este viernes por el máximo órgano legislativo de Cuba, informó el medio estatal Cubadebate.
Este es el segundo aplazamiento de la ley, prevista originalmente para octubre de 2022. Tras la publicación en noviembre del anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, parecía que Cuba dejaría de formar parte de la reducida lista de países de la región que no cuentan con una norma para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información de carácter público.
No obstante, el anteproyecto de la norma restringe severamente el acceso de los cubanos a la información e incumple los estándares internacionales.
La Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información señaló en noviembre, entre otras limitaciones, que el anteproyecto presenta "un entendimiento restrictivo" del concepto de información pública, pues su Artículo 2.1 se refiere "únicamente a aquella información que tienen o custodian los sujetos obligados, en lugar de referirse a las 'Actividades de Interés Público'".
Otra carencia del anteproyecto, de acuerdo con la organización regional, es que, "a diferencia de los estándares en la materia", el anteproyecto de la norma cubana "no contempla el principio de 'máxima publicidad', ni prevé que la persona solicitante no debe explicar las razones por las cuales solicita la información".
El Observatorio Legislativo Cubano llamó la atención sobre el hecho de que ni los órganos judiciales ni la Asamblea Nacional del Poder Popular ni el Consejo de Estado se encuentran entre los sujetos obligados a transparentar información.
La organización también advirtió que la criminalización de los medios independientes lastra el acceso real a información transparente.
El abogado Edel González Jiménez, experto legal de DIARIO DE CUBA, analizó, en una entrevista reciente, dos decretos leyes que el régimen aprobó para asegurarse de que sea el Ministerio del Interior el que controle el acceso de los cubanos a la información.
Otras normas previstas para 2023 y finalmente pospuestas son la ley de Migración y Extranjería y la de Empresas, que deben ser aprobadas en julio 2024, según el nuevo cronograma; la de Posesión y Uso de la Tierra (diciembre 2024), y la de Ordenamiento de la Migración Interna (diciembre 2025).
Con el aplazamiento de estas normas, el Parlamento cubano mantiene la tendencia de incumplir su propio cronograma legislativo.
Varias leyes que serían aprobadas en 2024, de acuerdo con el cronograma establecido en mayo, fueron postergadas para 2025. Entre ellas aparece la de Vivienda, que debió ser sometida al criterio de los diputados en diciembre de 2020, según el calendario fijado en 2019.
En diciembre de 2022, el ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera Martínez, aseguró que esa y otras leyes estaban "en un estado avanzado de elaboración". Sin embargo, acaba de ser nuevamente pospuesta, ahora para junio de 2025.
En esa fecha deben ser también aprobadas la Ley de Identidad y la de Seguridad Social. La de Servicios Policiales y la de Patrimonio Estatal quedaron aplazadas para diciembre de 2025.
Respecto a los a los decretos leyes, los cinco que quedaron pendientes de 2023 fueron trasladados a 2024. En ese año deben aprobarse otros diez, para un total de 15.
De esta forma, para el periodo 2024-2027 se prevé en Cuba la elaboración y aprobación de 46 leyes y 23 decretos leyes.
¿Y qué más da?