La Alianza Regional por la Libertad de Expresión y Asociación criticó las restricciones al acceso a la información pública contenidas en el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que prepara el régimen cubano.
En un documento enviado a la redacción de DIARIO DE CUBA, la organización señaló "una serie de vacancias y limitaciones relevantes en relación a los estándares regionales, internacionales y a las buenas prácticas existentes en la materia".
Cuba es uno de los pocos países que no cuenta con una norma para garantizar que los ciudadanos accedan a la información de carácter público, pese a que ese es uno de los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal, de la que es signatario el Estado cubano.
Esa situación debe cambiar en diciembre, fecha en la que está prevista la aprobación de la norma, según el cronograma legislativo publicado en mayo. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información debió ser sancionada en octubre de 2022, pero fue postergada.
Pero, aunque la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) no incumpla nuevamente su calendario y apruebe esta ley, el acceso de la ciudadanía a la información estará severamente restringido, según los señalamientos de la Alianza, que en junio lanzó la segunda edición de la campaña #TenemosDerechoASaber, junto a organizaciones de la sociedad civil y medios independientes cubanos.
Justamente sobre el concepto de "información pública" la organización apunta que el anteproyecto presenta "un entendimiento restrictivo", pues su Artículo 2.1 se refiere "únicamente a aquella información que tienen o custodian los sujetos obligados, en lugar de referirse a las 'Actividades de Interés Público'".
Esta denominación, contenida en el Artículo 1 de la Ley Modelo OEA, incluye "aquellas materias o áreas de gestión que debieran ser resueltas mediante decisiones políticas gubernamentales, en cualquiera de los niveles de organización política administrativa, legislativa o judicial, que busquen satisfacer el máximo interés de la comunidad", compara la Alianza.
Otra carencia del anteproyecto, de acuerdo a la organización regional, es que, "a diferencia de los estándares en la materia", el anteproyecto de la norma cubana "no contempla el principio de 'máxima publicidad', ni prevé que la persona solicitante no debe explicar las razones por las cuales solicita la información".
La organización también considera "poco clara" la redacción sobre las personas e instituciones obligadas a proporcionar la información solicitada. "No especifica si las agencias judiciales y legislativas se encuentran alcanzadas por la Ley", critica la Alianza.
Otro aspecto que señala la organización está relacionado con la información presupuestaria. El anteproyecto solo contempla "resúmenes de informes de balance; los presupuestos, que incluyan la descripción de sus principales partidas, y su ejecución anual". Esto contrasta "de forma marcada con los estándares regionales e internacionales en la materia".
El Artículo 20.1 del anteproyecto de la ley cubana de acceso a la información establece una "prueba del daño", que consiste "en demostrar mediante un examen de ventajas y riesgos en una circunstancia dada, la ponderación que se realiza entre el daño que la divulgación de cierta información genera en los derechos y principios, contra el beneficio que reporta dar a conocer esa información".
Al respecto, la Alianza Regional apunta que "al no postular sobre la base de qué estándares o parámetros se mide ese riesgo, queda abierta la posibilidad a un conjunto de interpretaciones subjetivas y discrecionales".
A diferencia de la norma que prepara el régimen cubano, "los estándares indican que este análisis no puede referirse a un daño o perjuicio hipotético, y debe argumentarse también que no hay otro medio alternativo menos lesivo para el interés público de conocer la información", dice la organización regional.
Sobre las restricciones basadas en la defensa y la seguridad nacional que, como en otras normas de Cuba, aparecen en este anteproyecto, la Alianza reconoce que "los estándares regionales contemplan estos ámbitos como una excepción a la divulgación de información".
Sin embargo, dichos estándares "detallan de forma clara aquellos casos específicos en los cuáles puede argumentarse problemas vinculados a la defensa y la seguridad nacional".
En el anteproyecto de la norma cubana, no se especifica "ninguna causa concreta, quedando abierto a la valoración subjetiva de la autoridad pública competente", critica la Alianza.
El anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información fue publicado en los sitios estatales Cuba.cu y Citma.gob.cu, este 6 de noviembre. El régimen suele darl al menos un mes de plazo a los cubanos para que consulten los anteproyectos de sus normas y envíen sus opiniones.
Esa práctica crea la apariencia de que los criterios del pueblo son importantes, aunque el régimen solo toma en cuenta aquellas opiniones que están alineados con sus intereses. Por otra parte, muchos ciudadanos no disponen de la tecnología para descargarse los anteproyectos en formato digital ni para enviar sus criterios por correo electrónico. La vía que ofreció el régimen para ejercer ese derecho fue escribir a la dirección [email protected].
Pero resulta llamativo que, en esta ocasión, la consulta está abierta hasta el 13 de noviembre, según la publicación del sitio Citma.gob.cu. Ello representa un plazo de apenas una semana, en un país donde internet es extremadamente caro, además de lento, y donde no todos los ciudadanos tienen computadora o teléfono móvil inteligente.
En la publicación de Cuba.cu, el plazo para consultar el anteproyecto y enviar criterios finaliza incluso antes, este 10 de noviembre.
Como les gusta a los políticos modificar la redacción de lo ya redactado para mantenerse entretenidos en guanajadas varias.
¿Hace falta modificar "panfletos normativos" para dejarlos igual o peor que antes?