La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba celebrará su segundo periodo ordinario de sesiones en la X Legislatura el 20 de diciembre, según informó este órgano en su página web este lunes. En esas sesiones, los diputados deben aprobar varios proyectos de leyes elaborados según los intereses del régimen y que fueron incluidos en el cronograma legislativo establecido en mayo.
Las reuniones comenzarán a las 9:00AM del 20 de diciembre y tendrán lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana.
Una de las propuestas que se someterá al criterio de los diputados es el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que debió ser sancionada en octubre de 2022, pero fue postergada para casi un año después.
El proyecto de esta norma fue publicado el 6 de noviembre en los sitios estatales Cuba.cu y Citma.gob.cu, con el objetivo, según el Gobierno, de que los cubanos lo consultaran y enviaran sus opiniones. Para ejercer ese derecho contaron con apenas una semana y solo podían hacer llegar sus criterios a través de correo electrónico, en un país donde internet es cara y lenta, no todos los ciudadanos disponen de la tecnología para descargarse una norma y estudiarla.
La Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información y el Observatorio Legislativo Cubano han señalado que la norma nace con severas restricciones al ejercicio del derecho constitucional que debe garantizar y no cumple los estándares internacionales en la materia.
Otras leyes que deben ser aprobadas en este periodo de sesiones de la ANPP son las leyes de Salud Pública, la Fiscalía Militar y el Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas, previstas en realidad para octubre.
Los proyectos de estas normas fueron publicados en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), "con el objetivo de promover la participación ciudadana en este proceso y contribuir a la cultura jurídica", según informó el medio estatal Granma a mediados de mes.
Sin embargo, la Asamblea Nacional no está obligada a tener en cuenta los criterios de la ciudadanía. La consulta popular en Cuba no es vinculante, según se establece en el Artículo 108 c) de la Constitución y en los artículos del 212 al 217 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado.
Otras normas que, según el cronograma legislativo fijado en mayo, debían ser aprobadas en diciembre son la Ley de Ordenamiento de la Migración Interna, la Ley de Migración y Pasaporte, la Ley de Extranjería, la Ley de Empresas y la Ley del Presupuesto del Estado. Los anteproyectos de esas futuras leyes no han sido publicados hasta la fecha.
Mucho más tendrán que esperar los cubanos para contar con una ley que regule el derecho constitucional a manifestarse con fines pacíficos, pues la norma que debe garantizarlo fue excluida del cronograma aprobado para los próximos cinco años.
Esta norma —prevista originalmente como decreto ley para septiembre de 2020 y postergada hasta después de 2022— no tiene fecha de aprobación hasta el momento. El régimen cubano la escamoteó del calendario legislativo sin explicaciones.
La Ley de Vivienda, que según el cronograma aprobado por la ANPP en 2019 debió ser sometida al criterio de los diputados en diciembre de 2020, tendrá que esperar hasta julio de 2024, pese a que, en diciembre de 2022, el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, aseguró que esa y otras leyes estaban "en un estado avanzado de elaboración".
Por cierto, pronto estrenan aquí en los cines Kong vs. Godzilla.
Desde 1959, Acuerdos, asambleas, reuniones, congresos, cumbres, blablablá, blablablá, que si patatín, que si patatán y todo va de mal en peor. Bueno, con algo hay que entretenerse