El Ministerio de Justicia (MINJUS) de Cuba aprobó el Manual de Funcionamiento de la Defensoría en materia civil, familiar, mercantil, trabajo y seguridad social de las personas en situación de vulnerabilidad, informó el medio estatal Granma.
Tras la aprobación de la Ley del Código de Procesos, el 28 de octubre de 2021, y del Código de las Familias, el 22 de julio de 2022 (incluso antes de ser sometido a referendo), la entidad quedó encargada de elaborar esa norma. Esta fue publicada en la Gaceta Oficial de la República No. 96 Ordinaria, de este mes, bajo el nombre de Resolución 496/2023 Manual de Funcionamiento de la Defensoría.
De acuerdo al medio estatal, el Manual establece los principios generales para cumplir la misión del Estado cubano de proteger, garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes; personas en situación de discapacidad; adultos mayores; y personas declaradas judicialmente ausentes, víctimas de discriminación o violencia, y otras que se puedan encontrar en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, muchos cubanos en situación de vulnerabilidad por discapacidades físicas y enfermedades que los incapacitan para trabajar denuncian el desamparo que sufren por parte de ese Estado cuya misión es protegerlos, como reconoce el recién aprobado manual.
Lo dispuesto en la norma resulta aplicable "a la Defensoría, unidades notariales y las instituciones pertenecientes al sistema del MINJUS que se definan", recogió Granma.
En la mencionada misión intervienen defensores y consultores, que son remunerados por los asuntos en los que tomen parte, explicó el órgano oficial del Partido Comunista, sin aclarar a cuánto ascenderán dichas remuneraciones. Cuba atraviesa una crisis económica que engulle los salarios. Los trabajadores se quejan del divorcio entre estos y los precios que deben pagar por productos básicos como la comida.
De acuerdo a Granma, los servicios pueden ser solicitados por instituciones estatales, gubernamentales o terceros interesados.
Las direcciones provinciales de Justicia deben garantizar "que los espacios en los que se atienden a los defendidos tengan las condiciones y los aseguramientos materiales mínimos que permitan su desempeño, así como la accesibilidad de movilidad, comunicación e información, y la privacidad necesaria", explicó Granma.
En 2018 la independiente Red de Cultura Inclusiva mostró la existencia de barreras arquitectónicas, así como el mal estado de las vías públicas y la falta de voluntad política del Estado cubano para resolver esas situaciones que afectan la accesibilidad, en un spot de su campaña La discapacidad no nos limita, tu actitud sí.
La situación descrita por la asociación no ha mejorado en estos cinco años. En contraste, el Gobierno de Cuba proyecta su industria de los viajes para facilitar las estancias a personas con discapacidades o movilidad reducida, según afirmó el presidente de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible, en julio.
La existencia de barreras arquitectónicas y el mal estado de las vías públicas violan el Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, referido a accesibilidad.
Al régimen cubano le tomó más de seis décadas crear defensorías para las personas en situación de vulnerabilidad, un grupo que no para de crecer en la Isla. La creación de esas instituciones fue anunciada en febrero, 64 años después del triunfo de la Revolución.
