El Ministerio de Justicia (MINJUS) de Cuba admitió deficiencias en su trabajo durante 2022, como el maltrato a la población y la demora en responder a planteamientos, en el balance anual del trabajo de la institución, publicó el diario estatal Granma.
"En sentido general, se identificaron como deficiencias del año 2022 la insuficiente gestión integral de la política de cuadros y de los recursos humanos, en especial en la capacitación técnica vinculada al puesto de trabajo; la subsistencia de dificultades en el desempeño de algunos notarios y registradores, en especial de los del Estado Civil", reseñó Granma.
"Se identificó, por ejemplo, el maltrato a la población, la falta de sensibilidad, errores, la exigencia de documentos innecesarios y otras de carácter organizativo, debido al incumplimiento de las indicaciones del MINJUS; la demora, en algunos casos, en la respuesta a los planteamientos e inconformidades de la población, y el no alcance del nivel de informatización que demandan los procesos internos", añadió.
Como suelen hacer las instituciones subordinadas el régimen cubano, el MINJUS se escudó en el embargo estadounidense para justificar su gestión. El cumplimiento de sus funciones "se desarrolló en un contexto complejo caracterizado por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, el incremento de la subversión político-ideológica y, especialmente, por el aumento sistemático, en cifras históricas, de la demanda de servicios notariales y registrales en el territorio nacional", señaló el Granma antes de mencionar las deficiencias del Ministerio.
No obstante, "la profesionalidad, la sensibilidad y la decencia en el ejercicio de las funciones", que constituyen "valores" que la institución proyecta consolidar en 2023, no tienen nada que ver con el embargo de EEUU.
Respecto a los trámites realizados por los cubanos, aumentaron las solicitudes de poderes especiales, las autorizaciones para la obtención de pasaportes de personas menores de edad, la compra-venta de viviendas y vehículos de motor, y los testamentos respecto a las declaratorias de herederos.
Aunque el medio estatal evitó mencionarlo, esos trámites reflejan la crisis migratoria que atraviesa Cuba, donde las personas venden sus viviendas a precios muy bajos para emigrar.
En febrero pasado, el periódico estatal Girón reconoció que el Registro del Estado Civil (REC), institución que posee una deficiente infraestructura, se había visto desbordado con la cantidad de solicitudes que recibía a diario de cubanos, en su inmensa mayoría con la intención de abandonar el país.
"En el periodo se autorizaron 793.413 documentos notariales al cierre de diciembre de 2022, el doble de la cifra obtenida en 2021, que fue de 376.719, al ser atendidas aproximadamente 1.600.000 personas naturales y jurídicas", recogió Granma.
Pese a las deficiencias reconocidas y a la necesidad de consolidar los "valores" mencionados, el primer ministro Manuel Marrero Cruz "destacó la profesionalidad de los juristas cubanos", según Granma.
Sin embargo, llamó a profundizar en cuestiones como la política de cuadros que, dijo, "no se puede desligar del trabajo con los jóvenes, y que debe ir acompañada de la formación de valores y la preparación profesional para la actividad laboral", lo citó el medio estatal.
Marrero Cruz también reconoció que la implementación, control y seguimiento de las leyes aprobadas en Cuba adolece de sostenibilidad.
Según Granma, hizo énfasis en el asesoramiento al cumplimiento del Cronograma legislativo y afirmó que el MINJUS ha realizado "un arduo trabajo en esta materia".
Sin embargo, un análisis de DIARIO DE CUBA a finales de 2022, un año en el que se aprobó menos del 50% de las leyes previstas, demostró que el régimen cubano se aseguró aprobar aquellas normas que le interesaban, como la Ley de Expropiación. Esta norma ni siquiera estaba entre las previstas inicialmente en el calendario elaborado por la Asamblea Nacional en 2019.
El primer ministro también resaltó la labor de los juristas cubanos en el juicio iniciado por el grupo de acreedores CRF I Limited en las Reales Cortes de Justicia en Londres.
Marrero Cruz recordó que el juzgado londinense dictó que CFR I Limited no es acreedor del Estado cubano, pero obvió la parte de la decisión que reconoció al grupo inversor como legítimo acreedor del estatal Banco Nacional de Cuba. Los medios oficiales de Cuba han ignorado esa parte de la sentencia.
