El régimen anunció la creación de Defensorías territoriales para atender a cubanos en situación de vulnerabilidad, cuando han transcurrido 64 años desde el triunfo de la Revolución y el número de personas que vive en esa situación crece por día.
La Defensoría será la institución encargada de proteger, garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad en el entorno civil, familiar, laboral y mercantil, según explicó el coordinador de la Actividad Legislativa del Ministerio de Justicia (MINJUS), Alejandro Redondo Ramos, a la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN).
La labor de la defensoría incluye la atención a niñas, niños, adolescentes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, víctimas de discriminación o violencia, entre otros casos.
Entre las funciones específicas del defensor, el funcionario mencionó la de representar legalmente el ejercicio de los derechos de estas personas, sin distinción de grupo etario, en sede notarial, judicial y el resto del ámbito extrajudicial.
También se encarga de coordinar la gestión y solución armónica de los conflictos familiares con las Oficinas de Mediación, así como con los órganos del Estado, organizaciones sociales y de masas, representados por sus respectivas instancias territoriales.
Redondo Ramos admitió que el Código de la Familia que rigió en Cuba desde 1975 hasta que fue reemplazado en 2022, no reconocía la institución de la Defensoría. Esta nueva estructura, señaló, parte de dos normas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular: el Código de las Familias y el Código de Procesos.
Ambas leyes, en sus disposiciones finales, encargan al ministro de Justicia la implementación de una Defensoría, por lo que resulta necesario crear una estructura organizativa en el órgano central del MINJUS para cumplir estos encargos, acotó ACN.
El Código de las Familias, publicado con carácter de ley en la Gaceta Oficial de la República, antes de que votaran a su favor menos del 70% de los cubanos y se abstuviera el 25,88%, fue criticado, entre otras causas, porque con él el régimen trasladó las responsabilidades del Estado con las personas vulnerables a los ciudadanos y las familias.
El Artículo 230.1 del nuevo Código de las Familias reza: "El derecho de habitación es aquel por el que una persona natural puede residir de forma gratuita en un inmueble ajeno o en parte de este". Como explicaron especialistas oficialistas en debates televisivos enfocados en la promoción del Código, y lo deja implícito el propio artículo en sus incisos, es de carácter temporal y depende de determinadas condicionantes, lo que hipotéticamente lo clasifica como una medida excepcional.
En esencia obliga al propietario de una vivienda a dar habitación, lo que en la mayoría de los casos equivale a convivir, con un exconyugue o expareja de hecho que, sin tener derecho legal sobre el inmueble, está en situación de vulnerabilidad. Sea por razones de salud, insolvencia económica o por tener hijos menores, aunque no sean del propietario.
Por otra parte, el problema de la vivienda obliga a mujeres víctimas de violencia machista a vivir bajo el mismo techo que sus maltratadores. En Cuba no existen casas refugio para estas víctimas, que muchas veces no denuncian los maltratos. Las mujeres que sí denuncian violencia o acoso, muchas veces no son atendidas por la Policía.
La nueva figura del defensor representará a las personas en situación de vulnerabilidad que requieran de tutores, representantes o apoyos hasta que se les provea de estos.
También estará presente en los casos en que, teniendo tutores, existan intereses contrapuestos o si la situación concreta les impide defender adecuadamente sus bienes y derechos, explicó Redondo Ramos.
Cuando una persona en situación de vulnerabilidad acuda a una defensoría en Cuba, o su caso se detecte a través de otras instituciones, se escogerá su defensor y se realizará un análisis de su situación con el apoyo de consultores de diferentes especialidades, añadió.
Con los resultados que arroje este trabajo, se realizará una estrategia, se decidirá el mejor método para abordar el problema y, en caso de ser necesario, se remitirá a otras instituciones competentes, como la Policía Nacional Revolucionaria o la Fiscalía General de la República, dijo.
Se prevé la creación de un Departamento de Defensoría dentro de las Direcciones Provinciales de Justicia, y una Dirección en el MINJUS para su coordinación y control metodológico.
Setenta juristas de todas las provincias de Cuba recibirán un seminario de capacitación durante 21 y 22 de febrero, con el objetivo de prepararse para la creación y desarrollo de las Defensorías en los territorios.
El coordinador del MINJUS aseguró, citado por ACN que la institución "pondrá a Cuba en la vanguardia, pues se trata de una cuestión novedosa incluso a nivel internacional, donde existen otras defensorías pero no operan sobre la base de relaciones privadas".
En Cuba es cada vez mayor el número de personas en situación de vulnerabilidad por no tener vivienda o habitar una en pésimas condiciones, cobrar una jubilación escuálida, que no alcanza para cubrir las necesidades fundamentales, o tener una discapacidad y no contar con una pensión digna. En 64 años de Revolución, el régimen cubano no ha sido capaz de resolver esas situaciones, que continúan empeorando.
¿La “ nueva estructura” tiene ya un presupuesto para activar su funcionamiento? Las casas refugio para las víctimas son una buena idea.