Pese a los innumerables reportes de colegios electorales vacíos y a la imposibilidad matemática de que hubiera ejercido su derecho al voto en tales circunstancias la cantidad de cubanos que el Gobierno dice que lo hizo, el oficial Consejo Electoral Nacional (CEN) certificó que el 75,87% del padrón electoral de Cuba votó el domingo último.
Esa cifra es algo menor que el 75,92% reportado preliminarmente por el propio CEN el domingo.
Tras ese ejercicio, antecedido por una fuerte campaña de propaganda de las autoridades, habrían sido elegidos los 470 candidatos propuestos para ocupar igual cantidad de asientos en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que asumirá el 19 de abril próximo.
Esos candidatos, más del 80% de ellos funcionarios y cargos del Estado y Gobierno, y la mayoría militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC), terminaron con más del 50% de votos válidos, según dijo Alina Balseiro, presidenta del CEN, citada por el sitio oficial Cubadebate.
En conferencia de prensa, la funcionaria aseguró que de un padrón actualizado de 8.129.321 electores, ejercieron su derecho al voto 6.167.605 personas, el 75,87% del padrón electoral.
Del total de boletas depositadas en las urnas, fueron válidas el 90,28%; en blanco el 6,22% y anuladas el 3,50%. Del total de los votos válidos emitidos, el 72.10% fueron por todos, y el 27.90% votos selectivos, afirmó.
Balseiro dijo que esos resultados ratifican que "la calidad del voto fue superior a la alcanzada en el proceso electoral más próximo, las elecciones municipales, y que todos los diputados recibieron los votos necesarios al prevalecer el voto por todos".
Sin embargo, esas cifras no son contrastables de manera independiente y numerosos expertos, así como activistas y grupos de la sociedad civil independiente ponen en duda su veracidad.
La funcionaria evitó decir que las votaciones, si bien contaron con mayor asistencia que las del referendo del Código de las Familias, de septiembre de 2022, y las municipales de noviembre del propio año, sí tuvieron la asistencia más baja de un proceso para la ANPP en la Isla desde 1959.
Comparadas, la tasa de participación fue casi diez puntos porcentuales menor que la registrada en las parlamentarias de 2018, previo al mes de abril de ese año, cuando Raúl Castro designó a Miguel Díaz-Canel como su sucesor.
La cifra se aleja considerablemente de la media histórica antes de 2018, por encima del 90%, y confirma la tendencia de los cubanos a demostrar su desacuerdo con el rumbo del país en las urnas.
Proyecto Inventario confirmó lo anterior. Según sus cifras, pese a tener hoy el país un padrón con 519.917 electores menos que en 2018, el domingo se registró que 715.098 ciudadanos más decidieron no asistir a las urnas.
Asimismo, el porcentaje de boletas en blanco y anuladas también creció con respecto a 2018. En esa ocasión las boletas en blanco fueron el 4,32%, las anuladas el 1,26% y las válidas el 94,42%. Cinco años después, las boletas en blanco aumentaron al 6,22%, las anuladas al 3,50% y las válidas se redujeron al 90,28%.
"El 'Voto por todos', opción promovida por el Gobierno durante toda su campaña de propaganda, también decreció respecto a los resultados de 2018", subrayó Proyecto Inventario.
Los resultados oficiales contrastan con las abundantes denuncias en torno a la baja participación manifiesta en diversas zonas del país, las violaciones de la norma electoral y el empleo de formas de coacción para obligar al voto, incluido el uso de niños que fueron de puerta en puerta para llamar a votar durante las semanas previas al ejercicio.
Las plataformas independientes cubanas Observadores de Derechos Electorales (ODE), Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE) y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales (COPE) denunciaron que las "elecciones" fueron las más irregulares llevadas a cabo en el país desde 1976.
Esas plataformas señalaron que las autoridades electorales "normalizaron las anomalías de forma, violatorias de la Ley Electoral 127, que se han observado en los últimos procesos electorales" como la "no publicación de los padrones electorales con el tiempo de antelación requerido, colegios electorales en los que aquellos no fueron colocados a la vista de los electores, o en los que votaban personas no inscritas".
Entre varias cuestiones, denunciaron la represión desatada contra activistas y observadores que pretendían monitorear el escrutinio "tal y como autoriza y respalda la Ley, y en congruencia con el llamado hecho por Balseiro para que todos los ciudadanos acompañaran el conteo de los votos".
En contradicción con ese llamado, "en muchos colegios electorales se le negó la entrada a cualquier ciudadano, y muchos de ellos, también activistas, fueron detenidos, sus casas sitiadas, amenazados con fuertes represalias y hasta golpeados por el ejercicio de sus derechos constitucionales".
Por todo lo anterior, las plataformas expresaron "serias dudas sobre los resultados que se ofrecieron a lo largo de la votación y que no parecen corresponderse con la rigurosa observación independiente, con los testimonios espontáneos de la ciudadanía y con la profusión de imágenes, índices todos en la dirección de mostrar la baja participación ciudadana en la votación a lo largo del país".
"Extender la votación por una hora más, sin razones de fuerza mayor como establece la Ley Electoral, agrega una cifra de votantes extra legales, que aporta más dudas al escrutinio cerrado de la jornada electoral. Ello abona la sensación ciudadana, que comienza a aflorar, de que las cifras oficiales de participación no concuerdan con el comportamiento real del electorado", declararon las plataformas.
