Los cubanos ya pueden consultar los anteproyectos de las leyes de la Fiscalía General de la República y de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y de la Gestión Administrativa, que ya se encuentran publicados en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Según una nota publicada en el portal estatal Cubadebate, la ANPP también habilitó los respectivos correos electrónicos para que la ciudadanía pueda emitir sus opiniones sobre ambos anteproyectos.
Las disposiciones, señala Cubadebate, serán sometidas a análisis y discusión por los diputados cubanos, con vistas a su presentación a la ANPP. Esta suele aprobar por unanimidad todos los proyectos de leyes que le son presentados por los órganos del Estado cubano.
Ambos órganos ejercieron el pasado 18 de octubre la iniciativa legislativa ante el presidente de la Asamblea, Esteban Lazo Hernández, en correspondencia con lo estipulado en el artículo 164 de la Constitución, recuerda Cubadebate.
Respecto al anteproyecto de Ley de la Fiscalía General de la República, que puede ser descargarse en formato pdf, la nota del medio oficial destaca que en la propuesta "se identifican los principios rectores de la actividad de la Fiscalía, partiendo de la defensa del Estado socialista de derecho y justicia social; determina el alcance de la actuación para garantizar el cumplimiento de la misión fundamental y, perfecciona los objetivos y funciones del órgano, en correspondencia con el nuevo encargo constitucional y los impactos de la reforma judicial y procesal, entre otros aspectos".
Menos de una semana atrás, el vicefiscal general de la República, Marcos Caraballo de la Rosa, negó en la televisión estatal que las protestas ocurridas en Cuba por el apagón generalizado, tras el paso del huracán Ian, constituyeran el ejercicio de un derecho. Por el contrario, afirmó que estas habían atacado diversos bienes jurídicos, como el orden público y la tranquilidad ciudadana, que consideró "relevantes para el derecho penal" y que "en el Código Penal aparecen como figuras delictivas, como conductas antijurídicas y punibles"
En febrero pasado, Miguel Díaz-Canel elogió a trabajadores y jefes de la Fiscalía en Cuba por ser sostén del régimen como "Estado socialista de derecho" y les agradeció por "crecerse" en medio de lo que calificó de "tremenda atmósfera de agresividad imperial" y "calumnias", en referencia a la actuación suscitada por él mismo tras un llamado al combate para aplastar las manifestaciones del 11 de julio.
El gobernante felicitó a los trabajadores de ese órgano durante una reunión de trabajo del aparato judicial del Gobierno correspondiente a 2021, en la que participaron fiscales jefes provinciales, de ciudades capitales, de municipios y de miembros de su Consejo de Dirección ampliado.
Con vistas a 2022, Díaz-Canel ordenó a la Fiscalía "defender el concepto de que el bloqueo va a seguir y continuará recrudeciéndose", y en ese sentido exigió "saltarlo desde la resistencia creativa, que significa que, en medio de la resistencia, hay que crear e innovar".
En mayo pasado, DIARIO DE CUBA reveló un material audiovisual titulado Así se pacta la justicia en Cuba, que reflejaba la confabulación entre la Fiscalía, el Tribunal Supremo Popular (TSP) y el Ministerio del Interior (MININT), para responder a los intereses del régimen.
En el video se apreciaba una reunión de 2018 encabezada por el presidente del TSP, Rubén Remigio Ferro, y en la que participaba Peña Ojeda, además de varios otros funcionarios del TSP y del MININT.
El material evidenció la veracidad de las declaraciones que ofreció el ex fiscal exiliado Raucel Ocaña Parada, de Palma Soriano en Santiago de Cuba, al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), a principios de mayo de 2022.
Ocaña Parada había denunciado que en los juicios contra manifestantes del 11J influenciaron "órganos, instituciones que responden a los intereses del Estado, del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba" y que era "interés del Gobierno, el Estado y el Partido", que se sancionara con la mayor severidad posible, "sin ningún tipo de benevolencia".
Respecto al anteproyecto de Ley de la Contraloría General de la República de Cuba y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y de la Gestión Administrativa, que los cubanos también pueden descargar en pdf, Cubadebate señala que este introduce cambios respecto al Título o nombre de la Ley actual De la Contraloría General de la República de Cuba, para hacerlo corresponder con la trascendencia de la misión fundamental conferida por la Constitución.
Esto implica la regulación de aspectos de mayor alcance relacionados con los sujetos de las acciones de control, los sistemas de Control y Supervisión del Estado, de Control Interno, Externo y la intervención de las personas, por lo que se precisa el cambio propuesto, dice Cubadebate.
Ambas normas estaban previstas para ser aprobadas en octubre pasado, de acuerdo al cronograma legislativo anunciado a finales de 2021 por la ANPP. Dentro de ese calendario, el régimen ha privilegiado las normas de su interés en detrimento de las que podrían, de alguna forma, beneficiar a los cubanos, como la Ley de Vivienda.
Esta norma debió aprobarse en julio pasado, pero hasta el momento no se ha dado a conocer ni su anteproyecto. Estaba incluida en el cronograma desde el inicio y debió ser aprobada en diciembre de 2020, presumiblemente para intentar aliviar el problema de la vivienda, uno de los que más afecta a la población cubana y que el Gobierno no ha sido capaz de solucionar en más de 60 años de revolución socialista.
