La contralora general de la República de Cuba, Gladys María Bejerano Portela, y la fiscal general, Yamila Peña Ojeda, entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) los anteproyectos de leyes de sus respectivos órganos del Estado, informó la estatal Agencia Cubana de Noticias.
Según la nota, la propuesta de Ley de la Contraloría General de la República de Cuba y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y de la Gestión Administrativa pretende dar continuidad al proceso de creación de una cultura de control y prevención en las administraciones.
Esta norma, según establece la Constitución, tendrá que dejar claros la misión del órgano, sus niveles de subordinación y relación, y los principios de funcionamiento.
En octubre del año pasado, el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, y Bejerano Portela, crearon un grupo temporal de trabajo con dos subgrupos para elaborar la ley.
Respecto a la Fiscalía General de la República, que también entregó al presidente de la ANPP, Esteban Lazo, su anteproyecto de ley, la nota de ACN resalta que ha estado inmersa en varios procesos ante la Asamblea, como su rendición de cuenta ante el órgano supremo del poder del Estado y las actividades relacionadas con el cronograma legislativo.
En febrero pasado, Miguel Díaz-Canel elogió a trabajadores y jefes de la Fiscalía en Cuba por ser sostén del régimen como "Estado socialista de derecho" y les agradeció por "crecerse" en medio de lo que calificó de "tremenda atmósfera de agresividad imperial" y "calumnias", en referencia a la actuación suscitada por él mismo tras un llamado al combate para aplastar las manifestaciones del 11 de julio.
El gobernante felicitó a los trabajadores de ese órgano durante una reunión de trabajo del aparato judicial del Gobierno correspondiente a 2021, en la que participaron fiscales jefes provinciales, de ciudades capitales, de municipios y de miembros de su Consejo de Dirección ampliado.
Con vistas a 2022, Díaz-Canel ordenó a la Fiscalía "defender el concepto de que el bloqueo va a seguir y continuará recrudeciéndose", y en ese sentido exigió "saltarlo desde la resistencia creativa, que significa que, en medio de la resistencia, hay que crear e innovar".
En mayo pasado, DIARIO DE CUBA reveló un material audiovisual titulado Así se pacta la justicia en Cuba, que reflejaba la confabulación entre la Fiscalía, el Tribunal Supremo Popular (TSP) y el Ministerio del Interior (MININT), para responder a los intereses del régimen.
En el video se apreciaba una reunión de 2018 encabezada por el presidente del TSP, Rubén Remigio Ferro, y en la que participaba Peña Ojeda, además de varios otros funcionarios del TSP y del MININT.
El material evidenció la veracidad de las declaraciones que ofreció el ex fiscal exiliado Raucel Ocaña Parada, de Palma Soriano en Santiago de Cuba, al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), a principios de mayo de 2022.
Ocaña Parada había denunciado que en los juicios contra manifestantes del 11J influenciaron "órganos, instituciones que responden a los intereses del Estado, del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba" y que era "interés del Gobierno, el Estado y el Partido", que se sancionara con la mayor severidad posible, "sin ningún tipo de benevolencia".
Tras la presentación de los anteproyectos de ambas leyes, previstas para ser aprobadas en el presente mes, de acuerdo al cronograma legislativo, Homero Acosta Álvarez, secretario del legislativo cubano, subrayó que, de aprobarse ambas normas por los diputados, todo el sistema de los principales órganos del Estado tendrá conformado su basamento legal respectivo, tras la proclamación de la Carta Magna el 10 de abril de 2019.
Dentro del cronograma legislativo, el régimen cubano ha privilegiado las normas de su interés en detrimento de las que podrían, de alguna forma, beneficiar a los cubanos, como la Ley de Vivienda.
Esta norma debió aprobarse en julio pasado, pero hasta el momento no se ha dado a conocer ni su anteproyecto. Estaba incluida en el cronograma desde el inicio y debió ser aprobada en diciembre de 2020, presumiblemente para intentar aliviar el problema de la vivienda, uno de los que más afecta a la población cubana y que el Gobierno no ha sido capaz de solucionar en más de 60 años de revolución socialista.
