Estatización versus progreso: propiedad privada en Cuba

Sin desconocer los efectos negativos que haya tenido en cuanto a la redistribución de la riqueza, la propiedad privada ha demostrado ser un medio imprescindible para el desarrollo social.

El derecho a la propiedad, emanado de la tendencia humana a la posesión sobre los bienes, está vinculado a la disposición de la persona sobre sí misma. Cuando ese derecho humano, regido por leyes económicas, se altera por razones de ideología o de cualquier otra índole, la propiedad sufre lo que las aves silvestres en cautiverio: pierde su función social y perece.

El proceso de estatización desarrollado en Cuba entre 1959 y 1968 generó una crisis que hizo metástasis en el cuerpo social, devino crisis estructural profunda y ha colocado a la nación y a sus nacionales al borde del abismo. Los múltiples intentos por reanimar la economía en Cuba obviando las causas que la engendraron, han demostrado su inutilidad. El único valor de tal "esfuerzo" radica en haber confirmado la insoluble contradicción entre la estatización de la propiedad y el progreso.

En Cuba, desde la Colonia hasta hoy, la concentración de la propiedad agraria ha constituido un problema raigal. En el siglo XVI comenzó un proceso de diversificación de los latifundios coloniales que alcanzó su punto máximo en la segunda mitad del siglo XIX, momento a partir del cual la competencia entre los ingenios azucareros y la penetración de capital norteamericano concentró la propiedad de más de la mitad de la tierra cultivable del país en los latifundios republicanos.

La Constitución de 1901 estableció que nadie podía ser privado de su propiedad sino por autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública; mientras la Constitución de 1940 refrendó la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social. Ambas constituciones permitieron en la primera mitad del siglo XX la gestación de una clase de pequeños, medianos y grandes empresarios nacionales.

Después de 1959, la revolución que había declarado revertir esa deformación, en lugar de resolverla, la acentuó con el estatismo, que convirtió a los latifundios republicanos en los improductivos latifundios socialistas. Y lo ocurrido con la propiedad agraria se repitió con las demás formas de propiedad: desde las grandes empresas industriales hasta la infinidad de medianas y pequeñas empresas fueron estatizadas. Este proceso culminó con la Ofensiva Revolucionaria, en marzo de 1968, que fue el tiro de gracia, al erradicar los últimos vestigios de propiedad privada, mientras la eliminación de los dueños desmovilizó el interés personal por los resultados de la producción y de los servicios.

En 1993, el derrumbe de la Unión Soviética obligó al Gobierno a introducir medidas coyunturales, las cuales, al amenazar con el resurgimiento de una clase media, fueron paralizadas y con ello frenadas las fuerzas productivas; decisión favorecida por la aparición de los subsidios de Venezuela.

En 2008 el Estado comenzó a entregar las tierras que nunca logró hacer producir. En usufructo, entendido este como derecho a disfrutar de un bien ajeno. Lo cual constituye una decisión absurda, pues nada justifica que quien hace producir la tierra no pueda poseerla en propiedad, mientras el Estado, incapaz de lograrlo, se abroga el derecho de continuar como propietario.

El fracaso obligó en 2012 a dictar el Decreto-Ley 300, con la misma carencia: el control monopólico del Estado sobre la propiedad, lo que condujo a un nuevo fracaso. En 2014 se dictó otro decreto modificando al 311, con resultados similares. Y así sucesivamente hasta las más recientes medidas, ninguna de las cuales ha logrado ni logrará revertir la decadencia sostenida de la economía que ha conducido a la actual penuria, por una razón inobjetable: se ha obviado la causa principal y primera, que es la propiedad.

El resultado de la estatización no admite dudas. El daño sufrido por la economía en Cuba es harto evidente. Lo podemos ver en el retroceso de la capacidad exportadora del país. En un artículo recién aparecido en este diario, Roberto Álvarez Quiñones brinda cifras elocuentes: "en 1958 Cuba exportó bienes por valor de 7.488 millones de dólares y en 2021 solo 1.548 millones, 4,8 veces menos". O, como explica Emilio Morales, "los nueve sectores que más ingresos aportan a la economía tuvieron pérdidas acumuladas en los últimos cuatro años de más de 29 millones de dólares". A lo que cabría añadir una observación de otro artículo de Morales:  "el nuevo mercado cambiario, que pretende combatir el mercado informal y captar divisas para invertirlas en el desarrollo del país, pone en evidencia la incapacidad productiva y el intento de amortiguar la falta de liquidez y de créditos internacionales; lo cual ni bajará los niveles de inflación ni estabilizará la moneda nacional".

Tan desastroso resultado se mantendrá mientras los productores permanezcan vedados de ser propietarios y/o de recibir un salario capaz de satisfacer sus necesidades más elementales, lo que confirma una sentencia: sin restaurar los derechos y libertades suprimidos, comenzando por el derecho ciudadano a la propiedad, no habrá recuperación económica de Cuba. Así de sencillo.

Tanto para el griego Aristóteles como para el italiano Tomás de Aquino, la propiedad privada es una institución necesaria al hombre por razones puramente prácticas y se justifica en la medida que resulte útil para el bien de los hombres. Para estos pensadores, separados en el tiempo por más de 1.500 años, el bien de las personas es lo primario y, por tanto, las formas de propiedad constituyen un medio de coadyuvar al verdadero fin, que es el hombre como ser humano. Algo que el cubano José Martí, resumió así: "Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios (...) En economía política y en buen gobierno, distribuir es hacer venturosos".

El actual Gobierno de Cuba —ya fuera de tiempo—, o el que lo sustituya, tendrá que comenzar por desatar las fuerzas productivas, comenzando por restituir el derecho a la propiedad sobre los medios de producción para poner en contacto directo a la ciudadanía con la posibilidad y el derecho a ser propietaria, y así despertar el interés que la estatización revolucionaria erradicó.