Las autoridades cubanas anunciaron que someterán a referendo el texto del Código de las Familias, uno de los documentos legislativos que más polémica ha generado dentro de la Isla, en septiembre próximo.
Durante una reunión sostenida por Miguel Díaz-Canel con los redactores de la norma, el gobernante señaló que el texto jurídico será "sometido al escrutinio" de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en julio con las transformaciones que se le introdujeron luego de la consulta popular del borrador, acontecida entre febrero y abril pasados, reportó la oficial Prensa Latina.
De acuerdo con cifras oficiales, más de seis millones de personas participaron en las reuniones para debatir el texto, y de ellas salieron alrededor de 434.860 propuestas, más del 60% opiniones positivas sobre la norma.
Según las autoridades, después de esas reuniones la versión 24 del texto original fue modificada en un 47,55%, sobre todo "en cuestiones relacionadas con la forma, la redacción y el estilo". Hasta el momento no se ha hecho público en qué consistieron tales modificaciones.
A inicios de junio, el ministro de Justicia, Oscar Silveira Martínez, dijo en cambio que la consulta popular condujo a la modificación del 48,73% de los 474 artículos, que ahora quedan en 471, y al 47,55% de las disposiciones en cuanto a la redacción.
Tampoco el funcionario aclaró en qué consisten los cambios, teniendo en cuenta que la mayoría de las opiniones de la población durante la consulta estuvieron centradas en el matrimonio, la responsabilidad parental, la adopción, la gestación solidaria, la discriminación y violencia en el ámbito familiar, el derecho de la infancia y la adolescencia en el ámbito familiar y la filiación asistida, según datos ofrecidos por la Comisión Nacional Electoral.
El Código de las Familias también ha recibido críticas porque el régimen cubano pretende usarlo para trasladar las responsabilidades del Estado a los ciudadanos y las familias.
Silveira Martínez aseguró que "se mantiene como opinión general la necesidad de incrementar las acciones de comunicación e incorporar a ellas otros expertos, como sociólogos y sicólogos, que pueden aportar, desde sus conocimientos, a la comprensión del proyecto de Código de las Familias".
Esto último, pese la enorme difusión que ha recibido el Código de las Familias en los medios oficiales de comunicación, en contraste con la poca divulgación que tuvieron proyectos de leyes previamente aprobados, como el Código Penal, que criminaliza aún más el disenso, mantiene en 16 años la edad de responsabilidad penal —por debajo de la mayoría de edad en Cuba, que es 18 años— y conserva la pena de muerte.
El Gobierno cubano ha obviado que en la Ley Electoral vigente, promulgada en agosto de 2019, queda claro que la decisión de consultar popularmente sobre un proyecto de ley o decisión no implica ningún compromiso con lo expresado por la ciudadanía. El Artículo 265.1 establece que en "la Consulta Popular los electores emiten su opinión sobre un asunto determinado de interés nacional o local, sin que ello tenga efecto vinculante".
Por otra parte, esta consulta no puede ser impulsada por el pueblo. El citado Artículo de la Ley Electoral solo reconoce como posibles convocantes de una consulta popular a la ANPP y las Asambleas Municipales del Poder Popular.
Pese a la presunta aceptación de la nueva norma entre los cubanos, el propio Díaz-Canel mostró su temor a que esta sea rechazada en declaraciones a finales de abril, durante el IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
"No podemos perder de vista que el enemigo trabaja para boicotear el referendo y la aprobación de un Código que es emancipador, que compromete más con los principios de justicia social de la Revolución", dijo.
Mariela Castro, por su parte, aseguró tener confianza en que el pueblo cubano aprobará la nueva norma, como hizo con la Carta Magna en 2019, aunque tuvo que admitir que no será por una mayoría amplia.
"Les aseguro que tengo esperanzas de que un pueblo que votó por la Constitución de 2019 es un pueblo que va a votar en su mayoría, tal vez no tan alta como la de la Constitución, por el Código de las Familias", dijo en una conferencia de prensa a inicios de mayo.
Durante el referendo constitucional de 2019 —en el que la nueva Carta Magna fue aprobada con el 86,85% de los votos, según cifras oficiales— muchos activistas y opositores fueron arrestados o impedidos de votar. En Cuba no se permite que iniciativas independientes de transparencia electoral puedan presenciar el conteo de los votos. Por tanto, es muy probable que el nuevo Código de las Familias también sea refrendado, de acuerdo a los intereses del régimen.
