Terminó abril y culminó el proceso de consulta popular del Código de las Familias en toda la geografía cubana. Según se informó en el reciente IV Pleno del Comité Central del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), fueron celebradas más de 79.000 reuniones de barrio, con una participación de alrededor de 6.500.000 personas. El 61% de las propuestas realizadas se califican como "favorables", mientras que cerca del 32% contienen sugerencias de modificación o eliminación de algunos de los contenidos del Código.
Un análisis frío de esas cifras da a entender un apoyo mayoritario de la población al enfoque oficialista plasmado en dicho documento. Pero si consideramos que las opiniones de los ciudadanos transcurrieron en medio de una abrumadora campaña gubernamental en los medios de difusión —en especial la televisión—con vistas a exaltar las supuestas bondades de la versión actual del Código, llegamos a la conclusión de que ese 32% de herejía con respecto al oficialismo no es nada despreciable.
Es probable que, aun con la ofensiva mediática que van a seguir implementando de aquí hasta el día de la votación, en el fondo la maquinaria del poder no se sienta totalmente segura de su triunfo en el referendo. Es decir, que los electores voten mayoritariamente por la aprobación del Código de las Familias, en su versión actual, o en otra parecida que contenga los elementos esenciales que el castrismo pretende imponer en materia familiar.
En ese contexto sobresalen unas palabras del mandatario Miguel Díaz-Canel en el referido Pleno del PCC: "No podemos perder de vista que el enemigo trabaja para boicotear el referendo y la aprobación de un Código que es emancipador, que compromete más con los principios de justicia social de la Revolución" (Granma, 27 de abril).
Los que hemos estado al tanto de las opiniones vertidas por el periodismo independiente y de los criterios aparecidos en las redes sociales acerca del contenido del Código de las Familias, apreciamos que, en lo fundamental, lo que ha hecho ese periodismo y las redes es lo que debió permitir el régimen castrista para que la consulta popular transcurriera en un ambiente de auténtica democracia.
Porque si el oficialismo, que monopoliza los medios de difusión en el país, aprovechó ese privilegio que se ha otorgado a sí mismo para saturar a la opinión pública con un mensaje unidireccional —en este caso que se apruebe el Código tal y como está redactado—, lo más justo es que alguien trate de que a esa opinión pública llegue también otro mensaje que insista en los elementos cuestionables del Código.
Por supuesto que eso no puede significar un boicot al referendo. Es simplemente posibilitar que el público tenga acceso, tal y como sucede en la mayoría de las naciones democráticas del mundo, a los distintos puntos de vista que han de ponerse en juego en las urnas.
Semejante vocabulario del heredero de los Castro, que califica de enemigos y boicoteadores a aquellos que sencillamente se aparten del criterio oficialista con respecto al Código de las Familias, es otra muestra de la intolerancia que signa al sistema totalitario con que sojuzgan a la sociedad cubana.
Y de ninguna manera podemos concebir como resultado de la casualidad que Mariela Castro, en 2019, también calificara como un boicot los llamados a votar en contra de la Constitución de la República, que finalmente el castrismo logró imponer en la Isla. Son, como decimos en buen cubano, "cortados por la misma tijera".
Todo lo que vaya en contra de sus intereses es calificado como un boicot. Haría falta que admitieran que son ellos los que llevan más de seis décadas boicoteando las ansias de libertad de los cubanos.
