El Consejo de Estado de Cuba aprobó dos nuevos proyectos de decretos leyes, previo a su presentación a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en una sesión este martes encabezada por Esteban Lazo Hernández y con la participación del gobernante Miguel Díaz-Canel. Según publicó el diario oficial Granma, los dos nuevos decretos leyes son el de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y el de Protección de Datos Personales.
El primero "establece el marco jurídico general para alcanzar la soberanía alimentaria y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en función de la protección del derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada. Regula la organización de los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles que articulan de forma intersectorial e interinstitucional la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos", dijo Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura.
Los cubanos sufren desde hace décadas un déficit de productos alimenticios de todo tipo que hace imposible una dieta balanceada. En los últimos tiempos la escasez ha impactado significativamente la mesa de las familias cubanas. Los pocos productos de la libreta de racionamiento no alcanzan y lo poco que se venden en las tiendas estatales se reduce a pollo, salchichas y picadillo. Con las bajas producciones agrícolas y los altos precios, las frutas y verduras en variedad son casi inalcanzables.
Los cubanos se quejan de que, en contraste, es mayor el surtido de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC), a las que solo pueden acceder quienes poseen una tarjeta bancaria asociada a una cuenta en divisas.
El documento aprobado también recoge cuestiones "relativas a la calidad e inocuidad de los alimentos, la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos, la educación alimentaria y nutricional, la comunicación social en este tópico, y los mecanismos de evaluación y control".
La calidad de los alimentos en una quimera en Cuba. Los consumidores se ven obligados a comprar —sobre todo a través del sistema de racionamiento— productos cuyos ingredientes desconocen.
Por otra parte, el Consejo de Estado acordó el análisis en la próxima sesión de la Asamblea el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales.
Según declaró Oscar Silvera Martínez, titular del Ministerio de Justicia, la propuesta "busca garantizar el derecho de las personas a la protección de sus datos personales; regular el uso y tratamiento de estos por parte de personas o entidades públicas y privadas, así como de la información de carácter público; y contribuir a la promoción, fomento y difusión de una cultura sobre su protección en la sociedad".
En Cuba los datos de los ciudadanos están recogidos en la controvertida Ficha Única del Ciudadano, una herramienta en poder del Ministerio del Interior (MININT) que analistas han calificado como "un arma de doble filo" y la han equiparado a la versión del siglo XXI de los CDR, el mayor sistema de delación y control social del régimen. Fue establecida en 2020 sin que exista una entidad especializada en protección de datos, derecho reconocido en todos los ordenamientos jurídicos.
Según Granma, ambos textos se publicarán en el sitio web de la Asamblea Nacional "para su estudio por la población y su enriquecimiento con los criterios emitidos al respecto".
En la jornada del martes los integrantes del Consejo de Estado también aprobaron la propuesta de estructura y plantilla de las Oficinas Auxiliares de las Asambleas Municipales del Poder Popular.
El órgano del Partido Comunista de Cuba también publicó en otro artículo detalles del contenido del nuevo Decreto-Ley número 56 De la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias.
Según el medio, "unifica en un único cuerpo legal la protección a la trabajadora, independientemente del sector en el que se desempeñe" y presentó como "elemento novedoso" que se "extiende el disfrute de la prestación social a la estudiante".
Haydée Franco Leal, subdirectora jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dijo que "es el único caso en el que la madre no va a tener la condición de trabajadora, sin embargo, van a disfrutar de los beneficios de la prestación social los abuelos de ese menor, quienes sí deben tener la condición de trabajador".
"Esta regulación no se dictó con el propósito de estimular el embarazo en la adolescencia, sino de garantizar la autonomía y la continuidad de estudio en las mujeres jóvenes y —aunque la norma no lo expresa— favorece obviamente a las jóvenes que hoy estudian en la enseñanza técnico-profesional y en la educación superior", añadió.
Con la nueva legislación, "durante el periodo en que el menor esté enfermo, la madre va a recibir una prestación monetaria equivalente al 60% del salario promedio percibido con anterioridad a producirse la enfermedad del niño. Esto va a garantizar que, aunque en menor medida, haya algún ingreso económico en el núcleo familiar".
Agregó que "se considera el pago del 100% del salario a la trabajadora gestante durante el periodo que acredita el certificado médico".
En palabras de la funcionaria, la trabajadora, antes de arribar a las 34 semanas de embarazo, o 32, si es embarazo múltiple, estará protegida con una prestación monetaria equivalente al 100% del salario promedio percibido en los 12 meses anteriores a que se dictamine el reposo por el facultativo.
"En cuanto al tratamiento diferenciado al menor, cuando requiere de cuidados especiales y no es posible su institucionalización en un centro de salud o de educación, la madre o el padre —y si ellos decidieran, delegan en los abuelos maternos o paternos que tengan la condición de trabajador— tienen el derecho a disfrutar de una licencia retribuida que se extiende hasta los cinco años de vida del menor", afirmó.
"El trabajador no pierde el vínculo de trabajo. Si se produjera la extinción o fusión de la entidad, es una obligación de la administración hacer la gestión con otras entidades para garantizar, al concluir estos cinco años, que el trabajador sea reubicado en una plaza", dijo Franco Leal.
También se eliminó el requisito de los 75 días laborados, además del vínculo laboral, para tener derecho a las prestaciones monetarias. "A partir de ahora basta con tener la condición de trabajadora, y esto lo determina el vínculo contractual del trabajador con la entidad, para generar el derecho a la prestación. Estos beneficios también se extienden a los trabajadores del sector no estatal", afirmó.
Este decreto entró en vigor en diciembre pasado tras ser publicado en la Gaceta oficial número 145 ordinaria.
La Asamblea Nacional del Poder Popular anunció en diciembre el cronograma legislativo para 2022 cuando deberán ser aprobadas en Cuba 27 leyes, entre ellas el Código Penal y la Ley de Salud Pública y otras postergadas con anterioridad.
La última actualización del cronograma legislativo, en 2020, contenía 26 leyes (diez para 2021 y 16 en 2022) y 29 decretos leyes (18 de 2021 y 11 para 2022).
Mientras fueron aprobados numerosos decretos durante 2021, leyes que verdaderamente interesan a los cubanos, como la propia Ley de Vivienda y la norma que permitiría a los cubanos reclamar sus derechos constitucionales fueron relegadas y en 2022 se suman a otras.
Hablan de soberanía alimentaria y no son capaces ni de producir boniatos.