La Ficha Única del Ciudadano: ¿CDR del siglo XXI?

Vivimos tiempos complejos dominados por tecnologías disruptivas que están cambiando nuestra forma de producir, de consumir, de invertir, en suma, de vivir. Estas tecnologías entran de lleno en el ámbito privado de las personas, al tiempo que hacen la vida más fácil. Los gobiernos, en particular, toman buena nota de estos adelantos.

Los países que, como Cuba, presentan un notable atraso tecnológico, se encuentran en la tesitura de implementar esfuerzos tecnológicos e invertir recursos cuantiosos, casi siempre escasos, para avanzar y adaptarse a la nueva realidad. Esto último es, al parecer, lo que quieren las autoridades castristas. No quedarse atrás. La Resolución 484/20 del Ministerio de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria, que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre, aborda para el caso específico de Cuba el procedimiento de aprobación de la organización, funcionamiento y alcance de la Ficha Única del Ciudadano.

¿Qué es esta Ficha Única del Ciudadano? Básicamente, un instrumento tecnológico y digital con el que el Gobierno cubano quiere promover la "interoperabilidad entre los registros públicos con organismos, instituciones y entidades que prestan servicios y trámites a personas jurídicas y naturales". En definitiva, pretende lograr "una mayor facilidad para el acceso de los ciudadanos a los datos públicos de identidad de las personas naturales". Por último, la norma establece que dicho acceso se realizará "con las garantías jurídicas, integridad y protección de la información imprescindibles para la preservación de los datos recogidos en esa plataforma informática".

Sobre este último punto, la norma señala que, a partir de su entrada en vigor, "diversos funcionarios públicos y autoridades en el ejercicio pleno de sus funciones, se encargarán de verificar la identidad de las personas y captar sus datos personales desde una fuente única". Se pretende que la plataforma permita utilizar los datos individuales procedentes de los registros,  en aquellos casos necesarios para facilitar los servicios legales, entre otros objetivos.

Los cubanos, acostumbrados desde los tiempos revolucionarios a convivir con los Comités de Defensa de la Revolución, organismos creados por Fidel Castro para obtener información y delatar a los ciudadanos desafectos con el régimen, no deben ver con buenos ojos esta Ficha Única. No lo deberían hacer. El control que realiza el Gobierno de la vida de los cubanos parte de una información abundante y asimétrica que se construye desde las primeras etapas de la vida para decidir quiénes sí y quienes no en el cribaje social que realiza el castrismo de los bienes públicos.

Ahora llega la era digital y el régimen adapta sus mecanismos de control social. No cabe duda que estos avances tecnológicos pueden ayudar, y mucho, en la realización de determinados trámites de los ciudadanos ante los poderes públicos. Pero realmente son un arma de doble filo y por ello, en todos los países democráticos, las normas que regulan las "fichas" van acompañadas de la creación de "agencias de protección de datos" independientes del Gobierno y con funciones de defensa y protección de las personas naturales y jurídicas en los procesos para que los datos sean utilizados de forma correcta, y no destinados a otros fines.

En Cuba, esta ficha nace sin que se haya previsto esa entidad especializada en protección de datos, que es un derecho reconocido en todos los ordenamientos jurídicos a las personas. No se ha pensado en la necesaria protección de los datos. No es difícil entender por qué. Al régimen castrista no le agradan las críticas a su gestión, o las llamadas de atención. Las protestas, como los trapos sucios, se lavan en casa, sin hacer ruido, procurando mantener bajo control cualquier incidente inesperado. Con los avances en la ciberseguridad, en las tecnologías digitales o el Big Data, entre otras, los gobiernos se dotan de instrumentos para la protección de los datos así como los oportunos mecanismos para que los ciudadanos o las empresas y entidades puedan ejercer sus derechos ante la administración que no utiliza correctamente la información.

En ese sentido, junto al esfuerzo en informatización realizado por el régimen en los últimos años, cuesta entender por qué se ha dejado de lado la protección y seguridad de esas informaciones que ahora se van a interrelacionar por los órganos internos de la Administración. Bien valdría repensar todo lo actuado, que tampoco es tanto, y de ese modo ofrecer a los cubanos la protección de un derecho que curiosamente, no se reconoce en la larga letanía de la Constitución de 2019.

Realmente, si el régimen cubano quiere apostar por el gobierno electrónico, en vez de lanzarse con avidez por los datos de los ciudadanos, debería haber creado previamente un marco jurídico para la protección y la seguridad, más aun cuando al parecer han dado prioridad a la Ficha en aquellos trámites más utilizados por la población.

Cierto que el Ministerio de Justicia ha emitido desde hace algún tiempo varias instrucciones y resoluciones destinadas a "destrabar trámites y facilitar el acceso a la población a los servicios jurídicos del departamento", de los que la Ficha es un paso más. Su entrada en vigor, en fecha inminente, se debería paralizar hasta que los derechos de protección de datos no estén bien guardados. Ahí reside la diferencia entre las democracias y los regímenes autoritarios.

Harían bien los cubanos en no fiarse de esa ficha única de marras hasta que no se disponga del adecuado marco de protección. Seguramente las autoridades dirán que eso no es posible porque ya se ha realizado un gran esfuerzo económico que se podría perder. Es lo mismo de siempre: el Gobierno cubano es especialista construyendo casas empezando por el tejado, casas que se vienen abajo por las contradicciones y la pésima gestión.

Ya es hora es de que se hagan bien las cosas y que las normas no nazcan muertas. Los cubanos lo merecen.