Durante el recién celebrado 109 Pleno del Consejo Nacional de la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el sustituto de José Ramón Machado Ventura para la organización partidista, Roberto Morales Ojeda, apuntó que "la CTC está en condiciones de darle respuesta al reclamo de los trabajadores cubanos, que son esencia de la Revolución".
En cualquier otro sitio no hubiese sido necesario semejante planteamiento, pues lo más lógico es que un sindicato esté siempre presto a defender los reclamos de los trabajadores. Pero Cuba es un mundo aparte en ese sentido, porque aquí los sindicatos —los oficialistas— están en primera instancia para transmitir a los colectivos laborales las directivas de la maquinaria del poder, y en consecuencia que los primeros garanticen los intereses de los jerarcas del régimen.
Entonces resulta evidente que la aseveración de Morales Ojeda, en un momento como este, cuando aumentan las insatisfacciones de los trabajadores debido a la crisis que afronta el país, pretende atajar el abismo que cada día se va creando entre el oficialismo y la masa trabajadora.
Un abismo que se alimenta de muchas de las anomalías que trascendieron en las sesiones de este Pleno de la CTC. Repasemos algunas de ellas.
En la distribución de las utilidades empresariales no se benefician los que más aportan a los resultados, que son los operarios; tampoco los pagos por alto desempeño van hacia los que más inciden en la eficiencia de las entidades; los trabajadores apenas tienen participación en la redacción de los convenios colectivos de trabajo; y abundan los empleadores que no acatan los acuerdos de los órganos de justicia laboral, con lo que queda en letra muerta la hipotética defensa de los colectivos obreros ante las administraciones.
Y, claro está, no podía estar ausente del Pleno la queja laboral ante la galopante inflación que depreda los bolsillos del cubano de a pie. Un asunto que también había salido a relucir durante la tercera reunión del mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez con representantes del sistema empresarial estatal, celebrada en días pasados.
En esa ocasión, tanto Díaz-Canel como su ministro de Economía, Alejandro Gil, se fueron por la tangente al aducir que los altos precios, en general, se debían a factores subjetivos imputables a los propios productores, como el desconocimiento que tenían de sus costos de producción. Sin embargo, nada dijeron de la responsabilidad de la Tarea Ordenamiento por una inflación que ya traspasa los dos dígitos. Porque, ¿cómo van a conocer a ciencia cierto sus costos de producción unos productores a quienes el "ordenamiento" les trastocó los precios de sus insumos y materias primas?
En la referida cita, al mandatario no se le ocurrió otra cosa que acudir a la "responsabilidad social que tienen las empresas en la sociedad socialista". Es decir, algo así como incrementar el trabajo ideológico con los empresarios gubernamentales para que trabajen en pos de disminuir los precios minoristas, y así atenuar el malestar de la masa trabajadora y la población en general.
Curiosamente, este llamado se emparenta con el "aseguramiento político a los actores económicos", del que hablaba no hace mucho el jefe del Departamento Económico del gobernante Partido Comunista, Joel Queipo Ruiz. Una faena que este funcionario aspira a ser extensiva a todos los actores. Además de las empresas estatales, a las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia.
Como vemos, hay una especie de frente común gubernamental que clama por intensificar el control ideológico sobre los empresarios a todos los niveles, algo que a todas luces entra en contradicción con la cacareada autonomía empresarial por la que dicen abogar.
Mas, si nada de eso aporta los resultados que ellos esperan —y la realidad va indicando que difícilmente los conseguirán—, no habrá CTC que pueda enganchar a los trabajadores en el carro del castrismo.
