Un grupo de inspectores de la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC) de La Habana aplicó multas de 8.000 pesos cubanos a una decena de trabajadores estatales en los municipios de La Lisa, Centro Habana y San Miguel del Padrón debido a "violaciones" en los precios de los productos que ofertaban, así como de las medidas sanitarias, informó Tribuna de La Habana.
En el kiosco ubicado en la calle 198 y 91, en La Lisa, los inspectores detectaron que 280 cajas de cigarros H. Upmann con filtros, 40 sin filtro y 300 de popular rojo se encontraban en el almacén y no a la venta, por lo que sancionaron con multas de 8.000 pesos a varios trabajadores amparándose en el Decreto-Ley 30.
En el caso de la tienda Chantilly, emplazada en el boulevard de San Rafael, en Centro Habana, los inspectores encontraron variedades de productos retenidos por más de 48 horas, por lo que sancionaron a los trabajadores del centro con multas amparadas en los Decretos-Ley 30 y 31.
Seis empleados del mercado Caballo Blanco, en San Miguel del Padrón, también fueron multados con 8.000 pesos cubanos por violar los precios e incumplir las medidas sanitarias.
En el mismo municipio fueron decomisadas 110 libras de arroz y 80 unidades de almohadillas sanitarias que se encontraban en la bodega 1.021 sin respaldo documental. En este caso el periódico local no aclaró si los trabajadores fueron sancionados.
También en San Miguel del Padrón fueron multados varios trabajadores del mercado estatal María Luisa por vender plátano fruta a seis pesos la libra cuando el precio impuesto por el Estado era de 4,25 pesos la libra.
Los inspectores encontraron, además, 113 libras de fruta bomba sin respaldo documental, las que fueron decomisadas, y un faltante de 18.288 pesos cubanos.
"Por las violaciones de precios en la venta del plátano fruta se aplicaron multas de 8 000 pesos", dijo a Tribuna de La Habana Osvaldo Rivalta Torres, director provincial de la DISC de La Habana.
Desde el comienzo de la pandemia del Covid-19 en Cuba, que coincidió con una crisis económica severa marcada por la escasez de alimentos y medicamentos, las autoridades cubanas han desplegado una campaña propagandística en la que culpan a la población de la escasez.
Además, han extendido la aplicación de multas muy elevadas contra quienes cometan violaciones sanitarias o económicas, lo que ha generado un gran descontento en la población, pues las posibilidades de empleo se han visto muy reducidas por la pandemia.
"Cada vez que nos presentamos existen violaciones del Decreto-Ley 30, donde enfrentamos precios abusivos y otras transgresiones, tanto en centros estatales como de trabajadores por cuenta propia (privado)", dijo la pasada semana Osvaldo Rivalta Torres, director provincial de la DISC de La Habana.
El Gobierno de Cuba estableció multas de hasta 15.000 pesos para quienes violen las tarifas y precios establecidos con la llamada Tarea Ordenamiento.
