En medio de la escasez generalizada en la Isla, la Fiscalía de la provincia de Villa Clara ha realizado desde julio de 2020 hasta la fecha un total de 217 procesos sumarios, competencia de los Tribunales Populares Municipales, en los que han sido sancionados casi 200 revendedores por delitos de especulación, acaparamiento y actividad económica ilícita.
Javier Jiménez Abelenda, fiscal jefe en Villa Clara, dijo al diario oficial Granma que, por los delitos mencionados, han sido sancionados 176 ciudadanos del territorio, de los cuales 13 fueron privados de libertad, 55 sometidos a trabajo correccional con internamiento, 64 a trabajo correccional sin internamiento, 11 a limitación de libertad, y a 33 se les aplicaron multas.
Según el medio estatal, entre los artículos sustraídos figuran grandes cantidades de paquetes de detergente de diferentes tipos y gramajes, galones de peróxido, desodorantes, acondicionador para el cabello, perfumes y colonias, la mayoría de los cuales fueron desfalcados de tiendas y almacenes estatales.
Entre los productos ocupados también había paquetes de pañales desechables, tubos de tinte para el cabello, champú de diferentes marcas, pasta dental, cremas para la piel y cosméticos, además de frijoles, arroz, cajetillas de cigarros, materiales de construcción como cemento y herrajes de diferentes tipos, utensilios eléctricos, resistencias de hornillas eléctricas, bombillos ahorradores, café, embutidos, carnes, aceites, leche en polvo, azúcar, cervezas de importación y nacionales, y otras bebidas alcohólicas.
El órgano del Partido Comunista de Cuba admitió que la situación "tiene la raíz fundamental en el desabastecimiento de productos, dada la falta de liquidez para adquirir todo lo necesario, incluso hasta lo básico", y justifica que los "menguados recursos disponibles se dedican con prioridad al enfrentamiento de la pandemia de Covid-19", pese a las denuncias de pacientes y personal médico de las carencias de todo tipo en farmacias y hospitales.
Granma también culpa del fenómeno del acaparamiento y reventa en Cuba a "muchos (que) prefieren taparse ojos, oídos y boca" y al embargo de Estados Unidos.
Para el periódico, "el enfrentamiento a revendedores, coleros y especuladores no ha sido todo lo enérgico y sistemático que debía, lo cual ha derivado en la extensión de un asunto que daña al pueblo trabajador, que se ve obligado a pagar varias veces el valor de productos esenciales".
Otra vez a la carga
La ofensiva contra las ilegalidades por estos días cobra otra vez visibilidad en los medios oficiales, mayormente en notas sin contexto que se centran en exponer "auditorías" sorpresivas y el trabajo de inspectores estatales y justificar la escasez.
El periódico oficial Tribuna de La Habana publicó que en lo que va de mes, la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC) de la capital, conjuntamente con supervisores territoriales, "han ejecutado comprobaciones sorpresivas a más de 137 panaderías de las Unidades Básicas de la Industria Alimentaria (UBIA) de los municipios de San Miguel del Padrón, Cotorro, Plaza de la Revolución, Diez de Octubre, Arroyo Naranjo, Cerro, Guanabacoa, Regla, Marianao, La Habana Vieja y La Habana del Este".
"Hemos comprobado que en dichos establecimientos se violan los precios y normas y se incumplen las medidas sanitarias", dijo Osvaldo Rivalta Torres, director provincial de la DISC en la capital.
Según el funcionario, en ese periodo se aplicaron más de 321 multas por el Decreto Ley 30, con cuantías de 8.000 pesos, seis decomisos de productos sin respaldo documental como harina, azúcar cruda y refinada, además de faltantes en los almacenes de materias primas.
"En todos los casos hemos solicitado medidas disciplinarias para los infractores", dijo Rivalta Torres.
El medio precisó que en el mercado de calle 23 y C, en el municipio de Plaza de la Revolución, comprobaron retención de sal, mientras en el arqueo de la caja se descubrió un sobrante de 137 pesos y en una mochila, en el almacén, 50 libras de azúcar cruda. Los infractores fueron notificados con 8.000 pesos de multa.
En el Silvain de Guanabo, en el municipio de La Habana del Este, se detectaron violaciones de precio en el rollito que comercializaba a seis pesos cuando su precio oficial es dos pesos. También la producción no autorizada de masareal y sobrantes de pan sin respaldo documental.
Por otra parte, en Plaza Cerro se comprobaron infracciones en los precios y normas, así como un faltante de 528.963,40 pesos. A ocho violadores del Decreto Ley 30 se les notificó con multas de 8.000 pesos y se le solicitó a la Empresa de Acopio medidas disciplinarias.
En Centro Habana, los supervisores de ese municipio detectaron una venta de garaje sin la correspondiente autorización, con "precios abusivos y especulativos". Se realizó una venta forzada de los mismos y los infractores fueron multados.
En otra nota, Tribuna de La Habana también informó de una inspección efectuada en la tienda Verano, de la Cadena de Tiendas Caribe, en Arroyo Naranjo, donde los supervisores detectaron la retención de 20 ruedas de cigarros Popular y H. Upman. Los infractores también se les aplicó el Decreto Ley 30, con multas de 8.000 pesos, y se procedió a la venta forzosa del producto a la población.
En el municipio Playa, el cuerpo estatal de inspectores sancionó a un trabajador por cuenta propia, quien comercializaba productos de la red industrial, violando lo establecido en el Decreto Ley 357. También fue multado con 8.000 pesos y se decomisaron los productos, los cuales fueron entregados en el almacén de Berroa, en su destino final.
El medio local oficial presentó todo el operativo como "una contribución a la adecuada implementación de la Tarea Ordenamiento".
El supuesto "ordenamiento monetario", la reforma económica que ha incluido un aumento de los salarios estatales, también ha significado el aumento galopante de los precios de productos y servicios básicos, incluidos los estatales. Ha traído consigo la pérdida de poder adquisitivo de sectores en la sociedad, como el personal médico.
