El sueño totalitario de monopolizar el poder ha chocado en todas las épocas y lugares con un obstáculo insalvable: el control previo de las libertades, especialmente la de expresión. Los intentos en ese sentido han fracasado en todas las épocas y lugares por una razón sencilla: la fuente de la libertad de expresión radica en el interior de los seres humanos, un lugar inasequible a tales intenciones.
El Decreto-Ley 35 y sus normas acompañantes, anunciados por el Gobierno cubano el pasado 17 de agosto, constituyen un nuevo intento de ese fracasado propósito, cuyo objetivo consiste en que los proveedores de telecomunicaciones (internet, servicios telefónicos y aplicaciones online), interrumpan, suspendan o cancelen sus servicios cuando un usuario publique información "falsa", que afecte la "moralidad ", el "respeto al orden público" y que obliga a entregar a las autoridades gubernamentales las informaciones correspondientes para tal propósito. El incumplimiento de tales obligaciones por parte de los proveedores pueden ser penalizados con multas o perdidas de sus licencias.
No se trata de ninguna novedad. Es la continuidad de una política institucionalizada para la restricción de la libertad de expresión que durante décadas se ha practicado contra los que han hecho uso de la misma: disidentes, opositores, periodistas, activistas y artistas. Su fundamento está en las "Palabras a los intelectuales", pronunciadas por Fidel Castro en junio de 1961: "dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho". Lo que explica el por qué la inmensa red de prensa escrita, radial y televisiva que se conformó durante la República fue barrida y sustituida por los actuales medios oficiales.
Esa política, ahora extendida al ciberespacio, tiene entre sus manifestaciones previas al Decreto-Ley 370 de 2018, sobre "la informatización de la sociedad", dirigida a prohibir la difusión de cualquier información "contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
El Decreto-Ley 35 obliga a los usuarios de telecomunicaciones a impedir la difusión de "informes o noticias falsas" que afecten la "seguridad colectiva", el "bienestar general", la "moralidad pública" o "el respeto al orden público". Términos tan imprecisos como los empleados en el Decreto-Ley 370, la cual atenta contra los derechos humanos reconocidos internacionalmente; mucho más en un país como Cuba, donde el poder judicial está subordinado al Partido-Estado-Gobierno.
Por lo anterior, los llamados "incidentes de ciberseguridad", "difusión de "informes o noticias falsas" o el uso palabras censuradas como "conexión", "manifestación", "Psiphon", Díaz-Canel singao""dictadura", "protesta", "SOS-Cuba" y Patria y Vida", que estuvieron presentes antes, durante y después de las manifestaciones públicas del 11J, serán penalizadas con la nueva normativa, lo que permite al Gobierno restringir la libertad de expresión online y constituye una amenaza para la privacidad de los usuarios.
La resolución sobre "ciberseguridad", que implica mayor censura y vigilancia, guarda una estrecha similitud con legislaciones de países calificados de violadores de derechos humanos como Rusia, Nicaragua, Arabia Saudita y otros.
En Cuba, donde todas las instituciones están subordinadas al Partido-Estado-Gobierno, la información que los proveedores están obligados a entregar constituye un mecanismo de control sobre las personas. Lo que equivale, utilizando el lenguaje del salto de altura en el atletismo, a elevar la varilla. Es decir, una amenaza superior a la privacidad ya bastante limitada.
El argumento de que el contenido del Decreto-Ley 35 es similar al de muchos países con regímenes democráticos, soslaya una diferenciación determinante: en esos países la libertad de expresión es un derecho constitucional; mientras que en Cuba esa libertad está restringida para la defensa del socialismo y la construcción del comunismo.
Gracias a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, el debate y la opinión pública, al irrumpir en las redes sociales, han quebrado la espina dorsal del monopolio informativo establecido en Cuba. El Decreto-Ley 35 es el intento de hacer retroceder la historia para recuperar el monopolio perdido.
Una mirada a vuelo de pájaro a esos intentos nos remonta a la cadena de esfuerzos inútiles y dañinos a lo largo de nuestra historia nacional. Desde el ajusticiamiento de Eduardo Facciolo —primer mártir del periodismo cubano— en el Castillo de la Punta en septiembre de 1852 hasta los periodistas, opositores, artistas y artivistas que antes y después del 11J han sido reprimidos, encarcelados, condenados o sometidos en prisión domiciliaria sin haber sido juzgados por ningún tribunal.
A Facciolo lo ejecutó el Gobierno colonial español. A los luchadores de hoy los reprime el Gobierno cubano. A Facciolo, cuando la invención de la imprenta propició el surgimiento de publicaciones como La Voz del Pueblo Cubano. A los de hoy, cuando las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones propician la participación del pueblo en el debate y la conformación de la opinión pública. Ayer por fundar un periódico clandestino, hoy por romper el monopolio informativo del Partido-Estado-Gobierno.
Cualquier restricción a la libertad de expresión constituye un delito violatorio de la condición humana; mucho más cuando en el articulado de la Constitución vigente se declara a "la dignidad humana como valor supremo; refrenda el derecho al libre desarrollo de la personalidad"; y dice reconocer, respetar y garantizar "la libertad de pensamiento, conciencia y expresión". Libertades íntimamente vinculadas con la dignidad humana y por tanto, se somete exclusivamente a los poderes y las leyes adoptadas en un Estado de derecho, que no es el de Cuba.
Se trata pues, de un retroceso que ha ocasionado y está ocasionando un incalculable daño antropológico. La supresión o limitación de las libertades ciudadanas, con independencia de la razón que se esgrima y del inevitable daño antropológico que genere, termina en el fracaso. Así ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y así está ocurriendo hoy y así sucederá con el Decreto-Ley 35.
Las causas de las manifestaciones del 11J, que es la verdadera razón del Decreto-Ley 35, están dentro de Cuba. La penalización de la libertad de expresión es una medida defensiva que ataca las consecuencias y obvia las causas, por lo cual se repetirán mientras las mismas no sean resueltas, algo imposible tratando de amordazar el pensamiento y restringiendo la dignidad humana.
Buen artículo de Dimas. Solo una pega. Le sugiero que revise este anunciado: "cuando la invención de la imprenta propició el surgimiento de publicaciones como La Voz del Pueblo Cubano". Da la impresión de que la imprenta se inventó en tiempos de Facciolo.
Los medios sociales de comunicación son sólo eso, medios, herramientas. Si no hay coraje civil y una sociedad organizada y aglutinada para conseguir la libertad, de nada sieven los medios de comunicación que no sea para llamar a la tía de Mayami.
A menos que bloqueen WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones mensajeras cifradas, las gentes seguirán compartiendo sus angustias, esperanzas e informaciones con dichas herramientas, porque se trata de tecnologías que corren su data encriptada con Cipher 256, infinitamente más potentes que la famosa máquina Enigma de los nazi. En fin, inmune al husmeo de inteligencia.
Las primeras víctimas del fatal Decreto serán aquellos que compartan mensajes por los canales de telefonía normal sin encriptación, como los SMS y correos electrónicos de Etecsa. Pero aún con mensajeros cifrados y uso de VPN para accesar sitios en blacklist IP en los servidores cubanos, la ausencia de una sociedad civil impedirá accionar políticamente esa información.
Dado que son las sociedades civiles con sus revueltas y las intervenciones extranjeras las que hacen cambios, la internet en Cuba --duele decirlo-- no significará nada más que nuevas angustias
Gracias al señor Dimas Castellanos por su magnífico artículo.
El monopolio sobre los medios fundamentales de comunicación prosigue con la espina dorsal intacta, que es el control tecnológico del Estado. Dejan circular información hasta donde entiendan.