El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió este jueves al Gobierno de Cuba derogar el Decreto-Ley 35 y las nuevas regulaciones de telecomunicaciones "que censurarán aún más la información en la Isla". Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la nueva estocada contra la libertad de expresión en Cuba, porque el Decreto-Ley "profundiza el control y las restricciones al uso de internet y las redes sociales en el país".
"Con este nuevo conjunto de regulaciones de internet vagamente definidas, las autoridades cubanas buscan claramente impedir que los ciudadanos del país expresen su descontento y accedan a la información libremente en línea. No importa cuántas leyes y decretos nuevos aprueben las autoridades cubanas, los cubanos tienen derecho a recibir noticias imparciales y sin filtros. Estas regulaciones deben ser derogadas de inmediato", dijo Ana Cristina Núñez, investigadora principal del CPJ para América Latina y el Caribe.
El CPJ condenó que las nuevas regulaciones penalicen el intercambio de información "falsa" y "ofensiva" en línea, y den a las autoridades poderes ampliados para restringir el discurso en línea. El reglamento incluye el Decreto-Ley 35 sobre "Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Uso del Espectro Radioeléctrico", las Resoluciones 105, 107 y 108, de ciberseguridad y uso de redes, y el Decreto-Ley 42, de tecnologías de la información y las comunicaciones, apuntó el comité en un comunicado de prensa.
"El Artículo 69 del Decreto-Ley 35 faculta al monopolio estatal de telecomunicaciones ETECSA a cerrar las redes y servicios que transmiten información falsa; ofensivo o nocivo para la dignidad humana; contra la privacidad personal y familiar; contra la seguridad colectiva, el bienestar general, la moral pública o el respeto al orden público; o que constituya 'un medio para cometer actos ilícitos'. El Artículo 53 (b) del Decreto-Ley 42 obliga a los proveedores de servicios de internet a suspender, en coordinación con las autoridades, el servicio o rescindir el contrato de los usuarios que transmitan dicha información", señaló el CPJ.
"Las regulaciones no definen 'información falsa' o términos como 'seguridad colectiva, bienestar general y moral pública'. Las regulaciones establecen que pueden aplicarse independientemente de otras acciones penales, civiles o administrativas contra los sospechosos de esas acciones. La Resolución 105 enumera los delitos en línea que incluyen la 'difusión de noticias falsas' y la 'difamación con impacto en el prestigio del país', así como la 'difusión nociva', que define como la difusión de contenido que 'incite a manifestaciones u otros actos que puedan afectar el orden público'".
"La Resolución 105 no enumera sanciones específicas para esos delitos, que también cubre el 'ciberterrorismo', que dice incluye acciones cuyo propósito es subvertir el orden constitucional; reprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas, las estructuras económicas y sociales del Estado; o para obligar a las instituciones públicas a hacerlo".
"Con estas reglas, el régimen cubano está legalizando los apagones de internet y la posibilidad de cortar el acceso a internet y a los servicios de telefonía móvil de manera personalizada. Esta nueva normativa se está integrando ahora en la estrategia del régimen cubano con respecto a internet: por un lado abre el acceso a la web, pero por otro la acompaña con mecanismos legales y técnicos que permiten la implementación de la censura. Esto es una farsa", dijo al CPJ Norges Rodríguez, director del proyecto independiente YucaByte.
Las autoridades cubanas han interrumpido previamente el servicio de internet para toda la Isla y para usuarios específicos, como ha documentado el CPJ. Las nuevas regulaciones siguen a las protestas contra el Gobierno en julio, durante las cuales los manifestantes compartieron videos de las manifestaciones en línea, y el Gobierno interrumpió el acceso a internet y las plataformas de redes sociales, como documentó el CPJ en ese momento. Las autoridades han encarcelado a personas por compartir esos videos, según informes de los medios.
Estas nuevas regulaciones se suman al control del Gobierno sobre el contenido de las redes sociales en virtud del Decreto 370 de 2019, que prohíbe la difusión de "información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas" en las redes públicas, y que ha sido utilizada para perseguir a periodistas, como ha documentado el CPJ.
El Comité para la Protección de los Periodistas envió un correo electrónico al Ministerio de Comunicaciones de Cuba en busca de comentarios, pero no recibió ninguna respuesta de inmediato, concluyó el comunicado.
"La reacción desesperada de un régimen controlador y acorralado"
Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo que la normativa es una "nueva estocada contra la libertad de expresión, mediante un decreto con lenguaje ambiguo que impone mayores límites en redes sociales, que se han convertido en el principal medio que usan los ciudadanos para difundir y consumir información".
"La aprobación de esta nueva disposición es la reacción desesperada de un régimen controlador y acorralado. En Cuba ya existen leyes y decretos utilizados para sancionar a periodistas, activistas, ciudadanos y toda posición crítica a la oficial", expresó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del diario La Voz del Interior, de Argentina.
El amedrentamiento en contra de la población y de los periodistas independientes por el uso de internet no es nuevo en Cuba. La SIP viene señalando en sus informes semestrales al monopolio estatal de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) como brazo ejecutor de las políticas restrictivas de los servicios de internet y telefonía, señaló la SIP en un comunicado de prensa.
El Índice Chapultepec 2020, una herramienta de medición de la SIP fundamentada en su Declaración de Salta sobre libertad de expresión en el ecosistema digital, pone a Cuba, junto a Nicaragua y Venezuela, entre los países cuyos Gobiernos censuran el espacio digital a través de bloqueos, hackeos y amenaza de sanciones penales.
El Gobierno cubano niega que las nuevas normativas sobre ciberseguridad aumenten la censura o limiten la participación social en internet. Sin embargo, ciudadanos y activistas tachan el Decreto-Ley 35 como una nueva Ley Mordaza y piden que se aplique a todos, no solo a los opositores al régimen, incluido a dirigentes como Miguel Díaz-Canel por llamar al enfrentamiento entre cubanos el pasado 11J.
El Gobierno de Estados Unidos, el embajador de Reino Unido en La Habana, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) denunciaron que las autoridades cubanas buscan coartar aún más la libertad de expresión y acceso a información en la Isla.
Por su parte, el dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, quien propuso convocar una marcha "organizada y pacífica" mediante el grupo de Facebook "Archipiélago", dijo que defenderá el derecho a realizar dichas protestas pese a la publicación del Decreto-Ley 35, que prohíbe convocar a manifestaciones utilizando internet. "No pedimos permiso para ejercer nuestros derechos humanos y constitucionales", dijo García.
EL GOBIERNO DE CUBA no ha hecho más que aplicar el sistema que vienen aplicando FACEBOOK y TWITTER, en combinación con GOOGLE, por la sencilla razón de que ETECSA es el propietario.
No importa. Usted opóngase. Da igual que sea DDC, The New York Times o el Decreto - Ley 35, el que intente censurarlo. Pero si usted no se expresa, no dice nada, seguramente el censurador lo interpretará como que usted está de acuerdo o que simplemente le da lo mismo. Tampoco importa que cambien sus políticas de censura porque la gente hable a favor o en contra, lo importante es hacerle saber a quienes no permiten que nos expresemos de acuerdo a lo que pensamos, que desaprobamos lo que hacen, publican o decretan. ¡Punto! Su comentario coloca al censurador en su zona de confort. Si todos censuran, qué más da uno más. ¡Pues no! Usted critique, usted exija y demande hasta que sea escuchado y si no es escuchado, no importa; siga criticando, exigiendo y demandando lo que no le parezca. Porque eso es un derecho. El ser humano nace libre, son las leyes de cada entorno donde vive, las que limitan esa libertad. Por ello se debe luchar siempre por lo que la Naturaleza nos dio al nacer: LIBERTAD.
Al pan, pan ..... y al vino, vino ...