El Decreto-Ley 35 sigue siendo denunciado por activistas cubanos por restringir más la libertad de expresión y de prensa en la Isla. El jurista Eloy Viera dijo a la agencia española EFE que la nueva normativa "se usará para justificar lo que hasta hoy han sido actuaciones ilegales, desde los cortes selectivos del servicio telefónico y datos a activistas y periodistas independientes hasta la suspensión de internet".
"Si se reproduce mañana una nueva manifestación, las autoridades del Ministerio del Interior (MININT) tienen la posibilidad de pedir a ETECSA que corte el servicio de internet. Con el Decreto-Ley 35 será legítima una técnica que el Gobierno ha venido usando hasta ahora de forma ilegal", dijo Viera en referencia a las protestas pacíficas del pasado 11 de julio.
El jurista señaló que "la soberanía cubana no da al Gobierno ningún derecho a limitar derechos fundamentales de la ciudadanía. La soberanía popular existe porque los ciudadanos tenemos derecho a expresarnos y a alternar nuestros gobernantes". Pero el Gobierno "no tiene el concepto de alternancia política, no entiende que esta es necesaria, por lo que trata de proteger el monopolio del control de los contenidos que pueden ser lesivos a sus intereses" a través del Decreto-Ley 35.
Viera dijo que el nuevo decreto apunta a dos potenciales amenazas a la estabilidad del sistema: los activistas opositores que participan en campañas antigubernamentales en la red y los ciudadanos descontentos que expresan sus críticas o comparten información negativa sobre la realidad del país, reseñó EFE.
En el caso de los activistas, la normativa "establece los criterios de monitoreo de ese grupo y los incidentes que pueden ser perseguidos" sin que la Fiscalía tenga que "torcer" las leyes actuales para procesar conductas consideradas subversivas (por ejemplo, convocar una protesta pacífica o promover campañas virtuales contra el sistema actual). Frente a los ciudadanos corrientes, el Decreto-Ley "establece un patrón de conducta preventivo, ya que busca prevenir que el ciudadano cometa ciertas conductas y le dice que hay unas consecuencias", agregó Viera.
El abogado dijo que el Gobierno cubano "está yendo más allá: está entendiendo la ciberseguridad como su propia permanencia en el poder mediante el control del discurso opositor y del disgusto expresado por la ciudadanía en las redes sociales. El hecho de que Cuba también haya prohibido la distribución de pornografía también es una muestra del conservadurismo del Gobierno. Hoy la pornografía no es ilegal en casi ningún lugar", señaló EFE.
"Otra vuelta de tuerca de la represión en Cuba"
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) dijo en un comunicado de prensa sobre el Decreto-Ley 35 que "estamos ante nuevas normas para reprimir la libertad de expresión. Ahora el Estado no solo contará con el Código Penal y el Decreto Ley 370, sino que también dispondrá de otra normativa específica, por ejemplo, para legalizar los apagones de internet y de telefonía, como los que ocurrieron el 11 y 12 de julio, que han sido internacionalmente denunciados".
El Decreto-Ley 35, los decretos y las resoluciones publicados en la Gaceta Oficial de Cuba tipifican los incidentes de ciberseguridad y sus niveles de peligrosidad y califican como "difusión dañina" a los contenidos que "inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público". Además, penalizan cualquier acción "contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a personas e instituciones del Estado", así como la divulgación de supuestas "noticias falsas", "mensajes ofensivos" y la "difamación con impacto en el prestigio del país".
"Denunciamos que el Gobierno cubano aprovecha esta nueva normativa para violar derechos importantes de los ciudadanos, al incluir normas tan amplias. Cualquier ciudadano que exprese libremente su opinión con respecto a la situación que se está viviendo en Cuba o cualquier crítica al Gobierno, podría incurrir en una violación. Esto es algo que hay que condenar. Es otra vuelta de tuerca de la represión en Cuba", afirmó Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba dijo en un comunicado enviado a este diario que "esta mordaza digital viola el Artículo 54 de la misma Constitución, ley superior del Estado, y rompe el orden precario de convivencia entre sus instituciones y la ciudadanía. Una de las señas de los Estados fallidos. No obstante, la vuelta de tuerca inconstitucional sobre el activismo y sobre los derechos digitales de la ciudadanía no serán suficientes para detener el clamor de un pueblo que reclama su libertad".
El Artículo 54 de la Constitución de Cuba reza que "el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos".
Por su parte, la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) dijo que "no hay equívocos, el sistema político de la Isla ataca una vez más el derecho a la libertad de expresión, viola su propia Constitución que garantiza en el artículo 54 ese derecho y se mofa del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos".
"El poder político trata de ocultar lo que sucede en Cuba. Se conoce, además, que en un país donde casi constantemente se están creando nuevas leyes, es porque las cosas andan muy mal. Es una verdad demostrada a través del tiempo que ninguna Ley o Decreto-Ley que viole derechos naturales de las personas, comunicarse es uno de ellos, resuelve problemas; lo que hace es crear mayores dificultades que, la sociedad, impelida por la propia vida, lanza a la basura. Creemos ese es el lugar que espera al Decreto-Ley 35", dijo la APLP en un comunicado reseñado por el medio independiente Cubanet.
La APLP lamentó que el régimen de La Habana ande de forma constante en "la búsqueda de medidas punitivas, cuando la lógica más elemental indica que lo que hay es que encontrar soluciones a los muchos y graves problemas que sufre la población cubana".
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiestó este miércoles su preocupación por "las nuevas regulaciones aprobadas por el Gobierno de Cuba porque "contendrían disposiciones contrarias a estándares interamericanos sobre la libertad de expresión en internet".
"Las regulaciones de internet deben proteger su naturaleza abierta, plural y descentralizada, y promover la búsqueda y difusión de informaciones e ideas de toda índole, no solo de aquellas que obedezcan al interés nacional". El Estado (cubano) debe "adecuar su normativa de conformidad con los principios y normas internacionales de derechos humanos", afirmó la relatoría en su cuenta oficial de Twitter.
Pese a las múltiples críticas a las nuevas leyes de ciberseguridad en Cuba con hashtag #NoAlDecretoLey35, el régimen niega que el Decreto-Ley 35 aumente la censura en Cuba o limite la participación social en internet. La normativa fue criticada por el Gobierno de Estados Unidos, el embajador de Reino Unido en La Habana, Amnistía Internacional y Human Right Watch.
"El Gobierno cubano ha anunciado otra ley de censura, en un claro intento de silenciar al pueblo tras las protestas. Las autoridades cubanas deberían respetar la clara voluntad del pueblo cubano de hablar con su voz, y no castigar a quienes dicen la verdad", dijo en Twitter la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU.
Ese Decreto-Ley viola los siguientes artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos (de la que Cuba es signataria), además de resultar contradictorio que fuera elegida para controlar el cumplimiento de esos derechos en la ONU. Lo que conllevaría su expulsión o liberarla forzosamente de tal responsabilidad; y, además supervisarla: "Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos."
Lauzán Akhbar!!!