El Gobierno cubano engrasa la maquinaria para el control de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico

El Consejo de Estado de Cuba aprobó el martes tres decretos-leyes y un acuerdo para la regulación de las telecomunicaciones, las empresas estatales y la seguridad social en una reunión encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y la participación, mediante videoconferencia, de Miguel Díaz-Canel, y del primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

Según publicó el diario oficial Juventud Rebelde, el Decreto-Ley "De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el Uso del Espectro Radioeléctrico", ratifica "el derecho irrenunciable y soberano del Estado cubano de regularlos".

El ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, dijo que la norma establece el marco legal de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a estas y del uso del espectro radioeléctrico, conforme con lo establecido en la Constitución de Cuba y demás disposiciones legales aplicables, así como con los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales en la materia suscritos por el Gobierno.

Sin entrar en detalles, dijo que la legislación "contribuirá como instrumento regulatorio básico a la informatización del país; a la soberanía tecnológica; a la eficiente gestión del espectro radioeléctrico; a contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio; a salvaguardar los principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones en beneficio de la economía, la sociedad, la seguridad y la defensa nacional, el orden interior y la defensa civil; y para defender los logros alcanzados por el Estado socialista".

Por otra parte, en lo que el periódico presentó como "otra muestra de la decisión de continuar avanzando en el perfeccionamiento del sistema empresarial estatal", el Consejo de Estado también emitió el Decreto-Ley "Del Sistema Empresarial Estatal Cubano".

"Dicha legislación regula los principios de organización y funcionamiento de las empresas estatales, las empresas filiales y las organizaciones superiores de dirección empresarial, que integran el sistema empresarial estatal cubano", dijo Marino Murillo Jorge, el jefe de las reformas económicas del Partido Comunista de Cuba (PCC).

La norma reafirma que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional, dispone de autonomía en su administración y gestión, desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios, y cumple con sus responsabilidades sociales, según lo establecido en la Constitución. 

Asimismo, cubre sus gastos con sus ingresos, cumple con los aportes destinados al Estado, reserva recursos para su propio desarrollo y beneficio, y se integra o no a Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, entre otros aspectos.

En la sesión del martes, fue suscrito otro Decreto-Ley "Modificativo de la Ley 105, Ley de Seguridad Social", del 27 de diciembre de 2008, en virtud de las medidas aprobadas para la empresa estatal socialista y con el fin de facilitar la reincorporación al empleo de los pensionados por edad, según publicó Granma.

En este sentido, se transforma el artículo 18 de la citada ley, con el objetivo de establecer una excepción a la aplicación del límite máximo de 90% para el cálculo de las pensiones, en el caso de los pensionados que se reincorporen al trabajo, con 45 o más años de servicios, y que laboren como mínimo cinco años.

También, se modifica el artículo 32 para disponer que los jefes de los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, empresas, sociedades mercantiles y órganos locales del Poder Popular puedan autorizar la reincorporación de un pensionado al mismo cargo que desempeñaba al momento de obtener dicha prestación y devengar la pensión y el salario, siempre que responda al interés de la entidad y previa consulta al Consejo de Dirección, según dijo Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social.

Nuevo órgano consultivo para la "actividad innovadora cubana"

También el martes se adoptó un acuerdo para la creación del Consejo Nacional de Innovación, órgano consultivo del Estado con carácter nacional, que "asistirá al Presidente de la República en la recomendación de las decisiones para impulsar la innovación en el funcionamiento del Estado, el Gobierno, la economía y la sociedad, de forma coordinada e integrada". 

Según Juventud Rebelde, este nuevo órgano "estará presidido por el Jefe de Estado cubano e integrado, en condición de miembros permanentes, por el primer ministro, vice primer ministro, los titulares de Economía y Planificación; Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; Educación Superior; Comercio Exterior e Inversión Extranjera; Agricultura; Fuerzas Armadas Revolucionarias; Industria; Energía y Minas; Comunicaciones; y los presidentes de la Academia de Ciencias de Cuba y del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica (BioCubaFarma).

Con similar categoría, formarán parte también del órgano consultivo cinco científicos expertos en este tema y cinco empresarios con roles relevantes en esferas del mayor interés para la innovación, designados por el propio presidente del Consejo.

Este último podrá designar a otros miembros e invitar a sus actividades a los ministros, expertos, científicos, gobernadores e intendentes, según corresponda.

El medio oficial presentó este Consejo como "una plataforma de discusión e intercambio de ideas y perspectivas entre especialistas del sector de la producción y los servicios, las universidades, las entidades de ciencia, tecnología e innovación, y el Gobierno".

Entre sus funciones principales se encuentra el impulso de la innovación, en todas sus manifestaciones, alcances y esferas de la vida económica y social del país, mediante el fortalecimiento de las conexiones entre el sector de producción de bienes y servicios, estatal y no estatal, con las academias, entidades científico-tecnológicas y otros actores vinculados a la producción, difusión y uso del conocimiento para el desarrollo sostenible.

Asimismo, permitirá fomentarla en la rama de la administración pública, en la producción de bienes y servicios, y para el desarrollo territorial y local, vinculado con el nivel nacional y sectorial, entre otros objetivos.

Las nuevas normativas aprobadas por el Consejo de Estado todavía no están publicadas en la Gaceta Oficial.