Como de costumbre, una cosa es el discurso oficial en Cuba y otra lo que las autoridades hacen realmente. Mientras el sempiterno ministro de Comercio Exterior Rodrigo Malmierca afirma: "Queremos poner en igualdad de condiciones a todas las formas de gestión”, en la realidad implementan una política fiscal que lo desdice, aunque eso sí, apegada al espíritu totalitario de la Constitución, que en su Artículo 27 dispone: "La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional".
Mediante su Resolución 222/2020, el Ministerio de Finanzas y Precios ha establecido bonificaciones fiscales al incremento porcentual de las exportaciones en relación al año anterior para empresas estatales, mixtas, cooperativas y cuentapropistas, bajo el principio de que mientras más exporten, menos impuestos pagarán.
El problema es que en esta resolución, el sector privado, aun siendo el más dinámico y el de mayor crecimiento —se esperaba que este año su aportación al presupuesto nacional aumentase un 12%— ha sido sacrificado una vez más en el altar de la sacrosanta empresa estatal socialista, engendro que aún domina el paisaje económico de la Isla, solo porque es quien mejor se ajusta a la necesidad de control ciudadano del Gobierno.
La resolución del Ministerio de Finanzas establece el siguiente escalamiento según sea la dinámica exportadora interanual: las empresas estatales obtendrán un suculento 40% de deducción sobre beneficios; las empresas mixtas, esas con participación de "explotadores capitalistas extranjeros", obtendrán un decente 30% de reducción impositiva; las cooperativas, que producen casi la totalidad de lo que comen los cubanos, tendrán que conformarse con un 20%; mientras que para los emprendedores privados dejaron un raquítico 15% de descuento.
¿A esto se refería el afable compañero Gil, ministro de Economía y Planificación, cuando a principios de año afirmaba: "No podemos tener una política para el sector estatal y otra para el no estatal"?
Al menos queda el consuelo de que el tratamiento irracional de desgravar según comportamientos interanuales es para todos, pues este Gobierno no discrimina si de meter la pata se trata. El haraquiri económico es generalizado, no una maldad específica. Los burócratas que hicieron esta ley no entienden que las exportaciones de una empresa no dependen solo de su propia gestión, sino de los vaivenes del veleidoso libre mercado, y es precisamente cuando las empresas están débiles, es decir, cuando no han podido vender tanto o más que el año anterior, cuando necesitan ayudas fiscales y no que las machaquen.
Teniendo en cuenta la anunciada devaluación de la moneda nacional, los ingresos por exportación —de las empresas que logren insertarse en el mercado mundial— serán una parte notabilísima de la composición de sus beneficios. A consecuencia de la resolución, el año que les vaya mal a estas empresas, les irá extraordinariamente mal con respecto al año en que les vaya bien. Si son inteligentes, harán grandes provisiones de capital líquido —lo que va contra la inversión en capital fijo— para asumir la elasticidad de liquidez que sufrirán del año bueno al malo. Si no, tendrán que hacer grandes y bruscos ajustes de la mano de obra contratada.
La política de la Resolución 222/2020, es premiar a los mejores, sí, pero muchas veces "los mejores" son solo los más afortunados en un momento puntual de una carrera muy larga, y si con descuentos fiscales descapitalizan relativamente a los más necesitados, no facilitarán su recuperación y su permanencia en la carrera, sino que provocaran su quiebra o absorción por los de mejor resultado circunstancial, es decir, estarán acunando monopolios.
No se entiende este amor de los comunistas por los monopolios, a no ser que esta sea la trampa, y el objetivo final de la diferenciación que establece la resolución ministerial sea que a medio y largo plazo, las empresas estatales absorban a "las fracasadas" empresas privadas, junto a las carteras de negocios que hayan podido crear. ¿De que otra manera puede entenderse que en igualdad de condiciones, el descuento para las empresas estatales sea superior al privado en un 266%?
Si lo que quieren es impulsar las exportaciones, no hagan políticas ad hoc para sustituir la libre competencia en igualdad de trato por favoritismos hacia las empresas estatales; impongan mínimas tasas de exportación para todos por igual, o mejor, desgraven las exportaciones de cooperativas y cuentapropistas, teniendo en cuenta que son microempresas que apenas están surgiendo en unas circunstancias de capitalización especialmente difíciles. ¡Eso sí sería pensar como país!
Por el camino que van, seguirá siendo noticia la exportación de una triste tonelada de limones a España, o de unas cajas de aguacates a Italia, que por muy Catalina que sean esos aguacates, resulta algo grotesco.
