11 sanciones de cárcel y un 'destierro': así va la guerra contra los 'coleros' en La Habana

El Gobierno de La Habana reportó 11 personas sancionadas a penas de prisión, varios decomisos e incluso un "destierro" como resultado de su denominada Operación de Lucha contra Coleros (LCC), como han bautizado las autoridades su guerra contra esas personas, a quienes culpan de buena parte del desabastecimiento que sufren los cubanos.

En el parte diario de esa operación, publicado en la página web Portal del Ciudadano de la capital cubana el 8 de agosto último, y que fuera borrado y posteriormente recuperado por activistas, se indican los resultados del trabajo de los 522 grupos que fueron creados para reprimir a las personas que reparten turnos, compran artículos para revenderlos y monopolizan los primeros sitios en mercados y tiendas.

De acuerdo con el informe, en la primera semana de la campaña se presentaron a los tribunales 41 procesos judiciales, de ellos 20 radicados en causas por los presuntos delitos de actividad económica ilícita y receptación.

Hasta el día del cierre del informe se habían celebrado 16 juicios y juzgado a 18 personas. Ninguna fue absuelta y 11 de los sancionados cumplen privación de libertad; cuatro estarán en trabajo correccional sin internamiento; mientras que otros tres fueron multados.

Entre las sanciones accesorias se impusieron seis confiscaciones de productos y un destierro hacia Batabanó, provincia Mayabeque. El informe no ofreció detalles sobre este último caso.

Según el resumen de las medidas aplicadas, también fueron revocadas las sanciones contra cinco sancionados.

Además, la ofensiva detectó casos de corrupción en centros comerciales pertenecientes a la corporación de los militares CIMEX. En concreto, en Cuatro Caminos se detectaron 11 facturas falsas entre los módulos destinados para la entrega de los clientes en el hogar. En estos casos, la campaña pidió a CIMEX "las generales de los trabajadores implicados y medidas disciplinarias".

En la Tienda Focsa se detectaron ventas mediante tarjeta en cuyo comprobante no aparecía el carné de identidad del titular y otras realizadas sin los documentos que respaldan las operaciones.

En ese mismo establecimiento se detectaron 13 certificados de propiedad de equipos vendidos a una sola persona, lo que, según el informe, evidencia acaparamiento.

Asimismo, en el Complejo Comercial Galerías Paseo fue detenido por tráfico de divisas el jefe de turno de Seguridad y Protección del local, mientras que en la tienda Nuevo Milenio "se detectó concentración de discapacitados por encima de los que normalmente existen en los alrededores de esta tienda". Esto último, en referencia a los impedidos físicos, quienes no hacen cola en los comercios.

Además de las sanciones contra los "coleros", el informe indicó la detención de un chofer particular con 115 paquetes de detergente; la ocupación a un individuo de "54 jabones tocador de marca Lis, tres pomos de plástico llenos de extracto de ambientador, una jaba con líquido de extracto de ambientador y un cuchillo de cinco pulgadas"; así como la detección de "una casa almacén donde se realizó denuncia por actividad económica ilícita".

Igualmente aparece en el resumen la detección a través de la aplicación Porter@, que usan las autoridades de los establecimientos comerciales y la Policía para limitar la cantidad de veces que un cliente puede acceder a un establecimiento comercial, de personas que realizaron compras frecuentes.

A través de la app, en Cotorro las autoridades detectaron incluso a deudores de multas y de contribuciones a la ONAT, prófugos de la Policía y también personas que intentaron comprar pollo en dos ocasiones.

También la ofensiva descubrió que en la tienda La Favorita, de ese propio municipio, la "cola avanza lentamente" debido a que los escáner de las cajas registradoras están rotos y "las cajeras deben teclear el código de cada producto que se vende. Situación similar existe en el kiosco El Antillanito y en el punto de venta El Modelo".

Los miembros de la Operación de Lucha contra Coleros orientaron a "los compañeros de Servicios Técnicos presentarse en la tienda a primera hora para buscar soluciones a estas cajas registradoras sobrexplotadas por los años de uso y los insuficientes mantenimientos recibidos debido a carencia de piezas de repuesto".

Aparte de todo lo anterior, la guerra contra los "coleros" ha provocado la aplicación de decenas de multas y el levantamiento de "actas de advertencia", entre otras medidas represivas.