La economía cubana bajo el fantasma del 'Periodo Especial' en 2019 

Al cierre de 2018, el Gobierno cubano hizo lo acostumbrado a la hora de presentar su balance económico del año previo: ponerse optimista. Por ello, en diciembre de ese año Alejandro Gil, ministro de Economía de Cuba, pronosticó en su informe sobre el Plan de la Economía para 2019 que las autoridades esperaban un aumento del 1,5%, pese a la caída de los ingresos por exportaciones y a las medidas de austeridad entonces aplicadas.

En 2018 la economía cubana creció un 1,2%, por debajo del 2% que se había previsto, según cifras oficiales, malos números comparados con 2017, cuando había crecido un 1,8%. Pero un año después, en diciembre de 2019, Gil Fernández no solo aseguró que el Producto Interno Bruto (PIB) de la Isla terminaría con un incremento del 0,5%, sino que pronosticó un crecimiento del 1% para 2020.

Otra vez esos números fueron puestos en duda por los economistas. ¿Cómo pudo crecer la economía cubana en un año en que casi todos los indicadores fueron ajustados a la baja, y de ellos apenas persiste, a juzgar otra vez por los pronósticos, el optimismo del Gobierno?

El año del 'Periodo Coyuntural'

En términos económicos, 2019 será recordado por la declaración del "Periodo Coyuntural", nuevo eufemismo oficial para calificar la semiparalización de la economía cubana, excesivamente dependiente de ingresos externos (turismo, remesas, "misiones médicas", inversión extranjera, subsidios al petróleo de su aliado Venezuela) y de una productividad bajísima .

El calificativo no apareció hasta septiembre, pero desde fines de 2018 sus causas eran visibles en la vida cotidiana de la población cubana. Problemas en la producción de harina hicieron del pan un alimento escaso, al tiempo que se perdían de los mercados el huevo, el aceite, la harina, la leche en polvo, la carne de cerdo —una libra llegó a costar entre 70 y 80CUP— y pollo, entre otros alimentos de primera necesidad, lo que provocó tumultos en los mercados, acaparamiento y malestar en la población.

A la altura de marzo, funcionarios de la corporación estatal CIMEX reconocieron que el desabastecimiento de productos básicos en los comercios minoristas de Cuba se debía a dificultades en la importación y a fallas en algunas de las industrias locales. "Existe una gran tensión financiera en la actualidad, lo que ha provocado que sólo se nos haya entregado un 40% de la demanda de la red, que a su vez es cerca del 90% de lo que vendemos nosotros", explicó Gretchen Alfonso, directora de Mercadotecnia de la corporación CIMEX, una de las empresas administradas por los militares, al sitio oficial Cubadebate.

Ante esa situación, el Gobierno volvió a responder con sus dos herramientas favoritas para administrar la crisis de oferta: más racionamiento y más controles.  

A la altura de mayo, el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) racionó la venta de productos como el jabón de baño y de lavar, y controló la venta de pollo. El huevo, el arroz, los frijoles, el chícharo y las salchichas, que eran surtidos liberados, comenzaron a comercializarse en los establecimientos de productos normados, "de manera controlada por la libreta de abastecimiento, pero con precios liberados", indicó la ministra del ramo, Betsy Díaz Velázquez.

También impuso topes de precios tanto a muchos de esos productos como a los que venden los emprendedores privados, medida que vino acompañada de una intensa cacería de "ilegalidades", demonización de los "cuentapropistas" en los medios oficiales y culpabilización de los "inescrupulosos revendedores" como causantes de la crisis.

El 10 de abril, Raúl Castro hizo la primera referencia al temido regreso del país al "Período Especial". Sin ofrecer detalles ni referirse a las penurias que sufría el pueblo, dijo en un discurso que "es necesario que estemos alertas y conscientes de que enfrentamos dificultades adicionales y que la situación pudiera agravarse en los próximos meses."

El general aclaró que no "se trata de regresar a la fase aguda del "Periodo Especial" de la década de los años 90 del siglo pasado; hoy es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la economía, pero tenemos que prepararnos siempre para la peor variante", dejando claro que el discurso oficial evitaría usar el término, que hace referencia a tiempos todavía frescos en la memoria de muchos cubanos.

Y a pesar de las continuas advertencias de Castro en torno a que sin el aumento de la productividad no podrían elevarse los salarios de los trabajadores estatales, una de las demandas más reiteradas de los cubanos, Díaz-Canel presentó en junio un incremento salarial que llevó el salario mínimo a 400 pesos (16,5 dólares) y el medio mensual por trabajador a 1.067 (45,5 dólares).

El incremento, que apenas benefició a algunos sectores del Estado, vino acompañado de fuertes controles al comercio privado y los precios de bienes y servicios, que el Gobierno presentó como una supuesta medida para evitar el incremento desorbitado de la inflación.
  
Una vuelta de tuerca tras otra

La mayoría de los ajustes a corto plazo aplicados por La Habana vinieron después del agravamiento del acceso a divisas frescas, luego de que Washington aplicara una serie de sanciones inéditas que, según los observadores, dieron el traste con prácticamente todo el proceso de "deshielo" avanzado durante la Administración de Barack Obama.

Empezando por la activación por vez primera del Título III de la Ley Helms-Burton, que ha generado hasta la fecha más de una decena de demandas a compañías que operan en hoteles, puertos, destilerías y otras propiedades que el Gobierno de Fidel Castro confiscó, la Administración de Donald Trump restringió los viajes culturales y educativos de sus ciudadanos a la Isla, prohibió a cruceros, embarcaciones de recreo y aeronaves privadas tocar puertos cubanos, y suspendió los vuelos comerciales a todos los destinos de la Isla menos la capital. También redujo la suma de dinero permitida en los envíos a la Isla y prohibió las transacciones bancarias a través de terceros países, entre otras medidas.

Asimismo, el Departamento del Tesoro incluyó nuevos negocios en su "lista negra" de empresas que administran los militares cubanos del conglomerado empresarial GAESA. Esa lista suma hoy unas 230 entidades. Dada la estrecha alianza entre La Habana y Caracas, durante este año EEUU dificultó las ventas de petróleo del régimen de Nicolás Maduro, uno de cuyos destinos preferenciales es Cuba, aplicando sanciones a buques y aseguradoras que trasladan combustible a la Isla.  

Ante la consiguiente escasez de petróleo, durante el verano el Gobierno aplicó recortes de energía eléctrica en toda Cuba que, según Díaz-Canel, buscaban evitar el regreso "a las condiciones del Período Especial", y que afectaron el transporte local, generaron apagones en varios territorios e incluyeron el racionamiento del gas licuado a partir de agosto.

Pese a la insistencia del Gobierno en que sus decisiones buscaban evitar afectar a la población, apagones masivos de larga duración durante julio trajeron de regreso el temor de los cubanos a la vuelta a lo peor del "Periodo Especial". Aunque las autoridades los achacaron a "averías en termoeléctricas y mantenimientos planificados", sus explicaciones solo aparecieron después que las redes sociales estallaron con las protestas de miles de afectados.

Además de la caída del turismo —para octubre, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), habían llegado a Cuba 3.563.005 visitantes, 303.929 menos que entre enero y octubre de 2018—, a la altura de la segunda mitad del año las arcas del Gobierno habían perdido además los pingües ingresos que le aportaban sus "misiones médicas" en Brasil, Honduras y El Salvador, a las que luego se sumaron el cierre de convenios similares con Ecuador y Bolivia. Solo en 2018, según cifras oficiales, por ellas el Gobierno ganó 6.400 millones.

A esa "pérdida" se sumó el incremento de la corrupción dentro del aparato estatal: una inspección nacional de la Contraloría General de la República reportó en mayo más de 1.500 millones en pérdidas y cientos de empleados sancionados.

Y llegó "la coyuntura"

El 11 de septiembre, el Gobierno anunció el inicio del "Periodo Coyuntural". "Hay que aguantar, son unos días", dijo Díaz-Canel, minimizando la crisis que, dado el no arribo de los envíos de combustible de Venezuela para ese mes, obligaron a la cuasi paralización de la economía cubana, a la reducción aguda del transporte, y al cierre de empresas, escuelas e instituciones, todo con el propósito de evitar los "masivos apagones". Las yuntas de bueyes volvieron a la cosecha cañera. El gobernante pidió más "austeridad" a un país que durante décadas no ha conocido otra cosa.

Esta vez, Díaz-Canel dijo que la situación "no responde a la incapacidad y falta de gestión" del Gobierno, sino a "un plan genocida" de Estados Unidos. "Si algún sufrimiento tiene el pueblo cubano, es por cuenta del bloqueo", aseguró. Semanas después, no obstante, el Gobierno pagó un nuevo tramo de su deuda con el Club de París. Su principal negociador, Ricardo Cabrisas, dijo a inicios de noviembre que todos los desembolsos se realizarán aunque sea con retraso. 

Acuciado por la falta de liquidez, el Gobierno abrió en octubre sus nuevas tiendas de venta en moneda libremente convertible, donde los cubanos tendrían que pagar obligatoriamente con tarjetas magnéticas asociadas a cuentas bancarias fijadas en dólares. Con ellas, decidió desafiar a las "mulas", que por años han importado desde motos eléctricas y freezers hasta ropa, cosméticos y alimentos.

Esa decisión tuvo el primer efecto de disparar el precio del dólar estadounidense en la economía informal cubana, así como las especulaciones en torno al inicio de la "liquidación paulatina" del CUC, según expresó en Twitter el economista cubano Pedro Monreal.

Para Monreal, "la devaluación del CUC en el mercado informal", "la menguada disponibilidad de casas de cambio" y "la práctica aplicada en varios establecimientos comerciales de aceptar el CUC como medio de pago, pero reintegrando el 'vuelto' en CUP", sugieren la liquidación del peso cubano convertible.

Monreal y su colega Mauricio de Miranda coindieron en que esas medidas no van a la esencia del problema de la improductividad y descapitalización crónica de la economía de la Isla, sino que suponen un rodeo para no enfrentar la gravedad de la situación.

"Al parecer, el Gobierno cubano prefiere seguir apostando a las transferencias unilaterales de recursos desde el exterior y no a la creación de la riqueza nacional mediante el trabajo productivo de la sociedad. Ese esquema fortalece la imagen de una sociedad rentista, mientras que el país lo que necesita es restablecer la cultura del trabajo productivo, con los incentivos necesarios para construir el bienestar", apuntó Miranda.