Los daños por la ineficacia empresarial en Cuba ascendieron a 1.579.014.185 en moneda total (CUC más pesos cubanos), informó en La Habana la contralora general, Gladys Bejerano Portela, al dar a conocer los resultados de la XIII Comprobación Nacional al Control Interno.
Esta cifra corresponde sobre todo a la cadena de impagos entre empresas, puntualizó el informe, que supone el 68% de los daños económicos detectados en el período de control, mientras que los perjuicios por incumplimiento de obligaciones de pagos suponen 23.918.741 de moneda total.
Además, las pérdidas ocasionadas por incumplimientos en los planes de producción es de 327.400.668 de moneda total, indicó el reporte del sitio oficial Cubadebate.
A ello se suman daños económicos derivados de 12 presuntos hechos de corrupción detectados por los inspectores, que provocaron pérdidas por 1.537.505 en moneda total. En 29 empresas se detectaron 43 "presuntos hechos delictivos", precisaron los funcionarios.
"Los presuntos hechos delictivos están asociados mayoritariamente al control de las cuentas por cobrar y pagar (4.008.416) y de inventarios (830.963)", dijo Alina Vicente Gainza, vicejefa de la Contraloría General, organismo creado por Raúl Castro para frenar la galopante corrupción de la economía cubana.
Por esos delitos, 1.427 personas han sido declaradas "con responsabilidad", y de ellos a 1.425 "se le han aplicado medidas disciplinarias", aunque el informe no especifica de qué magnitud son tales sanciones.
A causa de las violaciones detectadas, 98 entidades fueron penalizadas con el 50% del combustible. Bejerano Portela aclaró que el carburante dejado de entregar a los sancionados pasa a ser reserva del Estado.
La también vicepresidenta del Consejo de Estado dijo que "los incumplimientos productivos tienen diversas causas, que van desde la no llegada de materias primas" a la "falta de previsión de los directivos de las entidades".
Esta inspección se aplicó a 369 empresas y entidades de diversos sectores del país y examinó las operaciones del segundo y tercer trimestre de 2018, ampliadas en algunos casos a otras etapas del año.
El proceso fiscalizador encontró violaciones muy básicas, como por ejemplo "la falta de registros primarios, documentos oficiales que amparan los actos administrativos; vulnerabilidades de los sistemas automatizados; tratamientos contables incorrectos a los inventarios y atrasos considerables en la contabilidad, lo que restringió la posibilidad de determinar faltantes y sobrantes en el conteo físico".
También exsten "violaciones de la legislación vigente en materia de contratación, control interno administrativo y contable; en el 13% de las entidades las cifras comprometidas no están sustentadas sobre bases objetivas y en el 30% se evidencia que no hay eficiencia y calidad" en el plan empresarial.
También, empresas del Ministerio de la Agricultura, el Turismo y las Comunicaciones tuvieron problemas para cumplir sus metas debido a que sus organismos de mando superior "decidieron posponer" la aplicación de disposiciones estatales que definen las funciones y facultades de las empresas.
No obstante el panorama aciago, los funcionarios reconocieron que se logran "discretos avances en los indicadores de eficiencia empresarial" dado que "la mayoría de las entidades cumplen su plan económico y van obteniendo utilidades que comienzan a impactar en su gestión".