'El mecanismo más eficiente que tenemos los cubanos para reivindicar derechos es ocupar espacios públicos'

¿Hasta cuándo podrá el régimen cubano negar los derechos a la manifestación y a la reunión? ¿Fue un error notificar a las autoridades de la marcha del 15 de noviembre? ¿Está el Artículo 4 de la Constitución, que declara irrevocable el socialismo en Cuba, por encima de esos derechos? A estas y otras preguntas respondieron tres juristas cubanos en un debate transmitido por DIARIO DE CUBA este miércoles.

"Hay cosas que la propia ciudadanía tiene que reivindicar. Lo que está más que claro es que hay una esencia violenta de parte del sistema cubano, su esencia represiva es cada vez más innegable. En los últimos días ha quedado patentado. Eso podrá sostenerse hasta tanto la ciudadanía logre articularse y generar sinergias que se conviertan en una presión, que los obligue a actuar de forma diferente. Está claro que el mecanismo más eficiente que tenemos los cubanos hoy para reivindicar derechos es la ocupación de espacios públicos", sostuvo el abogado Eloy Viera.

"La reacción del Gobierno también lo ha demostrado. Si yo viviera hoy en La Timba, en Pogolotti, en La Güinera, después de haber visto las intervenciones estatales en esos barrios para intentar transformarlos después del 11J, está más que claro que lo que había que haber hecho hace mucho tiempo era ocupar el espacio público para obtener reivindicaciones de tipo económico, de acompañamiento social", dijo Viera, coordinador del proyecto jurídico del medio independiente El Toque. 

Sobre las peticiones fiscales de entre 13 y 27 años de privación de libertad para manifestantes del 11J y las acusaciones de sedición, Laritza Diversent, abogada y directora del Centro de Información Legal Cubalex, consideró que son desproporcionadas y tienen un objetivo claro: "Desalentar, amedrentar, inhibir a la ciudadanía que se expresa libremente".

"El delito de sedición está puesto como si antes del 11 de julio un grupo de personas se hubiesen puesto de acuerdo para ir contra el régimen. Eso no es así. Todos sabemos que las protestas (…) fueron totalmente espontáneas. La intención del Gobierno es: 'si empiezas a planificar desde ya una protesta, mira lo que te puede pasar'. Es un mensaje bien claro, nada de subliminal, para las personas que intenten, ya sea el 15 de noviembre o cualquier otra fecha, salir a participar en una protesta. Ya lo está definiendo como un desorden público, lo está definiendo como un ataque directo al sistema político, a pesar de que tiene que ver con muchas demandas de contenido político, pero también de contenido económico y social", señaló Diversent.

En cuanto a lo que pueden hacer los familiares de detenidos durante las manifestaciones destacó que guardar silencio es "invisibilizar la situación de sus familias". 

"No estamos llamando solo la atención de la ciudadanía cubana; estamos llamando la atención de la comunidad internacional", explicó la abogada

Diversent también se refirió a la contradicción entre el discurso del presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP), Rubén Remigio Ferro, quien dijo que manifestarse Cuba es un derecho constitucional, y el de Miguel Díaz-Canel,  que promueve el odio y la violencia, así como a las citaciones de la Fiscalía a miembros de la iniciativa ciudadana Archipiélago, promotora de la manifestación del 15 de noviembre, y el acoso que están sufriendo. 

"Están mandando una advertencia: ‘vamos a salir’ y no solo los militares. Hay ya una organización de particulares en contubernio con las autoridades, incluso con preparación militar, porque salieron las imágenes de ellos preparándose, como el Día de la Defensa. Esto es un claro mensaje de la violencia", advirtió Diversent.

El acoso a los promotores y potenciales manifestantes, junto al discurso de odio del régimen, que se prepara para reprimir las protestas, parecen dar la razón a quienes criticaban la notificación a las autoridades sobre las manifestaciones.

Sin embargo, el jurista Edel González, quien fue juez en Cuba durante 17 años y posee estudios en Derecho Constitucional y Administrativo, consideró que nada que se haga con transparencia constituye un error.

"Generalmente, cuando uno va a marchar en cualquier país del mundo, en la práctica internacional, aunque no existan leyes, se les da cuenta a las autoridades para que estas adopten las medidas con el objetivo de que puedan organizar el tema del tránsito, identificar el espacio público, cuidar a los propios manifestantes", argumentó.

"El hecho de informar o solicitar un permiso es una acción muy válida y yo creo muy acorde al derecho", declaró González, para quien lo incorrecto es que se cierren los caminos al diálogo y se manipulen mediáticamente las declaraciones de los organizadores de la manifestación para coartar el derecho.

"Como no hay ley de manifestación ni de reunión en Cuba, ¿cuál es el funcionario con competencia o con legitimidad para dar una respuesta negativa? ¿Cuál es el trámite que se debe activar?", cuestiona el abogado. "Todas esas interrogantes hoy están en el seno de una sociedad civil en Cuba, que está siendo víctima de la inseguridad jurídica", señaló.