El Gobierno cubano moviliza a estudiantes y trabajadores para reprimir a los manifestantes del 15N, denuncia el OCDH

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que las autoridades de la Isla han dado órdenes a estudiantes y civiles empleados en instituciones estatales de reprimir violentamente a las personas que pretenden manifestarse el próximo 15 de noviembre, mediante una nota de prensa a la que tuvo acceso DIARIO DE CUBA.

"Hemos sido testigos de la peligrosa demostración de odio entre ciudadanos que promueve el Gobierno, al orientar a las personas armarse con palos para reprimir a otros que decidan sumarse a la manifestación pacífica. Responsabilizamos a Miguel Díaz-Canel por el escenario de violencia que está generando con estas decisiones", denunció el director ejecutivo de la organización, Alejandro González Raga.

Por este motivo, el OCDH pidió de forma urgente a los gobiernos y organizaciones internacionales realizar un "seguimiento especial a las marchas pacíficas previstas en Cuba el próximo 15 de noviembre".

"El régimen cubano está amenazando a los convocantes y ya hay dos casos de expulsión de sus centros de trabajo. Posiblemente, se esté preparando para retener a los activistas en sus casas, como demuestran los 2.592 sitios de viviendas documentados en lo que va de año y para reprimir a los participantes. A esto se suma el ambiente de militarización total del país", afirmó González Raga.

"Existe un peligro real para la integridad física de los convocantes, que ya han recibido citaciones amenazas, y para cualquier ciudadano participante", finalizó el director ejecutivo del OCDH.

Cientos de cubanos envían una carta a Michelle Bachelet "contra el paramilitarismo" del régimen

Más de 200 ciudadanos cubanos firmaron una carta este jueves dirigida a Michelle Bachelet, alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que exigen una condena "sin rodeos a la doble violencia institucionalizada en Cuba: la que proviene del Estado y la que, azuzada por este, adquiere los modos, estilos y discursos del paramilitarismo".

Los firmantes del documento, publicado en la plataforma Change.org, afirmaron que el régimen cubano "mantiene en prisión a más de 500 manifestantes, entre ellos adolescentes, de los cientos de miles que marcharon pacíficamente pidiendo libertad los pasados 11 y 12 de julio en Cuba", a quienes les piden excesivas condenas.

El texto también denunció que la violencia estatal "ha continuado en una variedad de formas ―institucional, de género, narrativa racial, virtual y de destierro―destruyendo a su paso, con el concurso de los institutos armados y de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, el precario tejido civil y la armonía de miles de familias cubanas".

Los autores de la misiva también hicieron énfasis en los llamados a la violencia de Miguel Díaz-Canel y en la arbitraria prohibición de la marcha cívica por parte de las autoridades cubanas.

"Como alta comisionada de las Naciones Unidas es imprescindible su pública llamada de atención ante esta nueva amenaza de ruptura de la precaria paz civil en Cuba y del uso estatal del paramilitarismo. Una ruptura que comienza con el lenguaje del odio y con el entrenamiento de sus prácticas. A veces, el silencio de las Naciones Unidas ha sido el preludio de las peores espirales de violencia desatada por los Estados", dijeron a Bachelet.

Entre los firmantes se encuentran los opositores cubanos José Daniel Ferrer y Félix Navarro Rodríguez, ambos en prisión, así como la historiadora del arte Carolina Barrero, el artista Julio Llópiz Casal, el economista Elías Amor y la activista antirracista Marthadela Tamayo.

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información rechaza la represión del régimen contra la sociedad civil cubana

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información publicó un comunicado este martes rechazando el acoso y la represión del régimen contra la sociedad civil cubana que se expresa en oposición a las políticas del Gobierno.

La entidad recordó que "los acuerdos internacionales de derechos humanos reconocen a la manifestación pacífica como una de las formas de materialización pública del derecho a la libertad de expresión", por lo que pidió a instituciones y organismos internacionales pronunciarse con urgencia "en favor del respeto a la libre expresión y manifestación en Cuba".

También solicitó pronunciamientos que exijan "las garantías a la integridad física de la ciudadanía que se manifieste pacíficamente, y el compromiso con el debido proceso en los trámites judiciales".

"Actualmente el Gobierno procura legitimar su accionar con juicios sumarios e irregulares (sin asistencia de abogados/as en muchos casos) contra más de 500 manifestantes que aún permanecen privados de libertad en cárceles cubanas, e impulsa desde la Fiscalía penas de prisión de hasta 18 años. Se desconoce la existencia de procesos judiciales que revisen el uso excesivo de la fuerza que se observa en videos, o los testimonios de torturas y malos tratos", agregó el organismo.

Entre las instituciones a las que exigieron un pronunciamiento público se encuentra la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la representación especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión de la CIDH y la ONU.