El presidente del Tribunal Supremo de Cuba asegura que desaparecerá el 'delito de peligrosidad predelictiva'

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, dijo el martes en el programa oficial Mesa Redonda que dentro de los proyectos de leyes que serán llevados a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su próxima sesión se encuentra el de Proceso Penal que incluye la eliminación de los delitos de "peligrosidad predelictiva".

Según publicó el portal oficial Cubadebate, el proyecto de Ley de Proceso Penal es una legislación encaminada a sustituir a la actual Ley de Procedimiento Penal, promulgada en 1977 y que "ya ha sido rebasada por las prácticas y necesidades jurídicas de la actualidad".

En tal sentido, Ferro afirmó que se elimina la tramitación de medidas predelictivas, también conocidas como de peligrosidad. "El derecho penal solo se ocupa de hechos que sean delitos establecidos en el Código Penal", dijo.

Esta controvertida figura ha sido utilizada durante años para llevar a la cárcel a disidentes. El proyecto de Ley de Proceso Penal debió presentarse hace meses, pero el Covid-19 le sirvió al régimen cubano para retrasar la aprobación de varias leyes importantes para la ciudadanía, como esta.

Escudándose en la pandemia, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) suspendió las sesiones en las que debió aprobar dicha norma. El régimen ha podido seguir sacándole el jugo a la que ha sido hasta el momento su herramienta más versátil contra los cubanos.

Por "peligrosidad predelictiva" fue condenado Arturo Sábado Martínez, líder juvenil del Frente Antitotalitario Unido (FANTU), el pasado 16 de junio. Tendrá que cumplir un año y medio de privación de libertad. A través de esta herramienta de control social, La Habana mantiene a centenares de cubanos en prisión, como ha denunciado Prisoners Defenders.

Rubén Remigio Ferro presentó como otras novedades de la Ley de Proceso Penal que "se fortalecen las garantías para el ejercicio de la defensa para las personas acusadas de cometer delitos".

"El artículo 95 de la Constitución señala taxativamente algunos de ellos y la nueva ley debe incorporarlos", dijo.

Mencionó que los acusados tienen derecho a disponer de asistencia letrada desde el mismo inicio del proceso, un asunto no establecido en la ley actual. "El proceso penal comienza cuando se le da a conocer al acusado los delitos que se le imputan y quién lo hace. Si la persona está detenida o en prisión provisional eso debe ocurrir dentro de las 24 horas siguientes a su detención. Si se encuentra en libertad esto debe suceder en los cinco días siguientes", dijo.

Según la nueva norma, las personas no pueden ser privadas de libertad, salvo por las autoridades competentes, y se fortalece la presunción de inocencia y el derecho a comunicarse con sus familiares con inmediatez.

"En el caso de la medida de prisión provisional, se regula con mayor precisión cuándo se puede solicitar. Incluso, el proyecto de ley incorpora el control judicial, la opción que tienen los abogados de solicitarle al tribunal que revise la legitimidad de esa prisión provisional", anunció.

El presidente del Tribunal Supremo Popular agregó que también se reconoce a las víctimas la condición de parte del proceso, un elemento que en la actual legislación no tiene tanto protagonismo. En la nueva legislación se establece que los afectados pueden comparecer en el proceso, nombrar abogados que los representen, proponer pruebas y reclamar la indemnización por los daños sufridos.

"También se incorpora la posibilidad de que, si el acusado muestra conformidad con los delitos que se le imputan y la sanción que se le pide, el tribunal puede pasar directamente a dictar la sentencia", añadió.

Ferro dijo que los grupos de trabajo establecidos exploraron cómo se tratan estas disposiciones jurídicas en otros países: "Se tuvieron a la vista 68 disposiciones de este mismo tipo en otras partes del mundo".

Según el funcionario, a la nueva norma también han aportado 196 tesis doctorales y de maestría y 275 trabajos de juristas que planteaban modificaciones de la ley y la práctica judicial.

La propaganda del régimen dice que el proyecto Ley de Proceso Penal y otros textos jurídicos fueron sometidos a un "amplio proceso de consulta" tras su publicación en el sitio web de la Asamblea Nacional, así como en el del Tribunal Supremo.

"Se emitieron en total 2.941 criterios, de los cuales se admitieron 1.964. Los profesionales de impartición de justicia aportaron 2.756, admitiendo 1.914. Por su parte, los diputados dieron 118 juicios, de los cuales se aceptaron 91. La población tributó 67, de los cuales se incorporaron 19. Del total de las leyes se modificaron 594 artículos", dijo Ferro.

Aunque se apruebe la Ley de Proceso Penal, unas "Disposiciones Transitorias Segunda del Anteproyecto de Ley" podrían darle más tiempo al régimen para seguir haciendo uso de la peligrosidad social predelictiva: "Hasta tanto se dicte y ponga en vigor el nuevo Código Penal, se mantiene vigente el procedimiento que regula la (vigente) Ley de Procedimiento Penal (...) para la aplicación de medidas de seguridad predelictivas". 

Como señaló recientemente DIARIO DE CUBA en un análisis del tema, si el Proyecto de Ley de Proceso Penal es aprobado con esa disposición transitoria, continuarán los encarcelamientos de opositores, activistas y periodistas independientes hasta que al régimen le acomode aprobar el nuevo Código Penal.

De acuerdo con el Cronograma Legislativo, que fue modificado el 17 de diciembre de 2020, el anteproyecto del Código Penal será presentado en 2022, pero no existe garantía de que se respete ese plazo. El Gobierno ha utilizado la pandemia y otros pretextos para postergar leyes relacionadas con derechos fundamentales de la ciudadanía, mientras adelanta otras previstas para fechas posteriores, según su conveniencia.